Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El sistema carcelario se establece con el ánimo de purgar la delincuencia. Ya sea de carácter pecuniario o contra la vida, los delitos deben purgarse, luego que los indiciados sean vencidos procesalmente.
Ahora bien, el propósito último del sistema no es la venganza, sino la recuperación social.
En la práctica el sistema carcelario es en realidad una escuela del delito, que no recupera socialmente a los purgados, agravando sus psicopatías, profundizando sus conductas antisociales.
Porque a la falta consuetudinaria de recursos debemos sumar la cultura de venganza que nos domina, que ve en los purgados no a personas, sino a subhumanos indignos de compasión, e innecesaria su recuperación.
Hay en ello componentes frenológicos que dominaran los sistemas carcelarios de la era victoriana, y que en nuestra latitud subsisten como prejuicio social, que suscribe a las élites impunidad perpetua, mientras el resto, carne descompuesta del tejido social, irrelevante políticamente pues solo es importante en términos económicos, ser material y culturalmente descartables.
Esto por supuesto deriva en un porcentaje extremadamente alto de procedimientos judiciales injustos, en los que los procesados son señalados de delitos que no cometieron pero que igual purgan dentro del sistema porque se los condena arbitrariamente.
Así en el presente los procesos colegiados adelantados por judicaturas partidarias a decenas de indiciados cuya culpa es neblinosa en el mejor de los casos, son de regular condenados, saturando las cárceles de personas cuyas faltas no se comprobaron, pero que carece de los recursos, y de la formación para al menos comprender su situación.
Dada la injusticia estructural que padecemos como sociedad, que excluye al 99% de la población y se manifiesta crudamente en la expulsión de hasta el 47%, la pregunta pertinente no es ¿porque hay delito en nuestra sociedad?, sino ¿porque no hay más?, para entender mejor nuestra realidad.
Ello deriva en el estado de excepción que padecemos, y que de acuerdo al régimen ha supuesto la detención de alrededor de 80,000 personas, procesados como miembros de pandillas, para luego reconocer por la inexistencia de evidencia, que hasta 20,000 de estos han sido detenidos erróneamente, liberando a 7,000 y dejando pendientes al resto.
El problema es que en el inter han sido asesinados mediante tortura algo más de 200 ciudadanos, sobre los que el fiscal general afirmo no ver problemas, y que claramente fueron asesinados por sus custodios.
El hecho es que, si nos atenemos a la estadística pura, el número de torturados y asesinados debe al menos ser 3 veces mayor, por lo que lo afirmado por el fiscal sólo supone su garantía de más impunidad.
La nuestra es una sociedad vejada por muchos elementos, la injusticia particularmente, y esas personas fallecieron sin ser condenadas por lo que ahí hay otra injusticia que debe ser corregida.
Si bien las atrocidades cometidas por los grupos delictivos deben ser purgadas, no podemos consentir que inocentes también lo sean, por lo que el sistema debe comenzar por purgar a los delincuentes que lo componen.
Pues sin justicia no hay futuro.