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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitieron la solicitud de controversia constitucional invocada por el presidente de la República Nayib Bukele, por la supuesta inconstitucionalidad en vicio de forma y de fondo del decreto legislativo 410, que reforma la Ley Especial para la Constitución del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Los magistrados han citado al presidente de la República en un plazo de diez días, así como a la representación de la Asamblea Legislativa para que expongan las razones del veto y de la ratificación del decreto.
El mandatario envió esta discrepancia entre los órganos de Estado, luego que la Asamblea Legislativa superará el veto presidencial que había impuesto por la supuesta inconstitucional. A juicio de la presidencia, “los artículos 1, 2 y 3 del decreto son previsiones de índole eminentemente presupuestarias, por lo que una vez elaborados debieron proponerse a la Asamblea Legislativa como iniciativa de ley proveniente del Ejecutivo, para que la Asamblea ejerciera su competencia”, explica la resolución.
De igual manera, sostiene que para la superación del veto la Asamblea ha ejercido únicamente un argumento de autoridad basado en la sumatoria irreflexiva de las cuotas partidarias para superar cuantitativamente el veto presidencial. “La Asamblea no ha llevado una labor cognoscitiva, racional, prudente, constitucionalmente aceptable que consista en un estudio detallado y minucioso de las razones de los vicios formales y materiales aducidos al veto”, argumenta la presidencia.
El presidente Bukele basó su veto en que la reforma a la Ley de Fosalud en incrementar del 35 % al 50 % el porcentaje de recursos obtenidos de impuestos a armas, bebidas alcohólicas y tabaco era inconstitucional por no contar con una fuente de recursos.
Los parlamentarios con 72 votos a favor superaron el veto del mandatario salvadoreño por considerar que esta no tiene base alguna.
La Sala de lo Constitucional tendrá que decidir cuál de los órganos de Estado tiene la razón.
