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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Aunque pasen mil años no vamos a dejar de exigir verdad, justicia y reparación”, reafirman los sobrevivientes y autores del libro “Memorias del Sumpul”, que compila testimonios del genocidio ocurrido en mayo de 1980, contra la población civil que huía de un operativo militar que terminó con la vida de más 600 víctimas en el caserío Las Aradas, Chalatenango.
La tenue luz que se desprenden de los candiles de parafina dan marco a los objetos rescatados luego de las “guindas” (carreras) o masacres de los años ochenta contra la población civil. Un pequeño vestido verde lima, de una niña de 1 o 2 años de edad; cebaderas, vasos, platos, tecomates y mantas se alinean como un camino que lleva a los sobrevivientes al pasado.
María Dina Alas, de 52 años y quien reside en el cantón La Ceiba, Las Vueltas, toma el micrófono y reconoce con nerviosismo: “Nunca pensé que íbamos a tener este espacio de poder luchar y decir la verdad”, señaló al recordar a Agustina Alas, su amiga y vecina, quien contaba con 25 años cuando fue asesinada en Las Aradas, en la masacre del Sumpul.
“Yo estaba al otro lado del río (Sumpul), en las faldas de un cerro, cuando empezó la balacera, eran como las 8 de la mañana y vi cuando mataron a Agustina, murió en el mero plan de Las Aradas, andaba un vestido celeste y pelo largo liso color negro. Cuando pase por allí, un año después de la masacre (1981) fuimos a cortar jocotes, y allí en un trocón de un palo estaba maneado el cabello de Agustina y una tira del vestido que usaba ese día. Yo quería desenterrar el pelo y el adorno del vestido; lastimosamente, nunca pensé sacarlo y tener pruebas de todas las personas que murieron allá y quizás aquí estuvieran entre estos objetos y solo queda buscar la justicia para la vida de ella y los otros que murieron cruelmente”, relató María Alas.
“Memorias del Sumpul” es un libro testimonial que incluye 54 testimonios de sobrevivientes de la Masacre de Las Aradas, cantón Yurique del municipio Ojos de Agua, Chalatenango, que llegaron a esa explanada, provenientes de el Zapotal, Nueva Trinidad, San José Las Flores y Arcatao, en busca de refugio por el operativo militar que impulsaba la Guardia Nacional, paramilitares de ORDEN, en apoyo a la Fuerza Armada y Aérea, que participaron de ese delito de lesa humanidad.
“Preferimos llamarnos sobrevivientes y no víctimas. ¿Por qué?, porque sobrevivimos a la guerra y las masacres para seguir en la lucha por aquellas personas parientes, amigas, vecinas, compañeras y compañeros de nuestra infancia que fueron asesinadas en las masacres”, dijo Julio Rivera, secretario de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes de la masacre del Sumpul, en la presentación del libro testimonial.
Rivera agregó que levantaban sus voces de descontento en el debate sobre la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación, que fuera aprobada el pasado 26 de febrero en la Asamblea Legislativa, al considerar que no existió un proceso “real y sincero” para dar paso a la verdad, la justicia y la reparación.
“La masacre del Sumpul ocurrida el 14 de mayo de 1980, hace 40 años, que pese a que existe una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, lleva 27 años y ni un solo militar ha sido llamado para declarar o dar una orden para las exhumaciones de las víctimas. Como sobrevivientes y junto a Tutela Legal del Arzobispado en aquel entonces, y ahora Tutela Legal “Dra. María julia Hernández”, presentamos la denuncia; la mayoría de los casos siguen en impunidad y la Fuerzas Armadas (FAES) es responsable de la mayoría de las violaciones, aún no colabora con el esclarecimiento de los hechos”, manifestó.
Para la mayoría de los presentes que integran la Asociación Sumpul, la situación es preocupante porque consideran que las causas que dieron origen al conflicto armado de los años ochenta permanecen vigentes; entre ellas, la amplia brecha económica, la violencia que no solo es responsables los grupos de pandillas, o el crimen organizado; sino, también, de algunos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados que, al militarizar la sociedad, vulneran derechos humanos del pueblo y en especial a la juvenil.
“Al Gobierno de El Salvador; al presidente Nayib Bukele, como comandante de las Fuerzas Armadas le exigimos la entrega de los plantes estratégicos y operativos del conflicto armado y toda la información relacionada con los operativos militares en cuyo contexto sucedieron las masacres; completar el censo de víctimas pendientes y definir una instancia encargada de la atención a estas, así como, crear verdaderos programas sociales de reparación que cubran sus necesidades urgentes”, señaló Rivera.
Mientras, Alejandro Díaz, del equipo jurídico de Tutela Legal “Dra. María julia Hernández” reseñó sobre el proceso legal de la masacre del Sumpul que el 26 de octubre de 1992 fueron cuatro sobrevivientes quienes acuden al juzgado, acompañados con María Julia Hernández, y señalan claramente los hechos de genocidio en contra de la población civil, que son de lesa humanidad, por las acciones y persecusión con fines de exterminio y eliminación.
“Era un Estado -en ese entonces- con una Junta de Gobierno dominada por militares, que decidieron acompañar la política de los Estados Unidos en la doctrina de la seguridad y ocupar estrategias que utilizaron en Vietnam, como las operaciones de Tierra Arrasada, Quitar el Agua al Pez, cometen estos grandes crímenes. En el año 2012, la jueza del Juzgado de Primera Instancia decide que se tomen nuevas declaraciones, hay 7 u 8 testimonios más; para el 2014 solicitamos una nueva inspección (Las Aradas) porque los sobrevivientes han localizado lugares, pero es hasta el 2017 que se realiza la inspección judicial, así ha sido con la Fiscalía; ahora estamos en la etapa de solicitar nuevas exhumaciones, pero ha sido hasta el 2019 que llegó la diligencia”, puntualizó.
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