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La misión especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encuentra en Bolivia desde el 11 de noviembre, un día después del golpe de Estado contra Evo Morales, alertó que muchos de los hechos de violencia documentados en la nación andina «podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos».
El equipo ya lleva tres semanas de trabajo, recopilando datos sobre la situación del país plurinacional a partir del 21 de octubre, cuando se registraba gran tensión social a raíz de las sospechas de fraude instaladas en torno a las elecciones presidenciales de la jornada anterior, que habían dado como ganador a Morales en primera vuelta.
Así, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, destacó la masacre de Sacaba, departamento de Cochabamba, donde murieron al menos nueve personas en medio de un operativo de las fuerzas de seguridad el 15 de noviembre.
En ese tono, también puso especial énfasis en «el trágico suceso» de Senkata, municipio de El Alto, donde fallecieron por lo menos diez individuos el 19 de noviembre, «durante una intervención del Ejército y de la Policía en el contexto de manifestaciones», repasó el organismo.
En medio de las tareas, los especialistas mantuvieron reuniones con instituciones del Estado boliviano, organizaciones de la sociedad civil, gremios, colectivos indígenas, entidades internacionales, víctimas y testigos de los hechos de violencia.
Asimismo, informaron haber sostenido un «estrecho diálogo» con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y agradecieron los aportes de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Además, los enviados de Naciones Unidas visitaron hospitales, cárceles e incluso la planta de gas en la localidad de Senkata.
«La misión seguirá abogando porque todos los hechos de violencia, al margen de su autoría, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes», se lee en el comunicado.
Por otro lado, Defensoría contabiliza un total de 35 fallecidos desde el 30 de octubre, y 32 de esas muertes se produjeron a partir del golpe contra Morales, consumado el 10 de noviembre.
