Jaime Edwin Martínez Ventura*
3.4 Desafíos y tareas pendientes
1º) Divisionismo del recurso humano
La meta No. 5 del decálogo trazado al inicio de la presente administración, ailment cialis era lograr la integración del personal docente, cialis sale técnico policial, administrativo y autoridades de la ANSP, evitando la segmentación o divisionismo. Esto no se ha logrado plenamente. Si bien, ahora los trabajadores cuentan por primera vez con un instrumento representativo de unificación y de defensa de sus derechos e intereses, como es el sindicato, paradójicamente éste órgano ha generado división entre los mismos sindicalistas, en razón de sus inclinaciones ideológicas. Por otra parte, existen recelos por parte del personal no policial hacia los policías que se desempeñan en la Academia como instructores, encargados de tutorías, seguridad o a cargo de algunas jefaturas académicas.2
2º) Limitaciones en las capacidades del recurso humano y deficiencias en la calidad de la planta docente
La meta No. 9 del decálogo inicial era mejorar el desempeño del personal docente, administrativo y policial, para responder a las necesidades derivadas de la nueva política de Justicia y Seguridad. Algo que aún no se ha consolidado, pero se han realizado diversos esfuerzos, entre ellos capacitaciones continuas, aunque no generalizadas; la inclusión de becas de estudio en el Contrato Colectivo de Trabajo; la suscripción de un convenio con la Universidad de El Salvador, mediante el cual dicha universidad está brindando una maestría para la docencia de nivel superior a profesores de la Academia bajo el financiamiento de ésta.
Sin embargo, existen otros factores estructurales e históricos que obstaculizan una mayor profesionalización de los docentes y del personal administrativo; uno de ellos es la resistencia al cambio, a los nuevos conocimientos, al uso de nuevas herramientas tecnológicas, al estudio permanente o a tener nuevas responsabilidades.3
3º) Carencia de infraestructura propia de la ANSP
La ANSP tiene dos inmuebles pero éstos pertenecen a otras instituciones estatales. Desde el inicio de la administración actual, se han realizado gestiones para encontrar un terreno dentro de los inmuebles de propiedad estatal, pero ha sido infructuoso, ya que el Estado no tiene un terreno con la amplitud, ubicación, y acceso a servicios del tipo que necesitaría la ANSP; ante esa carencia, se ha intentado adquirir algún inmueble privado, pero no se ha podido conseguir el refuerzo presupuestario necesario para ello.4
4. Contribución y límites de la formación policial en la gestión de las políticas de seguridad pública
Una formación policial profesional, integral, de fuerte base científica, crítica y humanista, puede contribuir a dotar a los cuerpos policiales de personal policial preparado con conocimientos, técnicas, métodos, instrumentos y experiencias para realizar una labor policial de mejor calidad, cercana a la población, efectiva contra el crimen y respetuosa de los derechos humanos.
Sin embargo, esa contribución de las escuelas de policía a la formación del recurso humano policial, no garantiza en la práctica que la institución policial sea más efectiva en la lucha contra la delincuencia y la violencia. Existen otras variables que determinan o influyen en la efectividad policial.
Una de ellas es el modelo o tipo de policía de que se trate. Si es una policía tradicional, centralizada, estrictamente jerarquizada, con visos de autoritarismo y militarización, encontrará que una formación policial como la antes descrita, no encaja en su estructura, misión, doctrina e ideología. Al contrario, si se trata de una policía civil, profesional, abierta a los cambios y a la profesionalización, recibirá perfectamente dentro de su organización a un policía formado de aquella manera.
Otro factor determinante es el enfoque de la política pública de seguridad ciudadana diseñada y aplicada por parte de las autoridades gubernamentales en un lugar y en un momento determinado. Si es una política unidireccionalmente o predominantemente represiva, no necesita de policía profesionales, respetuosos de la legalidad, de los derechos fundamentales y de servicio a la comunidad. Le viene mejor un policía con formación o vocación militar. Un soldado para lo que suele llamarse “guerra contra el crimen”.
Si se trata de una política integral, multidimensional, interinstitucional, en la que existe un balance adecuado de varias áreas o ejes de política de seguridad como son el control o represión, la prevención, gestión carcelaria o de reinserción social y el fortalecimiento institucional, entonces sí encajará en esa política una policía de formación civil, profesional y respetuosa de la legalidad.
Otra variable aún más determinante, es la magnitud y complejidad de la violencia y delincuencia que tenga un país, estado, provincia o ciudad determinada. Cuando la delincuencia es demasiado grande y compleja, aun las mejores policías del mundo pueden no ser tan efectivas. Por ejemplo, en El Salvador, con 21,000 kilómetros cuadrados, con una población de 6.3 millones de habitantes, ni una fuerza especial combinada del FBI, la CIA y Scotland Yard, podrían ser capaces de contener 15 o 20 homicidios diarios, porque resolver tal nivel de violencia, no puede ser tarea exclusiva de la policía.
Una criminalidad tan extensa, compleja y violenta, cuya carta de presentación es una tasa de homicidios de más de 60 por cada 100,00 habitantes, escapa a cualquier policía, por más efectiva, profesional, humanista y legalista que sea. Esa magnitud de violencia criminal, e incluso otras delincuencias de menor intensidad, no pueden ser resueltas únicamente mediante la fuerza policial. Se requiere de una política de seguridad integral con un fuerte consenso político, amplia participación ciudadana, e integrada con otras políticas públicas, sociales y económicas.