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La semana pasada fue gris y desastrosa para la institucionalidad de El Salvador, lamentablemente provocada por una institución del Estado, que se ha distinguido no solo por cambiar la Constitución, sino por la desestabilización del país. Esto es lo que hace la Sala de lo Constitucional, en tanto operador político del mayor partido de oposición.
Como muy bien lo dijo el Secretario Técnico y Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, los cuatro abogados que han conformado un bloque granítico en la Sala de lo Constitucional, hacen la labor opositora que el partido ARENA no puede hacer, a pesar de tener más diputados en la Asamblea Legislativa, debido a la profunda crisis que ese partido tiene desde que ya no está al frente del Ejecutivo.
La Sala decidió, de forma antojadiza, la semana pasada, que el Gobierno no utilice el techo hasta el 50% de los fondos de pensiones para pagar las pensiones a más de 175 mil pensionados. Esto es grave, porque hay una situación fiscal muy delicada, en términos generales, pero, un problema fiscal muy serio también en el sistema previsional.
A los cuatro diputados de la Sala de lo Constitucional no les importó que su decisión política afecte a cerca de cien mil salvadoreños, con lo que seguramente violó los derechos de los pensionados y las leyes que favorecen a las personas de la tercera edad.
Y no bastando con la afectación de los pensionados, no pasaron ni 48 horas cuando los mismos abogados declaraban inconstitucional el Presupuesto General de la Nación, arguyendo falta de “equilibrio”, entre otras argucias.
A la Sala no le importó el daño que pudo haber causado al declarar inconstitucional el Presupuesto General de la Nación, sino que además, se atrevió, como ya es su costumbre, “ordenarle” al ejecutivo en qué gastar y en qué no, el Presupuesto. En este sentido retomó el discurso de ARENA sobre la supuesta contratación de activistas políticos en el sector público, por lo que le ordenó no hacer más contrataciones.
Las dos resoluciones de la semana pasada de la Sala de lo Constitucional, más que contribuir a mejorar la institucionalidad del país, y el respeto a la ley primaria, lo que buscaba era la desestabilización política del país, por eso es que los medios de la derecha, morbosamente, se enfocaron a pretender dirimir a qué se refería el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, cuando llamó al pueblo salvadoreño a “estar atento al llamado” del Gobierno.
Los cuatro abogados del Sala, en sus “andanzas y mal andanzas” están destruyendo la institucionalidad del país, esa que comenzó a construirse en 1992, después de la firma del Acuerdos de Paz.
