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Ricardo Ayala*
Conmemoramos este 31 de octubre el 34 aniversario del vil asesinato de los dirigentes sindicales de FENASTRAS, en 1989, y lo hacemos con una escueta revisión de la actualidad del movimiento sindical salvadoreño.
Muchos sindicalistas y trabajadores del sector público han presenciado como sus derechos laborales han sido afectados, o están al borde del peligro por las decisiones del gobierno, que a lo largo de estos 4 años ha desarrollado una sistemática estrategia de descabezar a los sindicatos públicos con el uso de disimiles prácticas, que van desde cooptar a dirigentes y/o sindicatos, negar las credenciales de dirigentes opositores, despedir a líderes en sus trabajos, persecución y encarcelamiento de sindicalistas y dirigentes de trabajadores y trabajadoras bajo el mismo Régimen de Excepción.
Todas estas son prácticas espurias propias del actual ministro de Trabajo, muy bien aprendidas como mercader de derechos de trabajadores y trabajadoras públicos, privados y por cuenta propia.
La última estocada sufrida por algunos sindicatos del sector público ha sido la cancelación o pérdida de la titularidad de contratos colectivos logrados a partir de heroicas luchas, e incluso, con las amenazas de privatización de las instituciones públicas en el futuro próximo, como es el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del cual algunos directivos de sindicatos de esta institución han sido incondicionales con el gobierno y el presidente de la República, y promotores de la inconstitucional reelección presidencial.
A la fecha ya se contabilizan aproximadamente una decena de contratos colectivos cancelados o arrebatados de su titularidad (Gobernación, CEL, Ministerio del Trabajo, ISSS, entre otras), evidencia del retroceso de los derechos de los trabajadores, con la amenaza de que este número aumente, así como otros derechos, como el derecho a sindicalizarse, a organizarse y demandar sus derechos laborales.
Poco a poco los ánimos de lucha de la clase trabajadora van caldeándose, pero aún es mínimo para enfrentar la violación a sus derechos sindicales y laborales. La represión gubernamental y la impunidad imperante en el país es un disuasivo que los trabajadores y trabajadoras, sindicalizados o no, en su mayoría no están dispuestos a correr, debido al control absoluto de la fuerza política gobernante en todo el Ministerio Público, la PNC, la Fuerza Armada, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa. Recuérdese del decreto de octubre de 2021, aprobado por esta última, con el fin de prohibir toda manifestación opositora al gobierno.
También, la dispersión de las fuerzas populares y políticas aliadas históricamente a los trabajadores menoscaba la lucha por el respeto a los derechos laborales. Otro factor que afecta también es la cooptación de banderas de lucha y dirigentes sindicales a manos de las fuerzas políticas de derecha, conservadoras y neoliberales, hoy en la oposición, que pretenden montarse (con ayuda injerencista) en la beligerancia popular en su disputa particular interburguesa con el bloque emergente apoderado del gobierno.
Esa es la situación de la lucha popular en El Salvador, propia de los tiempos de reflujo, donde el avance de la clase trabajadora y los sectores históricamente dominados y explotados reciben la descarga de gobiernos autoritarios, incompetentes y corruptos, enmascarados con un falso compromiso con la sociedad; nada ajeno al repunte fascista en América Latina y el mundo como respuesta a la crisis capitalista neoliberal y hegemónica de Estados Unidos sobre el resto de países, principalmente contra la emergencia del mundo multipolar con el liderazgo de Rusia, China y los BRICS11.
A diferencia de los tiempos neoliberales de Arena y sus planes privatizadores de las comunicaciones, la salud, la educación y el agua, que sólo pudieron ser derrotados a partir de las masivas marchas, estos tiempos son de resistencia y acumulación en el campo popular, pero para avanzar en el respeto a sus demandas sólo puede hacerse a través de la lucha.
Este es el desafío que tiene planteado el campo popular, porque nada de lo conquistado se ha hecho sin lucha, lo que demanda que algunos actores salgan de la ilusión que este gobierno les resolverá sus reivindicaciones. Al FMLN le exige reconstruir sus relaciones con las organizaciones populares, pero ahora bajo otra lógica y en el centro de esta debe estar la apuesta por la construcción de una democracia participativa, directa y protagónica, que subvierta la concepción elitista de la política y el obsoleto sistema burgués de los partidos políticos.
En ambos casos, urge la disputa por el sentido común de la sociedad en los tiempos de la hegemonía de las redes sociales. La realidad golpea a la puerta popular y aquellas viejas palabras siguen teniendo total vigencia: los trabajadores y trabajadoras no tienen más que perder, salvo sus cadenas.
*Secretario Nacional de Educación Política e Ideológica del FMLN
