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(Colectivo Tetzáhuitl)*
Bukele y la impunidad derivada del control que tiene del Estado.
Nayib Bukele es un Presidente que no solo ganó en el 2019 el poder del Ejecutivo.
Desde el 1 de Mayo del 2021 ejerce un pleno control sobre los demás Órganos del Estado.
Con una mayoría de Diputados oficialistas genuflexos, Bukele controla las decisiones calificadas de la Asamblea y desde este Órgano controla al resto de instituciones del país.
Esta mayoría a su servicio le ha permitido nombrar a un Fiscal General de la República que responde a CAPRES y una Corte Suprema de Justicia que resuelve y toma decisiones en función del proyecto político y económico del clan Bukele.
En solo unos cuantos años, Bukele se ha hecho también del control de la Corte de Cuentas de la República, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Tribunal de Ética Gubernamental y del Tribunal Supremo Electoral.
Bukele es un gobernante autócrata que no solo tiene bajo su control todos los Órganos del Estado sino que ejerce el poder en forma autoritaria y excluyente, aunque para ello deba atropellar la Constitución.
Es claro que la clave de su poder proviene del hecho de tener bajo su control las decisiones legislativas.
Es la Asamblea la que elige a los titulares de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. Y para esas elecciones de segundo grado, Bukele no tiene que negociar con nadie ni hacer ninguna concesión.
Su partido cuenta con la suficiente cantidad de Diputados como para no tener que depender de compromisos con otras fuerzas partidarias.
La asamblea que se instaló en Mayo del 2021 aprueba cuanta iniciativa y capricho provenga de Casa Presidencial.
Las propuestas de la oposición no tienen cabida en la agenda legislativa. No son tomadas en cuenta y muy pocas veces son discutidas en las comisiones de trabajo.
Es por eso que en casi 4 años de gobierno, Bukele ha podido crear, al amparo de este control absoluto del Estado, un entramado criminal que opera desde CAPRES y del que forman parte sus más cercanos colaboradores y su clan familiar, especialmente los hermanos menores del primer matrimonio de Don Armando Bukele.
Diferentes investigaciones periodísticas, respaldadas por pesquisas de algunas agencias federales de investigación de Estados Unidos, como el FBI y la DEA, así como por más de una docena de expedientes penales abiertos por la Fiscalía anterior de Raúl Melara pero que fueron cerrados o archivados por el Fiscal Rodolfo Delgado, demuestran que tanto Bukele como sus hermanos y algunos de sus funcionarios de su entorno inmediato son responsables de actos de corrupción que han desfalcado al Estado por sumas millonarias y han permitido el crecimiento ilegal de sus patrimonios.
Del dominio público son ya conocidos los nombres de algunos de ellos: La Jefa de Gabinete, Carolina Recinos; el Director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el Ministro de Salud, Frank Alabí; el ex Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Salvador Anliker; el ex Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; el ex Ministro de Gobernación y Alcalde de San Salvador, Mario Durán; el Ministro de Trabajo, Rolando Castro; el Secretario Jurídico de la Presidencia, Connan Castro; el Presidente de la Asamblea Legislativa y ex Secretario Privado de CAPRES, Ernesto Castro; el Jefe de la Bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara; entre otros, algunos de los cuales figuran en la famosa Lista Engel del Departamento de Estado y en el informe de finales del año pasado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a quienes se les han aplicado sanciones económicas que regula la Ley Magnistky.
Todos estos funcionarios y ex funcionarios forman parte de una organización criminal que dirige el hermano menor de Nayib, Karim Bukele, y la jefa de gabinete, Carolina Recinos, y que es avalada y protegida por el propio Nayib, para saquear las finanzas públicas y lavar dinero.
Esta estructura delictiva fue revelada por la Fiscalía de Raúl Melara y por eso fue destituído una vez tenían los votos para hacerlo.
A estos delitos hay que agregar las negociaciones ilícitas del gobierno con las pandillas que fueron investigadas por un equipo de Fiscales dirigidos por Raúl Melara y que han sido confirmadas por las autoridades federales de Estados Unidos en una voluminosa investigación conocida como “Catedral”.
Estas negociaciones permitieron la entrega de beneficios carcelarios, procesales y económicos a los líderes de las principales pandillas que operan en el país.
Los operadores de esta estrategia de gobierno han sido el Director de Centros Penales y Vice Ministro de Justicia, Osiris Luna Meza y el actual Director de la Unidad de Tejido Social de CAPRES, Carlos Marroquín (alias Sliptone).
Bajo estas circunstancias, Bukele no puede darse el lujo de terminar su mandato el 1 de Junio del 2024 en la medida que al concluir la inmunidad que goza, derivada de su fuero constitucional, corre el riesgo de ser procesado en El Salvador e incluso extraditado a los Estados Unidos, tal como ocurrió recientemente con el ex Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Sin fuero constitucional y sin el control de otros Órganos del Estado que lo han protegido hasta ahora, Bukele podría ser juzgado penalmente por los crímenes cometidos en el país y las autoridades federales de Estados Unidos tendrían vía libre para pedir su extradición y procesarlo en una Corte Federal de ese país.
Por eso estamos convencidos de que Bukele no busca la reelección solo porque sea un Presidente autócrata que desea perpetuarse en el poder pasando por encima de la Constitución.
Sin reelección presidencial inmediata, Bukele no asegura su impunidad y esto daría paso al inicio de procesos penales contra él, sus hermanos y varios de sus funcionarios.
Sin reelección presidencial inmediata, Bukele iría a parar a la cárcel.
El proyecto político y económico de Bukele solo puede consolidarse si controla más de un período presidencial
Cuando Bukele construye su candidatura tenía claro que iba a necesitar más de un período de gobierno para concretar su proyecto oligárquico neoliberal.
Este era una idea que no podía revelar sin tener el control absoluto del Estado y de ahí las declaraciones a la prensa en sentido contrario antes del 2021.
Ningún proyecto oligárquico en el país se ha consolidado en un solo mandato presidencial.
Los grupos económicos que surgen con el gobierno de Cristiani necesitaron al menos 20 años para consolidarse y tener el control del aparato de Estado que facilitara la acumulación de más riqueza.
Fue en los 4 gobiernos de ARENA que esta derecha oligárquica logra el control de la economía y de todo el Estado para consolidarse como grupo hegemónico dominante.
El punto de inflexión que significaron los dos gobiernos del FMLN fue rápidamente superado a partir del ascenso al poder de Nayib Bukele.
El proyecto de Bukele es una extensión del proyecto de la Oligarquía tradicional para retomar el control del Estado, luego de perder el Ejecutivo con el gobierno de Funes.
Bukele vendió demagógicamente la idea de que en su Presidencia se llevaría a cabo una nueva forma de hacer política, pero que en la práctica no se diferencia de los anteriores ejercicios presidenciales de la derecha.
Bukele engañó al pueblo cuando dijo que iba a acabar con el sistema de privilegios que los grupos oligárquicos habían construido durante los 20 años de ARENA y que según él, los dos gobiernos del FMLN no hicieron nada para frenarlo y desmontarlo.
Bukele ha usado la Presidencia del Ejecutivo y el control de la Asamblea y del Órgano Judicial para aumentar el patrimonio de su clan familiar a través de la corrupción y para proteger los intereses corporativos de la Oligarquía tradicional.
Cinco años más en la Presidencia le garantizarían al clan gobernante no solo asegurar la impunidad para evitar su juzgamiento, como ya hemos señalado, también la consolidación del modelo oligárquico neoliberal del que Bukele y sus socios forman parte y han sacado provecho económico.
El grueso del electorado salvadoreño no entiende las violaciones a la Constitución y al Estado de Derecho que se han dado en todos estos años.
La más reciente encuesta de opinión de la UCA revela que la mayoría de la población no conoce qué significa “Estado de Derecho” y mucho menos, cuáles son los Derechos que han sido vulnerados por Bukele durante la vigencia del régimen de excepción.
La población solo constata una evidente reducción en el número de homicidios en el país y muy poco le preocupa que para garantizar un clima de mayor seguridad, el gobierno ha debido negociar con el liderazgo de las pandillas, les ha concedido beneficios que riñen con la Ley y ha violado los derechos de miles de detenidos injustamente en las cárceles del país.
El debate de la comunidad jurídica sobre la inconstitucionalidad de la reelección inmediata que hoy el Vicepresidente Ulloa califica de “Segundo Mandato”, no lo entiende la mayoría de la población ni participa de él.
Por esa razón es importante profundizar en las razones de fondo que llevan a Bukele a buscar su reelección continua e inmediata, independientemente que de esta forma viole la Constitución como ningún otro gobernante lo había hecho en el pasado.
Para Bukele la reelección presidencial no es una opción, es una necesidad.
Si no continúa en la Presidencia después del 1 de Junio del 2024 seguramente deberá encarar la justicia penal salvadoreña y muy probablemente deberá enfrentar también la justicia estadounidense por los crímenes cometidos durante su gobierno.
Para Bukele y su régimen la reelección presidencial es entonces una cuestión de sobrevivencia.
*El colectivo “Tetzáhuitl” es un equipo de trabajo que investiga la realidad salvadoreña y está integrado por periodistas, investigadores y analistas sin filiación partidaria.
