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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El economista César Villalona dijo anoche que la reforma de pensiones que impulsa la derecha partidaria en la Asamblea Legislativa no resuelve el problema de los trabajadores ni del país, y que los únicos beneficiados seguirán siendo las Administradoras de Fondos de Pensiones, los bancos y las aseguradoras que, prácticamente pertenecen a los mismos empresarios.
“La propuesta de los partidos de derecha no resuelve nada, incluso disminuye la pensión, porque le dividen a la gente los fondos (cotización) en dos, le sale la pensión sobre un monto menor del que tiene hoy, pues obliga a las personas pensionadas a aportar un 3% de su dinero para nutrir un fondo”, explicó Villalona, en entrevista con canal 10.
Para el economista, es una solución muy pequeña en términos financieros, pero a costa de reducir pensión y afectar a las personas pensionadas, pero que eso es lo que está en el debate y lo que promueven los partidos ARENA, GANA, PCN, PDC en la Asamblea Legislativa.
“La solución de fondo es un sistema público. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet está planteando un sistema mixto, que es lo que se planteó aquí desde el Gobierno y que está en el programa de Gobierno del FMLN, es un avance. En Chile, la gente no quiere ni el mixto, están planteando que no haya AFP”, aseguró.
Villalona explicó que antes de la reforma, el monto de las pensiones de los jubilados se calculaban con base al salario de los últimos tres años, pero con la privatización se tomó como base los salarios de los últimos diez años, lo que genera una sensible reducción del monto a entregar.
En el primer caso, el cálculo permitía que el cotizante fuera pensionado con alrededor del 70% de su último salario, pero con el sistema privatizado el monto se reduce a un 35% del último salario, aproximadamente.
Con la reforma propuesta por la derecha, sin embargo, la pensión se reduce todavía más, ya que en esta se recortaría por ley el monto de la cotización, pues un porcentaje iría a un fondo común que sería utilizado si al jubilado se le termina el dinero ahorrado.
Además, de esa reducción de la pensión, la privatización trajo otros efectos negativo, para los trabajadores.
“Cuando la gente la movieron a las AFP, le dijeron que el dinero que tenía en las instituciones públicas (cotización), se lo iban a trasladar a las AFP, ese dinero no lo trasladaron. Cuando la persona se va pensionar se van a topar con que nunca hubo tal movimiento de dinero, ese dinero lo pone el Ministerio de Hacienda”.
Recordó que las pensiones comenzaron a generarle problemas financieros al Estado desde 2001, cuando el gobierno de Francisco Flores tuvo que recurrir a la emisión de bonos para pagar las pensiones a los jubilados del Gobierno.
Ese mecanismo se mantuvo hasta 2006, cuando la administración de Antonio Saca creó el fideicomiso que permitió al gobierno prestarle dinero a las AFP para pagarle a los jubilados, una “total aberración”, según Villalona.
Además, el Ministerio de Hacienda debe de cargar con otras obligaciones como el complementarle la jubilación a los denominados optados, que por una decisión política de ARENA, mantuvieron sus cotizaciones aunque dejaron de cotizar con el Estado.
“Hacienda tiene que pagar las pensiones del sistema público, la pensión mínima que se le acaba en las AFP, un complemento a lo que le sale de la pensión más la AFP y el certificado de traspaso, eso cuesta 600 millones este año, de donde salió ese dinero? decidió ARENA que lo prestaran las AFP, pero la sala de lo constitucional cortó esa forma de endeudamiento”, explicó el economista.
Por su parte, el abogado constitucionalista Rogelio Canales afirmó que la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones estaría violando un artículo de la constitución al obligar a los ciudadanos a cotizar a un modelo privado sin dejarle opciones.
Según la ley SAP, todos los cotizantes que al momento que entró en vigencia el sistema tuvieran entre los 18 y los 35 años, estaban obligados a ahorrar en una AFP, mientras quienes tuvieran más de esa edad debían quedarse en el sistema público. “No se respetó la voluntad de las personas”, manifestó.
Canales dijo que en 1998 se dio “un hecho perverso que jamás debió ocurrir” como fue el sustituir el sistema público de pensiones que garantizaba un retiro digno para los jubilados, por un negocio que ha enriquecido a grupos poderosos del país.
“Estas AFPs famosas, vinculadas al sector financiero del país, a la banca, a las compañías aseguradoras, lo que hicieron fue crear un negocio sumamente lucrativo, tomar dineros que le pertenecían a los trabajadores y tenerlo en administración cobrando exorbitantes cantidades por ello”, denunció Canales.
