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Mirna Jiménez
Diario Co latino
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, sale Rodolfo González, malady adelantó que esa instancia judicial supeditará el fallo de la demanda en contra del Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), generic al marco eminentemente jurídico y no al bienestar de la población.
“Creo que está demás decirlo, pero la Sala no está valorando las ventajas, las desventajas, los beneficios a la población, que seguramente sí los tiene este sistema de transporte, sino un tema muy específico de si la autoridad competente fue quien lo dio o no”, manifestó González anoche durante el programa Ocho en Punto de Canal 33.
Diariamente el SITRAMSS traslada a miles de personas entre Soyapango y San Salvador. El sistema de transporte masivo cuenta con un circuito cerrado de descarga y abordaje de pasajeros quienes solo pueden ingresar a las estaciones con boleto pagado, lo que genera mayor seguridad en el recorrido, de acuerdo con la empresa.
El SITRAMSS ha ganado aceptación rápidamente frente al sistema tradicional que, debido a su estructura de competencia entre empresarios individuales, genera una gran cantidad de accidentes, atropellados, por las disputas de pasajeros en las vías.
El artículo uno de la Constitución establece que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”, no obstante este abogado pese que acepta que el sistema ayuda a la población dice que los magistrados centrarán su debate jurídico en la posible violación del artículo 120 de la carta magna, relativo a la concesión del servicio.
Según González, se evalúa la posible violación al artículo 120 de la Constitución de la República, que se refiere a las explotaciones de obras de uso público. El magistrado dijo que “la Sala trae ya una jurisprudencia de hace tres años sobre el tema de concesiones”. Citó el caso de LaGeo, donde se impugnó la Ley General de Electricidad con el argumento de que la concesión para la explotación de energía geotérmica fue otorgada por una autoridad administrativa y que conforme al artículo 120 de la constitución debía haber sido la Asamblea Legislativa.
De igual forma, dijo González, se resolvió en el caso de las sentencias de radio con el tema de las concesiones y el del SITRAMSS es un tercer caso en el que la Sala entra a conocer en una línea jurisprudencial que tendrá que irse clarificando. “Porque aquí el tema específico es quién es la autoridad competente”, añadió el magistrado. Lo que hace prever que votará a favor de los empresarios que adversan el sistema moderno de transporte.
El juez continuó reforzando su postura sobre la concesión de obras de uso público afirmando que la Constitución en algunos temas exige la intervención de organismos colegiados y “por alguna razón será”. Argumentó que entre una autoridad administrativa “que es apenas un funcionario que decide con su equipo técnico, y un organismo colegiado como puede ser la Asamblea Legislativa donde inciden distintos grupos políticos, hay una decisión del constituyente de que esto sea un tema de la Asamblea”.
Añadió González que están “vigilando si se usurpó o se violentaron las competencias de la Asamblea al dar esta concesión”, a pesar de que el Gobierno ha recalcado que no hay tal concesión.
El Ministerio de Obras Públicas ha argumentado que el Estado no ha concesionado a ninguna empresa privada infraestructura vial construida en propiedad pública, en referencia al carril segregado y las estaciones de abordaje que funcionan como corredor entre la zona de Metrocentro y Soyapango.
González agregó que la Sala de lo Constitucional determinará que si es o no constitucional lo que se ha hecho y de resultar inconstitucional, “tendría que valorarse qué se va a hacer con el sistema que ya está funcionando o si se moderan los efectos respecto al uso exclusivo del carril o de la infraestructura que opera SITRAMSS”.
Esta última afirmación de que la Sala podría ir más allá y pronunciarse sobre el uso del carril segregado del SITRAMSS contradice la explicación inicial de González de que los magistrados solo analizarían jurídicamente si la concesión la debe aprobar el Gobierno central o la Asamblea Legislativa, que sería la presunta violación del artículo 120 de la Constitución.
Sala Constitucional sin acuerdo sobre emisión de $900 millones de bonos
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, dijo este lunes que los cinco integrantes de esa instancia de la Corte Suprema de Justicia todavía no se han podido poner de acuerdo sobre el tema de la demanda contra la aprobación de los 900 millones de dólares en bonos, por lo que se deberá seguir esperando el fallo.
“El viernes estuvimos deliberando en sesión ordinaria sobre los $900 millones”, aseguró el magistrado en el programa Ocho en Punto de Canal 33. En la sesión plenaria del jueves pasado, ARENA bloqueó una iniciativa presentada por el PCN encaminada a publicar una pronunciamiento conjunto de todos los partidos políticos instando a la Sala de lo Constitucional a poner el mayor esfuerzo en dirimir a la mayor brevedad posible la demanda sobre los $900 millones.
Mediante un pacto, todos los partidos se habían comprometido una semana antes en Concepción de Ataco, Ahuachapán, a una serie de acuerdos que permitieran combatir de manera unificada la delincuencia. La emisión de bonos por $900 millones incluye fondos destinados a combatir el crimen, pero en la actualidad está bloqueada la utilización de ese dinero.
González dijo que, junto con el tema de la Ley de Amnistía, el recurso sobre los $900 millones no ha logrado los apoyos necesarios para resolver ya sea en contra o a favor de su emisión.
“Tanto en amnistía como en 900 millones se están analizando los temas pero, como dice la ley, se necesitan cuatro de cinco votos para que haya sentencia” .
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