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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han aprovechado la autonomía para promover la precariedad laboral. La precariedad se manifiesta con relación al acceso al empleo y a la promoción laboral. Las víctimas de la precariedad son quienes no forman parte de las redes de clientelismo político del gobierno universitario y de la estructura de dirección institucional. La precariedad se profundiza por el deficiente control que ejercen los responsables de garantizar el cumplimiento de la ley.
La precariedad laboral está condicionada por la evaluación disfuncional del desempeño. La evaluación prevista en la legislación universitaria no se realiza tal como está regulado, y cuando se realiza se incumple los principios de la buena administración porque se utiliza como un instrumento de venganza para castigar a quienes expresan críticas contra el gobierno disfuncional de la UES. Así, con estas evaluaciones disfuncionales se obstruye las promociones laborales y se ejerce discriminación ilegal contra los trabajadores, impidiendo así el ascenso que les permitiría percibir mayor remuneración.
La precariedad laboral es producto de la inoperancia del escalafón. Aunque el artículo 32 del reglamento del escalafón establece la obligación de someter a concurso las plazas vacantes, esto no se realiza y se prefiere mantener vacantes las plazas por ley de salario, para recurrir a contratar personal temporal sin seguir un proceso transparente e incumpliendo el artículo 83 de las disposiciones generales del presupuesto, a quienes además, se les niega el acceso a la estabilidad laboral y otras prestaciones laboral, a las que tendrían derecho si realizarán el concurso de oposición que establece el reglamento del escalafón.
La precariedad laboral resulta del incumplimiento de obligaciones del derecho internacional contra la corrupción. Las autoridades de la UES con ese proceder que promueve la precariedad laboral, incumplen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue ratificada por Decreto Legislativo número 325, publicado en el Diario Oficial N° 119, Tomo 363 del 28 de junio de 2004, que en su artículo 7 establece que: “cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos” y que “estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud”. Así prefieren el camino que favorece la corrupción y la precariedad laboral.
La precariedad laboral se fortalece porque los responsables del control interno son ineficaces. Los controles ineficaces contribuyen a la gestión al margen de la ley en la UES, y es el resultado de que los responsables fallan a la debida diligencia en el cumplimiento de deberes. Así, por ejemplo, no existe informes que registren los procedimientos de auditorías y control legal concurrente realizados por unidad de auditoría interna y la fiscalía general de la universidad para asegurar que se cumpla con los artículo 10 y 32 del reglamento del escalafón de la UES, que regulan la promoción por plazas vacantes, los concursos de oposición y que prohíbe la discriminación. Por su parte, el vicerrector administrativo que tiene el deber de velar por el fiel cumplimiento del Sistema Escalafonario también ha fallado.
La precariedad laboral se consolida porque los auditores de la Corte de Cuenta consienten esta manera de proceder de las autoridades universitarias. Así, por ejemplo, en el Informe de Examen Especial para Verificar Denuncias Relacionadas a las Acciones Realizadas por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, por el periodo del 1 de enero 2018 al 31 de diciembre de 2022, los auditores responsables han concluido sin fundamentar, que la no realización del proceso de promoción, concurso de oposición, y evaluación del desempeño son un cosa menor, a pesar que eso representa incumplir con los tratados contra la corrupción. ¿Quién hará que rindan cuentas las autoridades de la UES por todo el daño causado contra el pueblo salvadoreño?
