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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
En opinión del exmandatario Mauricio Funes, capsule aún cuando la Sala de lo Constitucional no es responsable de la delincuencia y ciertamente los magistrados no dan órdenes de extorsionar o asesinar, sovaldi sale con su medida cautelar de suspender el proceso de negociación de $900 millones en bonos, frenan la obtención de recursos afectando con esto los planes y acciones del gabinete de seguridad.
Una situación similar sucede cuando los evasores de impuestos no pagan lo que deben al fisco y con eso están evitando que le lleguen recursos al Estado para funcionar en forma óptima y eficiente, comparó el exmandatario en su programa “Sin Censura”, en Radio La Chévere.
“Este día (jueves), la Sala de lo Constitucional publica una aclaración en la que desmiente al gobierno en que no ha emitido ninguna resolución en la que se oponga a la contratación de más deuda o a la emisión de bonos, lo único que ha hecho es decretar una medida cautelar mientras decide si el procedimiento fue constitucional, sin embargo, en la práctica el efecto es el mismo”, sostuvo Funes.
Para el exgobernante, hay magistrados de la Sala de lo Constitucional que han llegado al ridículo de denunciar que existe una campaña de persecusión gubernamental, similar a la que sucedió con el asesinato de los jesuitas en 1989. Esto solamente porque el Gobierno ha querido explicarle a la población porqué se frenaron los fondos de los bonos.
Según Funes, el Gobierno tienen todo el derecho de implementar una campaña aclaratoria a la población cuando no existen medios de comunicación que digan la verdad de lo que sucede.
“Un gobierno hace campaña cuando los medios de comunicación vinculados a la derecha oligárquica invisibilizan la posición y los planteamientos de los funcionarios públicos, si existiera un tratamiento equilibrado de la información y la posición de los integrantes del gabinete tuvieran la misma relevancia de la oposición, no habría necesidad de campañas en medios”, argumentó el exjefe de Estado.
De acuerdo al exmandatario, el actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, no puede hacer otra cosa, cuando la mayoría de los medios de comunicación tienen una agenda definida y la versión que dan de la situación no es la verdadera; por ejemplo, cuando cuestiona el trabajo de la Sala de lo Constitucional, los grandes medios lo interpretan como una amenaza a los poderes.
“Un Gobierno no se puede dar el lujo de perder una batalla mediática porque su posición no es escuchada por la población”, dijo Funes, refiriéndose a que los grandes medios manipulan a favor de la “derecha oligárquica la información”.
Funes dijo que el grupo de entidades y gremiales como ANEP y FUSADES, que junto con el partido ARENA han celebrado la decisión de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de bloquear la negociación de los $900 millones en bonos, son los mismos que han mostrado su oposición a que el Gobierno implemente un impuesto para la seguridad pública.
El exgobernante cuestionó el argumento de estos grupos, los cuales afirman que el Gobierno tiene dinero porque implementa una campaña para acusar a la Sala de bloquear los bonos.
Considera el expresidente que el argumento que maneja la “derecha oligárquica” de decir que el dinero de esa campaña se puede utilizar para combatir la delincuencia, no tiene sentido porque los costos de una campaña en medios no llegan a asemejarse al presupuesto que necesita el aparato de seguridad pública para enfrentar la delincuencia.
Es como querer comparar los gastos de la Asamblea Legislativa en una cena de Navidad, ilustró Funes, con los millones provenientes de Taiwán desviados durante el gobierno del expresidente Francisco Flores.
‘’A estos señores les preocupa que se hayan gastado unos cuantos miles de dólares en una campaña en medios, pero nunca les preocupó en el pasado ni les preocupa ahora, que se hayan desviado fraudulentamente varias decenas de millones de dólares que debieron entrar al erario público y no se sabe a que bolsillos privados fueron a parar”, cuestionó Funes.
El exgobernante explicó que con parte de los fondos bloqueados desde la Sala de lo Constitucional, el Gobierno tiene proyectado comprar chalecos antibalas, municiones, nuevas armas y renovar la flota de vehículos de la Policía Nacional Civil, que ya cumplieron cinco años de antigüedad.
Funes cuestionó que la ANEP esté reclamando el destino de los fondos recolectados vía impuestos y la adquisición de préstamos en estos últimos seis años, como que en este lapso de tiempo no hubieran existido necesidades de construcción y mejoramiento de infraestructura, financiamiento de programas sociales, de subsidios y otras obligaciones como el pago a los trabajadores y el combate a la inseguridad.
“Cuando la ANEP hace referencia a casi 20,000 millones de dólares en impuestos recolectados en estos seis años y a casi 5 mil millones en préstamos del 2009 a la fecha, olvida todas estas obras de infraestuctura, programas sociales y salarios de servidores públicos que se han debido pagar en todo este tiempo”, dijo Funes.
El exgobernante instó al Gobierno a plantear a la brevedad, de qué nuevas opciones va echar mano para buscar por otra vía los fondos que necesita y que le han sido negados por la Sala de lo Constitucional.
Una de las apuestas debería ser crear un fondo para la seguridad cuyo aporte provenga de los principales beneficiarios de una reducción de la violencia, como sería la gran empresa, afirmó.
Recordó que los préstamos aprobados ya tienen destino, y que él ve viable que se ponga un impuesto específico para la seguridad, similar a la de implementado en Colombia, mientras la derecha dice que no debe de poner otra carga impositiva pero este pago lo haría solamente aquellos que pueden pagar y no los que no tienen.
“Así como el FOSALUD se nutre de impuestos que se cobran a productos que afectan la salud (como cigarrillos y bebidas alcohólicas), este de seguridad debería ser pagado por los principales beneficiados como es el caso de la gran empresa”, resumió Funes
Funes considera que entre las luces que puede tener el gobierno está también es negociar un nuevo préstamos con el BID, como ya lo ha planteado el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres.
