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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
La Asamblea General Universitaria (AGU) de la Universidad de El Salvador (UES) es un órgano de la administración pública, que refleja la ruindad concentrada. Esta ruindad se manifiesta en la preferencia por las ilegalidades; y así sigue un modelo de gestión universitaria, que abusa de la autonomía, al atropellar los derechos constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria, que genera recurrentes denuncias, y que en consecuencia han acabado en condenas o declaratoria de responsabilidad por ilegalidades emitidas por diversas instancias de control estatal, produciéndose desprestigio institucional y atentados contra los intereses del pueblo.
El derecho de petición y respuesta que establece la constitución es violentado de manera sistemática por la AGU. Según el artículo 18 de la Constitución salvadoreña “toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”. Según el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, ninguna petición podrá exceder el plazo de sesenta días hábiles sin resolverse y notificarse lo resuelto, salvo impedimento por justa causa. Sin embargo, lo rutinario para la AGU es mantener sin contestar las peticiones, y a veces pasan años así sin resolver para provocar desistimiento o inviabilidad de las pretensiones.
La preferencia por la ilegalidad se estimula por la tradición de impunidad desde la AGU. Aunque en el Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador, en el artículo 11 literal w, se ha tipificado como falta grave, cuando las autoridades universitarias no respondan o contesten las peticiones o solicitudes de parte de los miembros de la comunidad universitaria formuladas por escrito y sin abuso de poder según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la UES; una denuncia presentada por esta causa, no es resuelta conforme a la ley, tal como se observa en una denuncia presentada ante la AGU, contra la Junta Directiva, periodo 2021-2023, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES, que no ha sido resuelta como corresponde, quedando en impunidad.
El incumplimiento de deberes es parte de la ruindad de la AGU. Incumplir el deber de investigar y resolver con la diligencia debida, ante las denuncias por infracciones al régimen disciplinario, es parte de la disfuncional que aqueja a este organismo universitario. Además, en las elecciones universitarias con recurrencia ha incumplido el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los candidatos y descuida el atender las impugnaciones en los procesos eleccionarios.
La AGU es consistente en esparcir la ruindad en toda la universidad. El deber de imparcialidad, que es parte de una buena administración, está ausente en la ruinosa gestión de la AGU.
Los procedimientos deberían de ser atendidos con base en los principios generales de la actividad administrativa, que están regulados en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo; pero la AGU se ha atrevido a declarar inaplicable esta ley en sus procederes. Para que se atienda un proceso con diligencia, tal parece estar condicionado a la confluencia de algún interés oculto que les impulse, porque de otra manera parecen más inclinados a las dilaciones ilegales, motivados por consensos políticos de los dirigentes ruines.
El mecanismo para prevenir las ilegalidades por parte de la AGU sobresale por la ineficacia. En 1999, la Asamblea Legislativa por decreto creó la Fiscalía General de la Universidad, encargándole velar por el estricto cumplimiento de la ley orgánica de la UES, los reglamentos y de las normas válidamente emanadas de los órganos competentes que integran el gobierno universitario, así como de las demás leyes que fueren aplicables a las actividades de la Universidad; pero el funcionario a cargo ha incumplido con recurrencia este encargo, y la esta fiscalía mejor ha funcionado como un agente siniestro que tuerce el orden universitario y complace los consensos políticos de los dirigentes ruines, a tal grado, que diversos fiscales de la UES, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley, han sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental por haber transgredido la ley. ¿Quién cortará con las ilegalidades en la UES?
