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Con una pose triunfal el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, anunció que había girado la orden de captura contra los tres ex guerrilleros que participaron en el derribo de un helicóptero militar, a principios de enero de 1991, en Lolotique, al norte del departamento de Morazán, tripulado por asesores militares de los Estados Unidos, cuyos ocupantes murieron.
De acuerdo con versiones del Pentágono de aquella fecha, los ocupantes de la aeronave derribada recibieron, además, un disparo en la cabeza. Los tres ocupantes del helicóptero estadounidense muertos eran el teniente coronel David J. Piquet, el técnico en aviación Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott.
La unidad guerrillera que derribó la aeronave invasora eran de las fuerzas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyo máximo dirigente, Joaquín Villalobos, negoció con Estados Unidos la entrega de los guerrilleros responsables de la acción de guerra, y quienes en las filas guerrilleras fueron considerados héroes.
Cuando los excombatientes fueron llevados ante el juzgado correspondiente, uno de los guerrilleros manifestó que uno de los asesores murió en el derribamiento, y los otros dos recibieron un tiro porque estaban muy mal heridos y “estaban sufriendo mucho”.
Seguramente, esta versión no puede ser verosímil a luz de un sesgo político y varios años después, pero, en el fragor de las guerras, no solo en El Salvador, sino en otras latitudes, acciones similares sucedieron no como una acto de odio sino de otros códigos de guerra. Si esto no fuera así, no existiría la eutanasia.
Con la orden de captura de los tres ex guerrilleros, sin que haya una tan sola petición de los familiares de los asesores militares estadounidenses muertos, queda claro que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, solo tiene un propósito, meter a la cárcel a los ex guerrilleros.
Una cosa es perseguir a los que han cometido crímenes de lesa humanidad, como el caso de El Mozote, o el magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y los asesinatos de decenas de sacerdotes y religiosas, incluidos los Jesuitas y las monjas Maryknoll, y otra es, perseguir a combatientes de uno y otro bando por las muertes como resultado de los enfrentamientos militares.
Hay que recordar que Estados Unidos, a través de fondos económicos y asesores militares, participaron en la guerra. Los asesores militares de los Estados Unidos se pusieron al frente de las unidades del ejército.
La ex comandante guerrillera Nidia Díaz, hoy diputada, fue capturada por un asesor norteamericano durante una invasión y golpe de mano al puesto de mando de la unidad guerrillera comandada por Díaz.
Por eso no estamos de acuerdo con la orden de captura de los tres ex guerrilleros que participaron en el derribamiento del helicóptero militar estadounidense, pues sus ocupantes iban también dispuestos a matar a su enemigo, no iban en son de paz ni mucho menos humanitaria.
Ojalá que el ex comandante Joaquín Villalobos, quien negoció en 1991 la entrega de los tres guerrilleros ante la justicia salvadoreña, hoy busque a los familiares de los tres asesores para que pidan el indulto, pues, los ex guerrilleros estuvieron presos tras ser condenados, quienes fueron puestos en libertad al entrar en vigencia la ley de amnistía.
