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Los dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como lo han hecho antes los de COMURES y representantes de la sociedad civil presentaron, este martes, un aviso en la Fiscalía General de la República por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Como ya hemos escrito antes, el presidente Nayib Bukele ganó la presidencia con un discurso, además de la victimización, de combate a la corrupción y privilegiar la transparencia. Ya asentado en casa presidencial, lo del discurso al hecho ha sido abismal, y ha triplicado las cosas que él mismo criticaba.
Pero lo más grave que ha hecho el presidente Bukele ha sido violentar la ley una y otra vez, incluso la Constitución. Un ejemplo claro, recurrente y preocupante, ha sido la orden que les ha dado a sus funcionarios de no acudir a los llamamientos que la Asamblea Legislativa hace a las diferentes comisiones. Esto quedó al descubierto luego de que el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Martínez denunciara que fue despedido por orden del presidente Bukele, por haber acudido a la Asamblea Legislativa, donde fue requerido por una Comisión Especial que investiga el uso de fondos durante la pandemia.
En la comisión, Martínez reveló que en los tres primeros meses de pandemia, producto de la colocación de Letes y Cetes, el gobierno del presidente Bukele había recibido cerca de tres mil millones de dólares, de los cuales le había quedado en caja cerca de 600 millones de dólares. Y que en esos tres meses, el Ejecutivo gastaba un promedio de 15 millones de dólares diarios. Sin embargo, durante ese periodo, el presidente Bukele mantuvo un discurso de denuncia contra la Asamblea Legislativa, al decir que no le habían aprobado “ni un centavo partido por la mitad”, lo cual, era falso.
Es cierto que la Asamblea decidió no aprobarle más préstamos, ante la permanente negativa del Ejecutivo de dar informes sobre el uso de los fondos, por eso es que se creó la comisión especial, para investigar el uso de esos fondos, sin embargo, los ministros citados se negaban una y otra vez, como el ministro de Salud, Agricultura y Hacienda, excusándose en que “estaban atendiendo la pandemia”.
A la Comisión Especial no le tocó más que pedir al director de la PNC llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejando Zelaya, pero el director de la PNC se negó a hacerlo.
Martínez ha revelado a diferentes medios de comunicación que él acudió a la Asamblea Legislativa, porque la Constitución así lo ordena, a pesar de que recibió llamadas de la comisionada presidencial, Carolina Recinos, y del secretario jurídico, Conan Castro, para no asistir por órdenes del presidente.
El artículo 132 de la Constitución Política, en el inciso primero, establece que: “Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones Oficiales Autónomas y los Miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos, así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismo apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”.
O, sea, pues, que si el presidente Bukele les ha ordenado a sus funcionarios no atender a los llamamientos de la Asamblea Legislativa, no solo está haciendo caer en delitos a sus funcionarios, si no que él mismo está violentando la ley primaria.
Sin lugar a duda esto es grave, al instaurar la desobediencia a la ley, bajo el amparo de su popularidad en el país, gracias a un discurso de odio hacia la oposición y el desconocimiento de la institucionalidad. Ojalá y el presidente Bukele escuche voces distintas a sus actuales asesores y de un golpe de timón, pues de lo contrario llevará al país, a mediano o largo plazo, al despeñadero.
