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“¡Guatemala feliz…! que tus aras
no profane jamás el verdugo;
ni haya esclavos que laman el yugo
ni tiranos que escupan tu faz”.
(Himno Nacional de Guatemala)
La revolución democrática guatemalteca del 20 de octubre de 1944 –en realidad un proceso de profunda reforma política, social, educativa, cultural y económica- tuvo como génesis más determinante la urgente necesidad de un sector de la burguesía y de las clases medias y populares de Guatemala, por modernizar el sistema de grave opresión que se padecía, herencia de vieja data que pesaba muchísimo desde el régimen colonial y posteriormente liberal, que se adoptó en Guatemala.
La presidencia del dictador Jorge Ubico (1931-1944), había incidido dramáticamente en el empeoramiento de las caducas reglas de organización social. Su política represiva y excluyente en lo político y de servilismo a la oligarquía nacional había llegado a su límite.
Desde junio de 1944, el estudiantado guatemalteco había desafiado al régimen a través de publicaciones y marchas, donde denunciaba al gobierno y exigía su inmediata renuncia.
La maestra María Chinchilla fue abatida por la policía el 25 de junio de ese año, constituyendo un hecho que cohesionó aún más al movimiento social de la época. Lo que sobrevino fue una huelga general de brazos caídos, que obligó al tirano a renunciar. Sin embargo, los militares irrumpen en el Congreso Nacional, para imponer como presidente provisorio a un oscuro personaje: el general Federico Ponce Vaides. Las protestas se incrementaron y buena parte de la prensa se sumó al repudio popular en contra de Ponce Vaides.
Un movimiento organizativo nunca antes visto en la historia guatemalteca se extendió vigorosamente, al tiempo que los partidos democráticos surgían. La figura del pedagogo Juan José Arévalo Bermejo, cobra mucha fuerza como candidato presidencial. La represión aumenta. Sin embargo, la conspiración cívico-militar era un hecho consumado, y finalmente triunfa.
El 20 de octubre de 1944, asume la conducción del gobierno una junta revolucionaria, compuesta por dos militares y un civil: Jacobo Árbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Torriello Garrido. Así comienza no con buena dosis de dificultad, pero con gran esperanza, uno de los períodos más prometedores y hermosos para los procesos democráticos centroamericanos, la llamada revolución de octubre.
Los diez años que comprenden de 1944 a 1954, y que están determinados históricamente, por las administraciones del doctor Juan José Arévalo Bermejo (1945-1951) y del coronel Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954).
Este proceso transformador de la sociedad guatemalteca no puede entenderse sin el escenario mundial caracterizado por el desarrollo y fin de la segunda guerra mundial, y el inicio del período posbélico. Escenario donde la famosa Carta del Atlántico o de las cuatro libertades (1941) firmada por los aliados, Roosevelt y Churchill, abría no sólo un marco fundamental en la lucha contra el fascismo y el nazismo, sino que se traducía para nuestras realidades centroamericanas, en un referente de primer orden, en contra de las dictaduras regionales.
El Salvador, por su parte, vive un proceso, que, salvando las diferencias de contexto, guarda similitudes con el guatemalteco. También en el país, los sectores menos conservadores de la burguesía y las capas medias y populares, habían triunfado en su intención de remover de la presidencia al dictador Maximiliano Hernández Martínez, que representaba el nefasto régimen responsable de la matanza de miles de campesinos indígenas, obreros, estudiantes y dirigentes populares en enero de 1932. Sin embargo, aunque Martínez había entregado el poder, el 9 de mayo de 1944, tras las heroicas jornadas cívicas de abril y mayo, la maquinaria martinista sin Martínez, seguía intacta. Así, el presidente provisorio, general Andrés Ignacio Menéndez, es destituido mediante un golpe de estado oligárquico-militar el 21 de octubre, de ese mismo año. Un golpe de estado que sumerge al pueblo, nuevamente en la noche oscura de la dictadura. Aún más, el pueblo salvadoreño es reprimido brutalmente en diciembre de 1944, cuando un grupo de patriotas intenta invadir el país, procedentes de Guatemala, para derrocar al régimen del golpista coronel Osmín Aguirre y Salinas.
Al dictador lo sucede el régimen del general Salvador Castaneda Castro (1945-1948) y posteriormente, un “Consejo de Gobierno Revolucionario” (1948-1950), asume el poder iniciando una oleada reformista, cuyo logro, quizá, más importante fue la convocatoria a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que formula una nueva carta magna, muy progresista para su época, la Constitución Política de 1950. Luego se inician los gobiernos del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y sus futuros presidentes: teniente coronel Óscar Osorio (1950-1956) y su sucesor, el teniente coronel José María Lemus (1956-1960).
Retornando a la experiencia guatemalteca, desde el inicio del proceso, la Junta Revolucionaria de Gobierno que destituyó a Ponce Vaides, evidenció su carácter transformador, así lo confirmamos: “La Junta Revolucionaria de Gobierno emitió los primeros SESENTA Y OCHO DECRETOS LEYES, de los cuales veintiocho fueron políticos y estuvieron destinados a justificar y consolidar el poder revolucionario, anular disposiciones y actos de la dictadura, como el Decreto 17, que consignó los diez principios fundamentales de la Revolución Guatemalteca; trece fueron de carácter fiscal para fortalecer económicamente al nuevo poder; cuatro para modernizar la administración pública; dos relacionados con la política exterior, inspirados en la brillante capacidad del licenciado Enrique Muñoz Meany; cuatro más de beneficio popular y otros cuatro destinados a la política cultural de la Revolución” (La revolución guatemalteca. Editorial Óscar de León Palacios. Colección “Para que todo el pueblo lea”, nº 16. Guatemala, Guatemala, 1994, p. 51).
Por su parte, el gobierno del doctor Arévalo, continuó esta política de gobierno transformador, verbigracia: se promulgó el Código de Trabajo, que desató esperanzas en el pueblo trabajador y rechazo de los grupos de gran poder económico y político; se desarrolló una importantísima infraestructura pública (edificios, carreteras, obras de proyección social); además de una importante reforma educativa y cultural, que permitió la creación y el fortalecimiento de la indispensable institucionalidad en los ámbitos tan claves de la educación y la cultura. Aunque el régimen de Arévalo no estuvo exento de fuertes presiones de los sectores dominantes. Presiones a las que cedió en ocasiones, también es cierto que adoptó para su tiempo -una época marcada por la guerra fría- conductas políticas de gran dignidad nacional, como la ocasión en que expulsó de Guatemala al prepotente embajador yanqui Richard C. Patterson.
La llegada de Jacobo Árbenz Guzmán “el Coronel de la Primavera”, como lo inmortalizó literariamente el escritor guatemalteco Manuel José Arce Leal, significó el inicio de una profundización del proyecto modernizador en Guatemala.
Este proyecto descansaba en la urgente industrialización de la economía guatemalteca. Industrialización que no sólo iba dirigida a la producción de diversos artículos de consumo, sino en ampliar esta producción a los artículos que tradicionalmente se importaban.
En ese sentido, el libro de marras afirma: “Sentar las bases de una producción futura de combustibles, energía eléctrica, productos metalúrgicos y herramientas. Esta política económica trataba de abaratar el costo de la vida en base a producir lo que se consumía. Se proponía traer a Guatemala la maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la creación y ampliación de la industria guatemalteca. Lógicamente, el programa económico daría impulso a la iniciativa privada, en el desarrollo del capital guatemalteco para las actividades fundamentales de la economía nacional. Consideraba Árbenz que el progreso industrial, y en general, el desarrollo económico de Guatemala, no podría ser realista mientras existieran las condiciones de servidumbre en el campo y la producción artesanal en la ciudad. Por eso, en su programa tenía principal importancia la reforma agraria (cuyo primer proyecto envió Arévalo al Congreso en 1950), que para realizarse debía liquidar los latifundios y poner a producir las tierras ociosas” (Ibíd., pp. 80-81).
La reforma agraria, significó para Árbenz, la prioridad número uno, en sus proyecciones de cambios económicos y sociales. Sin reforma agraria, no podría tener éxito la industrialización. Por ello, después de un período de serios análisis y discusiones políticas muy incluyentes con todos los sectores involucrados, el presidente Árbenz decide ejecutar la reforma agraria.
El decreto 900 representará de aquí en adelante, la base legal del gobierno, para iniciar un proceso, que tendía -sobre todo- a la modernización de las tradicionales estructuras sociales y económicas de Guatemala. El decreto 900 recibe la arremetida rabiosa de la oligarquía nacional, la jerarquía y el clero de la iglesia católica, las fuerzas armadas, la prensa reaccionaria; y lógicamente el gobierno de los Estados Unidos, sus aparatos de inteligencia (CIA) y los intereses de la empresa transnacional United Fruit Company. Por otra parte, se produjo una gigantesca orquestación propagandística nacional e internacional, que acusaba al gobierno de Guatemala, de “supeditado a los intereses de Moscú”, desprestigiándolo y acusándolo reiteradamente de “rojo”, “comunista”, “ateo” y todos los calificativos imaginables de la guerra fría.
Finalmente, el presidente Árbenz, víctima de la conspiración renuncia el 27 de junio de 1954, después de valorar que su continuidad en el gobierno es prácticamente un camino cerrado, ante la fuerte presión norteamericana, oligárquica y religiosa, que tiene como su garante en territorio guatemalteco a las fuerzas armadas traidoras al gobierno legítimamente constituido. Se inicia de esta manera, la danza de los afilados cuchillos para el pueblo de Guatemala que se extenderá por décadas. Los revolucionarios y patriotas que logran escapar de la represión se asilan en algunas de las embajadas acreditadas en Guatemala.
En la actualidad, Guatemala vive una coyuntura histórica compleja: los resultados electorales no pueden ser más claros, el pueblo decidió que el académico Bernardo Arévalo de León (hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo) del Movimiento Semilla, asuma la primera magistratura del Estado en 2024 por un período de cuatro años. Sin embargo, los intereses oscuros de la administración Giammattei, tras la cual se encuentra la vieja oligarquía guatemalteca y el ultraderechista ejército, están saboteando su llegada al poder, mediante toda clase de artimañas ilegales, cuya exponente más notoria es la corrupta Fiscal General María Consuelo Porras y sus secuaces: Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el juez Fredy Orellana, principales implicados en el golpe de estado contra la democracia.
Ante esto, una movilización masiva de ciudadanos, principalmente indígenas, campesinos y trabajadores han emprendido un enorme bloqueo de carreteras y calles a lo largo y ancho del territorio guatemalteco, y mantienen junto a otras fuerzas nacionales un paro nacional exigiendo la renuncia de los funcionarios aludidos y las garantías totales para que el presidente Arévalo de León inicie su mandato, encaminado a emprender las reformas que Guatemala exige.
La lucha actual del pueblo guatemalteco honra su pasado histórico, sobre todo, la gesta democrática del 20 de octubre de 1944.
Guatemala merece un mejor destino, y por ahora, su pueblo se constituye en un ejemplo de conciencia crítica nacional ante las condenables acciones del despotismo.
Una gran lección para los salvadoreños, embobados en los espejismos de la dictadura criolla y para el resto de los pueblos centroamericanos que aún no se organizan y pronuncian, efectivamente, por una patria mejor.
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