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Luis Arnoldo Colato Hernández
“…La propiedad es generadora de inequidad, pues para existir, cada rico provoca al menos cinco pobres, y la abundancia de este, supone la indigencia de muchos…”. La Riqueza de las Naciones, Adam Smith.
Siendo El Salvador un territorio de apenas 20,000 kilómetros cuadrados, donde conviven 4,1 millones de habitantes –a los que debemos sumar 3,1 millones que migraron por razones económicas y de seguridad, principalmente hacia EE.UU., que representan debido a las remesas, ingresos para el país por hasta el 16 % del PIB/2019(SICA)-, carece además de materias primas o recursos naturales, salvo los de la franja costera, para la que no existe en el país la técnica y menos preparación para explotarla, deduciendo de este elemental ejercicio que la principal riqueza del país la constituye su gente.
A pesar de ello un breve repaso de la historia de El Salvador permite identificar que las personas no han sido nunca relevantes para la inversión, puesto que por ejemplo, la educación pública sufre de un estancamiento crónico, con recortes de 0.2 % de 2017 en proporción con el año anterior, 0.32 % en 2018, y un 0.83 % en 2019, reduciendo el presupuesto de educación, hasta el 3.32 % en el presente ejercicio, en relación al 3,60% anterior –Expansión/Datos macro/MINED-, lo que supone menores oportunidades laborales para los educandos resultantes del sistema, dados los limites impuestos desde el estado mismo, que evidencia con crudeza la presente emergencia, cuando los educadores han descubierto por ejemplo, como los estudiantes tropiezan al acceder a internet, elaborar investigaciones o presentar tareas, pues el sistema educativo no invierte en formación informática escolar.
Es decir, no se privilegio jamás la formación técnica/educativa de la población, por diversas condicionantes, que deriva un grado de escolaridad promedio de 6,6 niveles (observatorioeducación.org).
En materia de salud pública, la inversión en dicho rublo ha sufrido una contracción que lo ubica en 2.45 % del PIB [MINECH/ICEFI] actualmente, limitando sus capacidades y cobertura.
La inversión en infraestructura es ahora del 2.7 % del PIB ($1, 290 millones), muy lejos de los $8,500 millones necesarios para reparar, mantener y producir, la red vial, hospitalaria, escolar y de edificios públicos que el Estado urge.
La seguridad pública es también un tema pendiente, pues presenta recortes de hasta $286,9 millones en relación a 2019, agravado por la consuetudinaria ineficiencia, corrupción e impunidad imperantes del aparato judicial, que la reduce a la condición de “elefante rosa”, por los privilegios inmerecidos de los que goza, y que lo descalifica ante la población.
Esta elemental revisión permite comprender, sumando los necesarios elementos históricos, porque la desigual distribución de la riqueza favorece con el equivalente al 70 % del PIB en concepto de beneficio económico a apenas el 1 % de la población (Informes por separado del BID, del BM y del FMI) pues la pobreza es estructural, es generada por un modelo diseñado para concentrar la riqueza, perpetuando su posesión, por los medios que sean necesarios, excluyendo y marginando al resto, para así garantizar que siga siendo exitosa, para esos pocos.
