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Washington, D.C./OPS
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó esta semana un nuevo informe en el que se evalúa el estado de la respuesta del sector de la salud a la violencia contra las mujeres, e hizo un llamado a los países miembros para que aceleren la plena aplicación de las estrategias para abordar este problema de salud pública y derechos humanos tan extendido en la región de las Américas.
El reporte “Abordar la violencia contra las mujeres en las políticas y protocolos de salud en las Américas: informe de situación regional” es el primero de este tipo. Examina las políticas de los 35 Estados Miembros de la OPS y ofrece una hoja de ruta para que los sistemas de salud se sumen a un esfuerzo multisectorial para abordar el problema.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres de las Américas sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres, y se estima que hasta 66 millones de mujeres y adolescentes han sufrido esta forma de violencia en la región.
“Sabemos que la violencia es prevenible, por lo que el gran número de mujeres y adolescentes afectadas en nuestra región es especialmente impactante”, dijo el doctor Anselm Hennis, Director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS. “Hoy sabemos más que nunca sobre lo que funciona para prevenir la violencia contra las mujeres, lo que hace que la actual situación sea inaceptable”, añadió.
Las repercusiones de la violencia contra las mujeres son devastadoras, no solo para su salud y bienestar individual, sino para familias y comunidades enteras. Las consecuencias incluyen una amplia gama de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental.
El sector de la salud tiene un papel clave en la prevención y mitigación del impacto de la violencia contra las mujeres y el nuevo informe destaca que el 83% de los Estados Miembros de la OPS han incluido este tema en sus planes o políticas de salud.
“Hacer visible la violencia contra las mujeres e incluirla en las políticas y planes nacionales de salud marca la pauta para el compromiso con este importante tema”, consideró Britta Baer, asesora regional en prevención de la violencia de la OPS. “A menudo, sin la orientación y las políticas de los ministerios de salud, los gobiernos no dan prioridad a este tema”, añadió.
Dado que los y las profesionales de la salud en hospitales y centros de salud suelen tratar a las sobrevivientes de la violencia y son considerados personas de confianza, el informe destaca su papel clave en la intervención temprana y en la prestación de atención y apoyo. Sin embargo, para que esto funcione, el personal sanitario necesita un protocolo basado en la evidencia.
El informe muestra que el 60% de los países de la región cuenta con al menos un protocolo de este tipo, pero advierte que es necesario hacer más para mejorar su calidad y alinearlos con las mejores prácticas, explicó Baer, especialmente cuando se refiere al apoyo de primera línea.
La OPS considera que el apoyo de primera línea es uno de los niveles mínimos de atención sanitaria que deben recibir las sobrevivientes. El apoyo de primera línea se conoce con el acrónimo ANIMA: que significa: atención al escuchar, no juzgar y validar, informarse sobre las necesidades y preocupaciones, mejorar la seguridad y apoyo para que se conecten con servicios adicionales. El informe indica que solo el 54% de los Estados Miembros incluye algún aspecto del apoyo de primera línea en sus protocolos.
Los protocolos detallados del sector de la salud son importantes porque ayudan a los trabajadores de la salud a comprender lo que se espera de ellos y permiten una respuesta más rápida. “Esto es especialmente relevante en la respuesta a la violencia sexual, cuando cada hora cuenta para proporcionar una atención de calidad y mitigar sus consecuencias”, subrayó Baer.
El informe se presentó en el marco de la campaña de 16 Días de activismo contra la violencia de género. Esta campaña internacional tiene lugar cada año entre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) y el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) para impulsar la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
“La Región ha hecho progresos impresionantes y tiene el potencial de liderar el cambio sobre el terreno compartiendo la experiencia con otras regiones”, sostuvo el doctor Hennis. “La COVID-19 hizo retroceder el reloj en muchos avances, por lo que debemos centrarnos en recuperar el terreno para alcanzar los objetivos de 2025 en la prevención de la violencia y la respuesta a las necesidades de las mujeres y las niñas en las Américas”, añadió.
