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Por Leonel Herrera*
El debate generado por el anuncio de la reelección presidencial, realizado por Nayib Bukele el pasado 15 de septiembre, se ha centrado en los argumentos de inconstitucionalidad. Periodismo independiente, ciudadanía crítica y oposición política han destacado las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección y recuerdan cómo el propio Bukele la rechazaba antes de ser presidente, así también la postura anti relección del fallecido padre del presidente y hasta las anecdóticas declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa.
Y eso está bien, pues la reelección violenta flagrantemente nuestra Constitución. Varios artículos la prohíben directa e indirectamente: El artículo 88 obliga la alternancia en la presidencia y manda al pueblo a insurreccionarse ante cualquier intento reeleccionista; el Art. 154 establece el período presidencial de cinco años y quien lo ejerza no puede quedarse ni un día más; el Art. 152 impide que sea candidato presidencial quien haya ejercido el cargo en el período inmediato anterior; el Art. 131 obliga a la Asamblea Legislativa a desconocer al presidente que habiendo terminado su período continúe en el cargo; el Art. 248 prohíbe reformar la Constitución en lo referido a la alternabilidad en la presidencia y el artículo 75 quita los derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección presidencial.
Así que, desde la perspectiva constitucional, la reelección presidencial continua en El Salvador es ilegal y la sentencia de la sala constitucional que la avala es inválida, y más aún si sus magistrados fueron nombrados ilegalmente. Esto significa que el presidente Bukele no puede reelegirse, y si lo hace viola la Constitución.
La única forma de permitir la reelección sería aprobar una nueva constitución que elimine las prohibiciones de la constitución vigente. Algunos presidentes latinoamericanos, como el venezolano Hugo Chávez o el ecuatoriano Rafael Correa, cambiaron las constituciones de sus países para poder reelegirse; pero otros, como Daniel Ortega o Juan Orlando Hernández, utilizaron tribunales constitucionales impuestos por ellos mismos. Bukele sigue la vía reeleccionista del dictador nicaragüense y del ex gobernante hondureño preso en Estados Unidos.
Pero más allá de la inconstitucionalidad, también está la ilegitimidad de la pretendida reelección de Bukele. La reelección en sí misma no es buena ni mala, lo es a partir de si quien busca reelegirse es una demócrata o un autócrata, si es un líder confrontativo o promueve la armonía social, si su proyecto político-económico es incluyente o excluyente, entre otras condiciones.
Alemania no fue dictadura en quince años seguidos de gobierno de Ángela Merkel ni Brasil fue menos democrático con la relección de Lula Da Silva en 2006 (lo sería ahora si reeligiera el actual presidente Jair Bolsonaro, un autócrata y nostálgico de las dictaduras militares). Además, en ambos países la reelección continua está permitida en sus constituciones (Por cierto, Bukele acusa a Estados Unidos y otros países de cuestionar su reelección mientras ellos la practican, pero omite decir que en éstos la permiten sus constituciones).
En tal sentido, cualquier persona que se considere demócrata debería preguntarse si ¿puede reelegirse un presidente autoritario, populista, confrontativo, demagogo y que no rinde cuentas?; ¿puede estar un período más un mandatario que quiere perpetuarse en el poder, gobierna con su clan familiar y aspira al poder total?; ¿debería seguir en el cargo un gobernante que incumplió sus promesas de democracia, transparencia y de actuar diferente a sus antecesores?; ¿merece reelegirse un presidente que se burla de las víctimas de la guerra civil, ha remilitarizado el país, niega la memoria histórica y retrocede al país hasta la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, el último gobernante que se reeligió hace casi 80 años?; ¿debe continuar un gobernante intolerante a las críticas, que busca la destrucción de sus adversarios, silenciar a la prensa crítica y acallar cualquier disidencia?…
Mas aún, quienes se digan progresistas o de izquierda deberían preguntarse si ¿debería reelegirse un presidente ultra-neoliberal, que mantiene intacto el regresivo esquema fiscal donde “pagamos más quienes tenemos menos”, no desprivatizó el sistema de pensiones y prefiere seguir endeudando al país, en vez de aprobar medidas tributarias progresivas, a pesar de tener correlación para hacerlo?
Y la población en general, más allá de ideologías o afinidades políticas, debería preguntarse si ¿debe seguir el presidente cuyo gobierno no resuelve la falta de agua potable, el alto costo de la vida, el desempleo, la degradación ambiental, la violencia contra la mujer y el tráfico vehicular?; ¿debería continuar un presidente que no impulsa políticas públicas reales más allá de sus shows mediáticos, soluciones propagandísticas y apuestas fallidas como el Bitcoin?; ¿debería reelegirse un presidente que pretenden acabar con las maras únicamente encarcelando pandilleros (irrespetando los derechos de personas que no tienen vínculos criminales) sin abordar las causas estructurales de la violencia?
En general, ¿debería reelegirse un presidente que ha utilizado su poder absoluto y el control total de la institucionalidad estatal para consolidad el autoritarismo, la confrontación, la opacidad, el neoliberalismo, la militarización y la depredación ecológica, en vez de enfrentar los problemas estructurales del país?
Ojalá que sobre estos aspectos se diera también el debate sobre la reelección presidencial, más allá de los argumentos legales.
*Periodista y activista.
