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René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)
En todo caso, la propuesta de reducción significativa del número de municipios en El Salvador forma parte del constructo teórico de la naciente Sociología del Territorio y, dentro de dicho constructo, se le llama “territorialidad democrática” como parte de la racionalidad del Estado. Y es que, una readecuación político-administrativa del país lleva a la radicalidad democrática, en el sentido de que le da un nuevo, equivalente y efectivo poder a la ciudadanía en la toma directa de decisiones como una forma de vida dentro del desarrollo local “no feudalizado”, lo cual se estructura en tres ideas de soberanía paralelas o difuminadas. 1) La soberanía superestructural como racionalidad del gasto público, por la cual se reinventan y reestructuran las formas de organización política territorializadas en pocos y grandes municipios, en lugar de muchos y pequeños; 2) la soberanía estructural, por la cual las diversas sociedades recuperan la articulación y el control territorial en el tiempo-espacio más íntimo (no existe identidad sociocultural con el municipio -como figura administrativa- sino con el nombre propio del lugar (a lo sumo) y con el santo patrono de una comunidad, y eso desaparece en tanto configuraciones socialmente construidas y asumidas como propias; y 3) la soberanía colectiva como expresión individual sumergida en el derecho positivo como forma comunitaria de libre asociación y organización social, cultural y económica con más perspectivas y posibilidades de fortalecimiento.
Claro está que no se puede obviar el proceso histórico del Estado con una raíz de favoritismos con intenciones electorales, tal como “regalarle” a los pudientes la denominación como municipio de sus fincas para que, de dueños, pasaron a ser reyes, y este fue un proceso real gestado de forma vertical (nunca hubo consulta popular o debate académico cada vez que surgía un nuevo municipio). Lo anterior hay que sumarlo a los dos siglos de construcción política basada en la corrupción y el aislamiento, muy similar a las negativas de hacer de Centro América una sola nación que tuviera mayores ventajas frente a las potencias mundiales, en tanto se potenciaría el sentido subjetivo de seguridad económica, social, jurídica y física producidos por la configuración de una gran nación con raíces comunes, dejando de lado las viejas pretensiones caudillistas (que querían su pequeño feudo) y de superioridad como las que esboza, de cuando en cuando, y siempre en serio, Costa Rica.
A estas alturas y en las actuales condiciones del sistema económico y político salvadoreño, cabe atender el perfil post-ideológico de la cultura política moderna, en la que se reemplaza, sin protocolo, el interés meramente electoral del interés ciudadano (reacomodo en la conformación de los grupos de personas con características muy parecidas que obliga a hablar de “las ciudadanías”) que, sin dejarlas o maldecirlas, remonta las ideologías sobre la base de una interiorización de la igualdad social como el problema a vencer, por lo que es otra forma de expresar el poder cotidiano subyacente en la representación simbólica de la no representación de las clases sociales, construyendo de ese modo un nuevo consenso social básico desde el municipalismo montado en el surgimiento o consolidación de valores sustentados en la realización personal, en cuanto participación cultural racionalizada desde la evolución de la sociedad, sobre todo en materia de relaciones sociales, comunicaciones en tiempo real y destrucción de las distancias y las nostalgias con los nuevos medios de transporte que hacen absurda la existencia de tantos municipios, debido a que estamos inmersos en las nacientes potencialidades antagónicas a la perversidad de la que bien podríamos llamar como democracia mini-municipalista.
El debate en torno a la reducción de municipios como acto de racionalidad estatal -que le dará otra connotación al voto, haciéndolo más igualitario en la radicalidad democrática- será crucial para la reinvención del país, debido a que pondrá de manifiesto las serias limitantes de visión de nación que padece la oposición política, así como hará surgir las contradicciones entre la racionalidad histórico-política como hegemonía progresista y la irracionalidad político-administrativa fundada en el compradazgo o en los favores gratuitos a los pudientes, la cual está vinculado, subjetivamente, a la arcaica percepción de un sistema de oligarquía económico-política. Lo que surgirá, al hacer la transformación de la territorialidad, son las nuevas conductas colectivas vinculadas a nuevos sujetos políticos y culturales -un grupo municipal gobernante con mayores capacidades- asociados a la participación directa que trasciende el patio de enfrente como parte simbólica de la regeneración democrática que inició con la rebelión electoral que puso en modo de extinción a los partidos políticos que jugaron al bipartidismo. Esa será una nueva forma de ejercer el poder como nueva territorialidad democrática.
Desde otra perspectiva, hay comprender la propuesta de reducción como la posibilidad, desde el poder con apoyo mayoritario, que se tiene de reinventar el país patentando en él la condición de que será fluctuante o circulante en su estructura operativa ya que, desde la democracia electoral, eso implicará una mayor participación social en la vida política desde la cotidianidad, ese tiempo-espacio que se gestiona -o se congestiona- en relación a los efectos que genera la población sobre el territorio y en relación con la eficiencia burocrática, la equidad en la prestación de servicios o en tener representación política, conjunto de factores que son los que determinan la gobernanza en tono positivo.
En todo caso, la propuesta de reducción es no concebir al país como algo estático, acabado y secuestrado por las instituciones políticas, como era entendida hasta hace unos tres años la política salvadoreña. El debate está abierto, pero la decisión debe ser cuanto antes.
