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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Consejo de Seguridad y Convivencia ha señalado entre las apuestas en el Plan El Salvador Seguro, diagnosis las siguientes: Mejorar la vida de las personas en los territorios para reducir la incidencia e impacto de la violencia y el crimen; y segunda, click contar con una institucionalidad coherente y proba que aborde de manera articulada y efectiva la violencia y la criminalidad, y goce de la confianza ciudadana. Los acuerdos que los partidos políticos firmaron el 27 de agosto, representan una oportunidad para caminar en esa dirección con la contribución de las diversas fuerzas políticas.
La seguridad y la institucionalidad son dos acentos claramente marcados en el citado acuerdo. Se afirma la voluntad de integrar un comité inter partidario que facilite la creación de un marco legal específico a la prevención, readaptación y reinserción en el que se tomaría como base el anteproyecto de ley que se encuentra en consulta. Se comprometen los partidos a integrarse plenamente al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, a realizar acciones conjuntas para la creación de un Instituto de Criminalística e Investigación Científica del delito; algo muy importante señalan que “en el marco del respeto irrestricto a la libertad de prensa y libertad de expresión, exhortamos a que los medios de comunicación social contribuyan en la construcción de un ambiente acorde a los avances y esfuerzos que institucionalmente se realizan en materia de seguridad ciudadana”.
Estos compromisos nos llevan a pensar que tanto los esfuerzos que las instituciones como la PNC, la FFAA, la Fiscalía y otros realizan, motiva a comprometerse en ayudar y a invitar actores importantes a hacer lo propio. La parte diagnóstica del Plan El Salador Seguro afirma que los históricos niveles de exclusión y vulnerabilidad social; los patrones culturales que toleran, normalizan y reproducen la violencia, han estimulado el establecimiento, la complejidad y la reproducción de expresiones criminales y violentas en nuestra sociedad. El problema pues, reviste gravedad, se vuelve urgente su atención pero deben considerarse sus raíces estructurales y en ello, el papel que todos, o la mayoría de la sociedad puede aportar en su solución.
En efecto el Plan El Salvador Seguro estableció cinco ejes, 112 metas, para encaminar al país a una solución firme de la violencia y criminalidad, una consideración temporal de cinco años para las acciones más inmediatas y diez años para dar firmeza a una reestructuración de conducta que elimine los patrones violentos. Se valora en 2,100 millones de dólares la cantidad de recursos financieros necesarios y se señalan los aportes de las distintas esferas e instituciones que deben colaborar, procurando una mirada compartida del problema y de las estrategias para su solución.
La mayor parte de recursos estimados se puntualizan como necesarios en acciones de prevención, y en desarrollo de las capacidades institucionales para actuar con mayor eficacia; por eso se vuelve relevante el acuerdo específico de la Inter partidaria en el sentido de “Solicitar a la Asamblea Legislativa para que envíe una exhortación a la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permita agilizar la resolución del proceso 35/2015 relativa al recurso de inconstitucionalidad presentado, con relación a la contratación de préstamos y colocación de bonos por 900 millones de dólares ($900,000,000.00).
Es que sin mucho esfuerzo se comprende que el país vive un momento extraordinario en el que el combate frontal contra la delincuencia provoca una reacción que se convierte en una espiral de criminalidad, en una suerte de pulso entre la parte minoritaria que sin duda ha de conducir esta ola criminal, y el Estado que representa y defiende a la mayoría de la sociedad, y digo mayoría porque es evidente que una minoría criminal enfrenta a la sociedad y a sus instituciones buscando que esta visión integral de la seguridad fracase. Es deber de quienes rechazamos a los criminales, darnos cuenta y aportar lo que sea necesario para que triunfe el bien. ¿Cómo no comprender entonces que los recursos son más necesarios que nunca para hacer frente a esta problemática?
El acuerdo de los partidos es sin duda un comienzo en la dirección correcta. Manda un mensaje a quienes desde las empresas del crimen enfrentan al país sobre la voluntad política común de fuerzas diversas y por otra parte abre la posibilidad de dotar de recursos indispensables a las instituciones que llevan el mayor peso en este combate. Ojalá esta lógica sea comprendida por quienes aún dudan de apoyar los acuerdos firmados por los máximos dirigentes de FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC; se desvanezcan las dudas de quienes creen que es mejor sacar provecho partidista quedándose simplemente en la queja y la crítica.
