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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y el Foro del Agua criticaron la resolución de aceptación sobre la demanda de amparo que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado viernes 5 de noviembre, en contra del Ministerio de Medio Ambiente, debido al permiso del proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, pues no tomó en cuenta la solicitud se imponer la medida cautelar, consistente en ordenar la suspensión de la construcción.
Según las organizaciones, con esta resolución la Sala lo Constitucional lo que está haciendo es condenar a las comunidades a morirse de sed.
“La demanda de amparo es una buena noticia aparentemente, porque nos da la razón en el sentido que el Ministerio de Medio Ambiente ha violentado nuestros derechos fundamentales a la participación, al debido proceso, a un medio ambiente sano, al emitir fraudulentamente el permiso ambiental para que los Dueñas destruyan el territorio de Valle El Ángel”, dijo Carlos Flores, miembro del Foro del Agua.
Flores recalcó que al no decretar las medidas cautelares, la Sala de lo Constitucional actúa a favor de los Dueñas.
Las organizaciones criticaron la resolución de la Sala de lo Constitucional al no otorgar la suspensión del permiso ambiental, sobre todo, cuando en los principales principios rectores ambientales está explícito que la población tiene primacía ante aspectos que dañen al medio ambiente y donde el Tribunal Constitucional puede anticiparse y detener la obra ante análisis jurídicos y técnicos, aspecto que no ha hecho.
Ariela González, del Foro del Agua, enfatizó que el ciudadano tiene derecho a reclamar este tipo de acciones, pues están expuestas en los recursos constitucionales, ya sea bajo el objetivo tutelar de su derecho propio o de la colectividad, expresando preocupación ante la no emisión de las medidas cautelares aun cuando los demandantes demostraron el impacto que la ejecución del proyecto representaría para los habitantes de la zona norte.
“Lamentamos mucho la posición de la Sala, ya que es evidente la primacía del derecho del sector privado y la familia Dueñas, de tutelares a ellos su derecho y no a la población de la zona norte de San Salvador”, manifestó González, recalcando que la postura de la Sala es desapegada de un enfoque de derechos humanos, y que aún con medidas extras que las organizaciones han evocado no se ha obtenido una respuesta concreta.
Santiago Rodríguez, de la iglesia Luterana, dejó entre ver que este tipo de resoluciones son como tragos amargos ofrecidos al pueblo, pues lo que hacen es condenar a las juntas de agua, al volcán de San Salvador, y a todas las zonas de recargas acuíferas. “La Sala de lo Constitucionalidad condena a las comunidades a morirse de sed”, enfatizó.
Asimismo, manifestó que lo sucedido en la Asamblea Legislativa respecto a la Ley de Recursos Hídricos es una “privatización”, lo mismo que está pasando en Valle El Ángel, con este tipo de proyectos y resoluciones, siendo “una legalización del despojo de los bienes naturales, acciones que las empresas viene haciendo por muchos años.
Entre tanto, Sara García, representante del Movimiento Eco Feminista, recalcó a la población que dicho proyecto mercantiliza la vida, los bienes comunes y el desarrollo de las comunidades, aspecto que la CSJ lo plantea como un proyecto que “beneficiará el déficit habitacional”, cuando solo implicaría beneficios para la empresa privada.
“Nosotras no podemos permitir que el gobierno siga beneficiando a estas grandes empresas, y se esté olvidando de la población”, señaló García, tras afirmar que el discurso del presidente Nayib Bukele es “hipócrita” al momento de decir que se está beneficiando al país con estos proyectos, discursos que solo justifican la destrucción ambiental y la expropiación de los bienes comunes.
La Sala ha violentado el marco jurídico ambiental y los derechos constitucionales pues fue vulnerado el derecho a un medio ambiente sano a la población, derecho colectivo y derecho a la participación ciudadana regulado en la Ley de Medio Ambiente, pues el proceso de evaluación está exento de un permiso ambiental donde la población haya participado mostrando su postura.
La explotación de agua del manto acuífero Valle El Ángel resarciría los municipios como Nejapa, Apopa, Soyapango y Quezaltepeque, afectando aproximadamente 500,000 personas quienes podrían abastecerse con el agua que los Dueñas utiliza.
