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Ciudad de Guatemala/AFP
La ONU lamentó la lentitud en los procesos judiciales por crímenes de la guerra civil en Guatemala (1960-1996), cometidos principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado contra poblaciones indígenas.
El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff, señaló en un comunicado que los casos se ven entorpecidos por «tácticas dilatorias» de la defensa de los señalados de matanzas, sobre todo exjefes militares.
El alto funcionario de la ONU señaló que, «aunque se ha avanzado en el enjuiciamiento de exfuncionarios de alto rango por crímenes de lesa humanidad y genocidio», a más de dos décadas del fin del conflicto los casos se retrasan.
«La lentitud de los procesos, principalmente por el uso sistemático de tácticas dilatorias por parte de la defensa, ha puesto en peligro el derecho a la justicia de víctimas que ya están en edad avanzada», agregó.
De Greiff hizo el pronunciamiento en momentos en que Guatemala conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, una guerra que según una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU dejó 200.000 muertos y desaparecidos.
Uno de los casos principales es el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt, de 91 años, quien enfrenta un proceso a puerta cerrada luego de que se le diagnosticara demencia y otros serios padecimientos médicos.
El exdictador, señalado de aniquilar a cientos de indígenas mayas ixiles en el departamento de Quiché (noroeste), no acude a las audiencias y es representado por sus abogados que ha intentado en varias ocasiones clausurar la acusación por la condición de salud de su cliente.
La justicia guatemalteca también mantiene un juicio público por genocidio contra el general retirado José Rodríguez, exjefe de inteligencia militar durante el gobierno de facto de Ríos Montt. Otros exoficiales castrenses fueron arrestados por cientos de masacres en el norte del país.
Ríos Montt ya había sido condenado en 2013 a 80 años de prisión por genocidio pero la máxima instancia judicial del país anuló la sentencia por errores en el proceso y ordenó repetir el juicio, que en varias ocasiones ha sido interrumpido.
De Greiff también lamentó que las víctimas «siguen encontrando desafíos sustanciales en sus esfuerzos por obtener reparación y descubrir la verdad sobre los abusos cometidos en el pasado».
