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Yaneth Estrada
@caricheop
Ante la falta de interés del Ejecutivo por salvaguardar la vida del personal de primera línea y cumplir las resoluciones de la CSJ, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar y Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMED) firmaron un convenio de cooperación, con el objetivo principal de establecer acciones de trabajo conjunto como parte de la emergencia mundial por la pandemia por COVID-19.
Desde el inicio de la Emergencia Nacional por la presencia del COVID-19, en el territorio nacional, el Colegio Médico expresó su preocupación por la forma como se ha estado manejando la contención y tratamiento de la pandemia, de igual manera la falta de capacidad del sistema y la ausencia total de transparencia, información y rendición de cuentas por parte del gobierno central y las instituciones de salud.
Además, sin datos oficiales, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES El Salvador) registra desde el mes de mayo pasado, hasta este 17 de agosto de este año, la muerte por COVID-19 de 136 médicos, enfermeros y enfermeras, personal administrativo del sector salud y estudiantes de medicina.
Según la doctora Luz Bernal, los datos no coinciden con los registros del Ministerio de Salud porque el Gobierno solo toma en cuenta a quienes se les ha tomado la prueba de COVID-19, pero no a todo el personal de salud se le está haciendo el examen.
Los compromisos
En este sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ha enfrentado falta de información o negación sistemática de los requerimientos realizados sobre el manejo de la pandemia por COVID-19.
Es así como con el fin de garantizar los derechos de los usuarios de los servicios de salud y los trabajadores de este sector; el convenio permitirá a la partes compartir información sobre el desarrollo de las acciones que el Estado salvadoreño realiza para enfrentar la pandemia tales como: Medidas Sanitarias pertinentes, Protocolos de Tratamiento y Seguridad, hospitales adecuados para el tratamiento del virus y tratamientos; Estadísticas diferenciadas, sobre la tasa de letalidad; Datos sobre contagios de personal médico y paramédico, fallecimientos, tratamiento efectivo y lugares de recuperación; Dotación suficiente y de calidad de equipo de bioseguridad, así como aseguramiento permanente de entrega.
Igualmente, se tendrá vigilancia sobre las medidas adecuadas para la inscripción y otorgamiento de seguro de vida para el personal sanitario que trabaja en la contención de la pandemia; Cumplimiento y respeto de horario o jornadas de trabajo, reconocimiento y respeto de turnos, tiempo para descanso, transporte y alimentación; Estado y funcionamiento de los nuevos centros de tratamiento, capacidad instalada, personal y equipamiento.
Los suscriptores se comprometen a guardar la confidencialidad de toda información y documentación solicitada, compartida o requerida.
Entre otros puntos importantes del convenio, se contempla elaborar un manual o protocolo de seguridad para la verificación “in situ” de presuntas violaciones al derecho humano a la vida y a la salud y capacitar al personal designado de la PDDH.
También, se favorecerán espacios de intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas que permitan el aprovechamiento de las fortalezas de cada parte.
