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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), online Jackeline Rivera, hospital aseguró que la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), buy viagra de suspender la emisión de bonos que aprobó el pasado 23 de abril la Asamblea Legislativa ha sido una decisión política.
“Los actos solo se suspenden cuando hay demandas de amparo, no cuando hay demandas de inconstitucionalidad. La Sala no tiene ningún asidero legal para suspender el acto”, argumentó la legisladora.
Rivera considera que la decisión constituye un acto arbitrario por parte de cuatro de los cinco magistrados de esa sala. Los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Edward Sidney Blanco y Rodolfo González, dieron por aceptada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano, lo que implica que mientras esta no se resuelva, los $900 millones en bonos no pueden pasar a las arcas del Estado, lo que significa el atraso de proyectos de beneficio a la población, según la diputada.
“El daño no se lo hacen al Gobierno ni al presidente (Salvador) Sánchez Cerén, se lo hacen al país, que necesita fondos”, esbozó este viernes la diputada durante la Tribuna Legislativa de todos los viernes en la Plaza Cívica de San Salvador.
Al no entrar este dinero al Estado, explicó la parlamentaria, se atrasan proyectos como el de los paquetes escolares, alimentación para los efectivos de la Fuerza Armada, mejoramiento de infraestructura para las escuelas; además se afecta el trabajo de los batallones antipandillas anunciados por el gobierno central.
“¿Para quién es la decisión de la Sala?”, se preguntó la parlamentaria, quién considera que estos cuatro integrantes de dicho órgano de Estado indirectamente ayudan a la delincuencia al suspender sin argumentos legales la emisión de bonos.
Además, están enviando un mensaje de inseguridad jurídica, ya que varios millones de estos bonos ya se habían colocado, entonces, quienes están provocando la inseguridad jurídica. “Los Fundamentos son falsos, se hacen aseveraciones que solo se necesita escuchar el audio de ese día para determinar que nada de lo que ellos están asegurando es cierto.
Magistrado Jaime podría haber adelantado criterio
La Sala notificó el pasado jueves que los $900 millones en bonos no pueden ser colocados por el Gobierno y pasar a las arcas del Estado mientras no se resuelva una demanda interpuesta en esa Sala. Pese a que la notificación se hizo esta semana, en los primeros días de junio, el magistrado Jaime adelantó durante su exposición durante el conversatorio denominado “Las Sentencias de la Sala de lo Constitucional”, desarrollado en la Universidad Matías Delgado, que había llegado a la Sala un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que, sin la validez del voto de diputados suplente, quedaría sin efecto.
“Se aprobó un decreto con 45 o 46 votos, habían diputados suplentes, le quitamos esos votos y no alcanzan la mayoría”, dijo para luego agregar: “Esta demanda está sustentada en el artículo 80 de la Constitución de la República”, expresó.
Jaime añadió que la mayoría en el Órgano Legislativo tiene que lograrse con el voto de diputados electos popularmente, y que en el país nunca ha habido elecciones para elegir diputados suplentes. Algunos abogados han considerado que Belarmino Jaime podría haber adelantado criterio al adelantar como iban a resolver el tal decreto recién aprobado.
“Si la intención fuese que un suplente no pudiera votar, primero que declaren inconstitucional los artículos del reglamento interior que es Ley General de la República antes de deslegitimar una votación de un suplente. Los suplentes votan y son llamados de conformidad a un reglamento que es Ley de la República y ese reglamento no ha sido declarada inconstitucional”, recalcó la diputada.
Decreto nunca fue al archivo
Por su parte, el diputado de Concertación Nacional, Mario Ponce, dijo anoche en entrevista con canal 35 que el decreto que ha sido aceptado por la Sala de lo Constitucional nunca fue enviado al archivo y que, según el Reglamento Interior de la Asamblea, cualquier propuesta legislativa puede volver a ser retomada dentro de una sesión plenaria mientras ésta no haya sido cerrada.
Una de las argumentaciones del demandante para pedir la inconstitucionalidad del proceso para la emisión de bonos es precisamente que el decreto ya había sido enviado al archivo luego de no conseguir los votos en una primera votación en el Salón Azul.
