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La semana pasada, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitieron una demanda contra los diputados suplentes del Parlamento Centroamericano.
Y teniendo en cuenta que ya declaró inconstitucionales a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, es previsible que la Sala también anulará a los parlamentarios suplentes salvadoreños del referido organismo regional.
Así, la Sala vuelve a la carga en sus andanzas políticas. También prepara fallos de inconstitucionalidad contra actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) y otras, con clara dedicatoria para la izquierda gobernante.
A pesar de su grave responsabilidad en la crisis fiscal del gobierno y la acumulación de varias demandas en la Fiscalía contra algunos magistrados, la Sala mantiene su estrategia de injerencia y golpes institucionales.
Especial aporte al envalentonamiento de la Sala fue el respaldo dado semanas atrás por ciertas instancias internacionales, apoyo basado en la desinformación que promueven entidades oenegeras y mediáticas de la derecha oligárquica que presentan como “ataque contra la Sala” cualquier crítica a sus resoluciones.
Calificar de “ataque” cualquier observación, señalamiento o acción legal, sería parte de la estrategia de defensa mediática que habrían acordado los magistrados y los dueños de los medios conservadores en la reunión realizada en un local del Grupo Poma.
En esa misma reunión algunos propietarios de medios pidieron a la Sala dar un golpe de Estado. “Queremos que este gobierno no termine su período”, fue -según el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana- la petición de los empresarios mediáticos a los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.
Así que ante las nuevas arremetidas de la Sala contra la institucionalidad y el boicot contra el Ejecutivo, es necesaria una reacción más firme de todas las organizaciones populares, movimientos progresistas, sectores democráticos y población decente.
Especial presión ciudadana requieren las demandas por posibles actos arbitrarios, prevaricato, evasión fiscal, etc., presentadas contra magistrados de la Sala en la Fiscalía.
El Fiscal General, Douglas Meléndez informó recientemente que ya investiga por posible evasión tributaria al magistrado Belarmino Jaime. Por tanto, la ciudadanía debe exigirle que judicialice ese caso y que tome acción en las demás demandas.
