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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“El agua es un bien de consumo humano”, con estas palabras la procuradora Raquel Caballero de Guevara apoyó el comunicado de la Mesa de la Procuraduría sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, como reacción al anteproyecto de “Ley Integral del Agua” presentada por los partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa la semana anterior.
“Nosotros nos sumamos y respaldamos este comunicado de las organizaciones que integran la Mesa sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente, buscando la idea que el fin de la Ley de Agua sea para el bien público y como tal, es el Estado el responsable de garantizar ese derecho de protegerlo y distribuirlo.
Es por esto, que el ente Rector debe estar en las entidades del Estado salvadoreño”, argumentó la procuradora De Guevara.
El documento presentado por las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que integran la Mesa de Medio Ambiente en la PDDH, fue leído por la Procuradora donde se señala la disconformidad que calificaron de “evidente retroceso” a la imperante necesidad de contar con un marco normativo en la gestión del agua en el país.
“Rechazamos que la clase política de nuestro país confronte a la sociedad civil a través de este tipo de acciones, que caracterizamos como inconsultas y en clara contradicción con la visión que como organismos hemos venido planteando, en el sentido que, ante todo, el agua es un derecho fundamental, y, por tanto, su progresivo cumplimiento es una responsabilidad indelegable a cargo del Estado salvadoreño”, dijo la funcionaria.
Asimismo, plantearon que es “contradictorio” que se haya decretado una Ley de Prohibición de la Minería Metálica donde todos los partidos concurrieron con sus votos con el objeto de proteger el recurso hídrico, ahora estén los partidos de oposición, con una propuesta de Ley General de Aguas que no garantiza en su totalidad el vital líquido pese, a que cada vez es más escaso y existen muchas dificultades para que toda la población tenga acceso a este.
“Nos causa enorme inquietud que en la citada propuesta de ley, se conceda una enorme cuota de representación en el ente rector a la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), en razón, que es de generalizado conocimiento que los gobiernos municipales son ampliamente caracterizados por mantener y priorizar enfoques políticos partidarios en la toma de decisiones en al ámbito de sus competencias”, argumentó la funcionaria.
La Procuradora hizo un llamado a los partidos políticos que presentaron el nuevo anteproyecto de ley, a no apostarle a la “aritmética legislativa” y que por contar con los votos suficientes aprueben una ley que a todas luces es inconsulta y excluyente de las organizaciones sociales que representan la sociedad civil.
“Es precisamente aquí, en esta participación se debe buscar ese nivel de vinculación que tenga con el Rector que debe ser eminentemente público, precisamente, porque estamos hablando de un derecho humano, y es parte de los retos que tenemos como Procuraduría y la Mesa de Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Creo que es cierto, en la Asamblea impera la aritmética legislativa, pero reitero a los diputados y diputadas que conforman la Comisión de Medio Ambiente que sean coherentes con la posición que la ciudadanía está demandando”, pidió la Procuradora.
Asimismo, pidió a los diputados a sopesar los 92 artículos revisados y discutidos de la propuesta presentada por las organizaciones sociales y que está desde hace más de diez años en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa.
“Creo que este trabajo ya realizado ha llevado mucho tiempo y ha costado también, como PDDH esperaríamos que la Asamblea dé respuesta a esta demanda de la población y nosotros nos estamos sumando; esto no se trata de polemizar, sino de ser claros y firmes que el agua es un derecho humano y de tal forma, debe ser regulada y con este nuevo Anteproyecto Agua no se puede permitir que solo unos sectores salgan beneficiados, sino toda la población en general”, expresó.
Mientras, Rodolfo Calles, de CRIPDES, manifestó la preocupación sobre este intento que consideró un intento mal intencionado de parte de los partidos de la derecha, con el único fin de acondicionar privilegios de empresarios para la explotación del vital líquido que forma parte de la materia prima de los productores.
“Hasta pensamos, que esto fue planeado, o sea, mejorar la calidad del agua y quedársela para mercantilizarla. Nosotros planteamos, que la empresa privada no puede estar en la Autoridad Hídrica, no pueden ser juez y parte de esto”, puntualizó.
