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RT
La ONU advirtió que «no se puede aceptar» la muerte de manifestantes en Bolivia y destacó la necesidad de que haya una rendición de cuentas cuando se registran casos de «violencia o fallecimientos».
En declaraciones a la prensa en Nueva York, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, expresó la importancia de permitir las manifestaciones y de que «el Gobierno muestre contención».
Para el portavoz, «ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable» y «en casos de violencia y de fallecimientos debe haber rendición de cuentas».
«Hemos visto reportes de cómo los civiles mueren en las protestas tratando de ejercer su derecho a expresarse y los responsables deben rendir cuentas», reiteró.
Asimismo, comentó que la ONU está «preocupada por los acontecimientos», y pidió a todos los actores que «den una oportunidad al diálogo, incluyendo el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras».
En estos momentos, se encuentra en Bolivia el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, quien junto a la Conferencia Episcopal Boliviana y la Unión Europea, mantiene contactos entre las partes con el objetivo de lograr la pacificación.
Mientras tanto, el martes un operativo policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan al dimitido presidente Evo Morales, dejó seis muertos y unas 30 personas heridas.
Los manifestantes, que bloquearon la planta para protestar contra el gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía.
Por su parte, Fernando López, ministro de Defensa del actual Gobierno de facto de Bolivia, aseveró que «de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil» durante el operativo.
En total, desde las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que dieron inicio a una crisis política, han fallecido 30 personas, y 27 de esas muertes tuvieron lugar tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, según datos de la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas yanular la vigencia del decreto que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participan «en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».
«Tras el decreto gubernamental, recordamos a Bolivia que los militares no deberían ejercer tareas policiales. Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de Derechos Humanos. Las fuerzas del ordendeben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza», instó en Twitter la ONU.
