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Las irregularidades que el Gobierno de Nayib Bukele comete constantemente, poco a poco están despertando la atención de la comunidad internacional, mientras en El Salvador buena parte de los salvadoreños guarda silencio cómplice. Pero poco a poco irán despertando y, más temprano que tarde, se quitarán la niebla del mesianismo y de la virtualidad y pondrán los pies en tierra firme.
El hecho más reciente, y que causa esperanzas, es que la organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó al Estado salvadoreño por mantener en prisión a cinco líderes de la comunidad Santa Marta y de La Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), detenidos desde el pasado 11 de enero.
Se conoció que los relatores Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; David R. Boyd, relator especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionados con el Disfrute de un Medio Ambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible y por Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, pertenecientes a las relatorías del Sistema de Naciones Unidas, firmaron un documento en el que le piden al gobierno de Bukele sobre las cuasas del confinamiento de los cuatro líderes amibentales de Santa Marta, Victoria.
En la misiva, el Sistema de Naciones Unidas también pidió al Gobierno de Bukele información detallada sobre la base legal de la acusación, la justificación de las detenciones, la situación humanitaria de los detenidos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de sus derechos.
Se ha conocido que El Gobierno de Bukele, como era previsto, mintió en la respuesta. Por ejemplo, dijo a las Naciones Unidas que la captura estaba fundamentada legalmente. Aunque todos sabemos que la acusación está basada en supuesto crimen ocurrido en 1989, en el marco de la guerra civil, cuyo cadáver no se encuentra. En jurisprudenia esto se llama el cuerpo del delito, el cual no existe. Es más, la acción de la Fiscalía se basa en decirles de terceras persona. Dado las falencias y para evitar las razones fundamentales de la captura con la complicidad de los jueces, se decretó reserva total en el caso.
El gobierno dijo también que la asistencia legal de los capturados se realiza con toda normalidad, cuando se sabe que los abogados defensores, en dos ocasiones, con un intervalo de aproximadamente un mes ha solicitado a las autoridades pertinentes permitir el acceso a sus defendidos.
A lo anterior hay que agregar que ninguno de los familiares los ha podido ver desde el 11 de enero, el día de la captura.
Está claro que los motivos de la captura de estos ambientalistas es para evitar que lideren la lucha contra la minería metálica, como lo hicieron haca años atrás, con lo que no solo lograron que la Pacif Rin se fuera del país, sino que se creara una ley contra la minería, pero que el Gobierno de Bukele quiere revertirla.
El abogado Dennis Muñoz dijo que “la mayor prueba de la falsedad del relato gubernamental es que se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”.
La semana que recién termina, un tribunal ratificó la prisión preventiva contra los defensores ambientales. Con los votos de dos magistrados suplentes, la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque rechazó otorgar las medidas sustitutivas a la detención provisional que solicitaba la defensa.
Por cierto, la participación de los suplentes fue producto de una maniobra de la Fiscalía General de la República, para evitar que los dos jueces, reconocidos por su trayectoria como independientes y apegados a derecho, favorecieran una petición de la defensa para que los detenidos fueran procesados en libertad.
La maniobra consistió en separar a uno de los jueces, solo porque el apellido de éste es el mismo de un exfuncionario del FMLN, y por solo el hecho de tener el mismo apellido, sin ser familiares, la Fiscalía supuso que iba a favorecer a los detenidos.
Los ambientalistas, que la ONU está interesada en conocer su situación legal, son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.
