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Carlos Mauricio Hernández
San Cristóbal de las Casas
Desde que Monseñor Oscar Arnulfo Romero decidió no participar en actos oficiales del gobierno, sovaldi illness debido al crimen cometido contra uno de sus amigos más cercanos que tenía dentro del clero salvadoreño, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, la acción y el mensaje del arzobispo fueron acusados de “políticos”, con claro sentido despectivo. ¿De dónde provino esa acusación y qué significó? Vislumbrar este asunto es importante para comprender el por qué para muchas personas Romero fue un cura guerrillero, marxista-comunista y subversivo.
Los grupos de poder económico del país se sintieron bien con clérigos ocupados por celebrar misas u otro tipo de rituales religiosos vacíos de contenido social, sin relacionar el mensaje bíblico a partir de la situación real de la mayoría de personas. Mientras escuchaban en homilías que la razón de sus riquezas estaba en la “bendición de Dios”, jamás se les ocurrió acusar a la iglesia de estar metida en política, por más que ese tipo de interpretaciones tienen un fuerte efecto político-social. Si la gente cree que es pobre por voluntad de Dios, su resignación en ese contexto ideológico le llevará a aceptar la realidad, injusticias o vejámenes como algo insuperable o incambiable.
Cuando sacerdotes invitaron a su feligresía iluminar el presente con el mensaje evangélico, a partir de la doctrina social de la iglesia o de los documentos elaborados por obispo latinoamericanos en Puebla y Medellín, ahí se generó un cambio en la relación con la iglesia de esos grupos de personas que fueron una minoría miope, violenta, antidemocrática y de doble moral en lo que respecta a su posición religiosa, pero con mucho poder de incidencia política y de financiamiento a paramilitares.
Frente a esta nueva postura de la iglesia más cercana a la situación de pobreza, de maltrato laboral, de acumulación irracional de riquezas, sumado a una crítica hacia el Estado que estaba más al servicio del gran capital y no de una legalidad a la altura democrática y de justicia, esos grupos con mucho poder iniciaron una campaña por acusar a todo sacerdote, catequista o líder religioso en esa línea, de haber “politizado” el mensaje bíblico. Con esto querían decir que una parte de la iglesia estaba bajo los efectos del marxismo por andar promoviendo el odio de clases entre pobres y ricos. En su lógica, estos religiosos hicieron de los templos centros de adoctrinamiento ideológico para la formación de guerrilleros comunistas con prácticas terroristas.
Mons. Romero fue acusado de eso y más, hasta de estar poseído por el demonio, a través de diferentes medios de comunicación. Por más que en sus homilías denunciara violaciones a los derechos humanos y sin salirse de la ortodoxia católica planteara soluciones racionales a la caótica situación económica, política y social de El Salvador a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, para los oligarcas, se había convertido en un cura guerrillero, marxista-leninista, comunista y subversivo. Se convencieron tanto de ello que en lugar de tomarle la palabra para hacer los cambios necesarios en favor de hacer un mejor país, decidieron, cegados por el fantasma del comunismo, asesinarle mientras oficiaba misa el lunes 24 de marzo de 1980.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el informe sobre la guerra civil salvadoreña publicado en 1993, nos da la pista para identificar el modo de proceder que tuvo este sector de la sociedad no sólo con Mons. Romero, sino con otras tantas víctimas: “la Comisión de la Verdad no tiene la menor duda de la relación estrecha y del peligro para el futuro de la sociedad salvadoreña, que empresarios o miembros de las familias adineradas sientan la necesidad y pudiesen actuar, como en el pasado, con impunidad en el financiamiento de grupos paramilitares asesinos” (ONU, Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, Editorial Cultura Popular, San Salvador, 2006, p. 168). Fue precisamente uno de esos grupos paramilitares, los reconocidos escuadrones de la muerte dirigidos por Roberto D’Abuisson, que llevaron a cabo el magnicidio del arzobispo de San Salvador desde 1977 hasta 1980. Así se ha concluido a partir de investigaciones rigurosas y políticamente desapasionadas. Que este sujeto sea el fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no es culpa ni de la ONU, ni del Vaticano, ni de investigadores, ni de periodistas expertos en el estudio de ese caso. Solo quien abraza una memoria militante de derecha puede atreverse a negar, obviar o justificar el crimen.
Por todo esto, se concluye que si alguien se ha empecinado por “politizar” el mensaje y la actividad pastoral de Mons. Romero, son todos esos grupos de empresarios, medios de comunicación, religiosos y líderes políticos que la figura del arzobispo mártir les incomoda tanto que al no poder negar el yerro cometido contra él, buscan justificar el crimen con acusaciones alejadas de la realidad histórica. Hasta en el Vaticano ya se han dado cuenta de esas blasfemias. El próximo mayo será beatificado muy a pesar de quienes hasta ahora le siguen calumniando.
