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Fredis Pereira
Los órganos de Gobierno y las instituciones que conforman el Estado se fortalecerían con una buena asesoría. Detrás del éxito o el fracaso de las acciones de los gobernantes y demás funcionarios públicos casi siempre están los asesores. Esto hace relevante analizar el rol de los asesores. Aunque con frecuencia hay personas insistiendo en la eliminación de los asesores, que laboran en diversos espacios del sector público, para que esos recursos financieros se ahorren para destinarlos a otros propósitos; pienso que sí es importante destinar recursos para la contratación de asesores que contribuyan al buen funcionamiento del Estado, pero a veces estos hacen otra casa.
La existencia de asesores se justifica en el hecho que nadie lo sabe todo. Es elemental comprender esta condición humana cargada de limitaciones diversas. Los asesores representan ese capital intelectual y humano de la sociedad, que debería contribuir a que las instituciones cumplan con los su misión y razón de existir, reduciendo al mínimo los costes que generan los errores por la impericia e inexperiencia de los funcionarios de elección popular; asegurando así, mayor bienestar para los ciudadanos. En esta sintonía, tiene sentido que las alcaldías, la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, la Universidad de El Salvador (UES) y otras instituciones dispongan presupuesto para la contratación de asesores.
La calidad de los asesores se define por sus asesorías. Este potencial de calidad debería ser el criterio para seleccionarlos; sin embargo, la experiencia muestra que el criterio que más se usa es del clientelismo político. Esta práctica es contraproducente, pues, por un lado, excluye a quienes por razones de méritos profesionales puedan acceder a esos puestos de trabajo remunerado; por otro lado, limitan la atracción de asesores calificados para contribuir al buen funcionamiento Estado. El sentido común indica que las personas con más estudios acumulan mayor capital humano, que les permitiría aportar asesorías pertinentes y oportunas para ese buen funcionamiento deseado. Este capital humano debe ser aprovechado, pues es el resultado de la inversión pública-privada dentro del sistema educativo; aunque, no siempre los créditos y títulos académicos den certeza de formación profesional, sí reduce el riesgo de una selección equivocada de asesores.
Los asesores que lucen con sus extravíos ponen en descréditos a su profesión y a las instituciones que los contratan. Los vetos presidenciales y los decretos ejecutivos del gobierno de Bukele, en relación con la atención a la pandemia por COVID-19, emitidos con insistencia en contravención con la Constitución y mandatos de la Sala de lo Constitucional, muestran extravíos donde los asesores toman participación. Lo más trágico del asunto, es que sean los asesores jurídicos del presidente, abogados de la república, quienes promueven esas actuaciones del Gobierno. Aunque también puede suceder que los funcionarios tomen la decisión por algún motivo desconocido y luego exijan a sus asesores que busquen una justificación técnica, quienes por conservar el empleo complacen a esos funcionarios.
Los asesores pocas veces rinden cuenta de sus actuaciones. Existen proyectos pésimamente ejecutados como el puente María Chichilco en Morazán, compras de insumos médicos de dudosa calidad, leyes que generan desaprobación de la población, políticas públicas desconectadas de los problemas prioritarios de la ciudadanía, malversación de fondos, despidos arbitrarios, entre otros actuaciones que pueden resultar en responsabilidades civiles, administrativas y penales, sobre los que jamás rendirán cuenta los asesores. Esta realidad genera un riesgo moral para el asesor, pues entiende, que quien pagará los platos rotos será otro y no el asesor. Así, por ejemplo, los cuestionamiento de las actuaciones a la Asamblea Legislativa no se hacen a los asesores, sino a los diputados. Si bien, la esencia de las equivocaciones a veces podría explicarse por una pésima asesoría, la responsabilidad recae en el funcionario que toma la decisión, pues, para bien o para mal, muchas veces es quién elige y conserva a esos asesores.
El pago de estos asesores resulta elevado dentro de las finanzas pública. El salario de un asesor podría ser más elevado que el percibido por un ministro o un presidente de una institución autónoma, tal es el caso, que el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, prefiriera estar nombrado ministro ad-honores para percibir mayor salario como asesor dentro del ministerio que el presidía. Un solo asesor puede ganar en un mes el equivalente a los ingresos percibidos por un obrero en dos años de duro trabajo remunerado con salario mínimo.
Esta situación que resulta trágica afecta a todas las instituciones del Estado.
Un ejemplo de esto es la UES, donde por ley, existe el cargo de fiscal general, quién es electo en un proceso poco competitivo, con la participación del Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria. Al revisar el plan de trabajo que presentará el fiscal actual, para aspirar al cargo, uno encuentra un documento de nueve páginas que no reúne las condiciones técnicas mínimas exigidas a un plan, y al revisar su currículo versión pública que data de 2015, se observa que tiene 66 años y que en 2006 realizó su último curso de formación; sin embargo, por alguna razón desconocida fue reelecto en 2019 como fiscal para un periodo de cuatro años. Este fiscal por ley tiene, entre otras atribuciones y deberes la de asesorar a las dependencias de la universidad y a los organismo del gobierno universitario, por lo cual, recibe un salario de casi 3,000 dólares y un presupuesto para la unidad que preside de cerca de medio millón. Las asesorías acertadas o extraviadas del fiscal no son vinculantes y por lo general no tiene que responder por la decisiones que las dependencias de la universidad o los organismos del gobierno universitario tomen en contravención de las leyes aplicando sus asesorías. Esta labor de asesor la delega en auxiliares; es curioso que a veces, producen más confusión que aclaración con asesorías contradictorias entre lo dicho por el fiscal y sus delegados.
Ahora bien, la tragedia de los asesores del Estado es que a veces tuercen el proceder de los funcionarios con sus asesoría, porque no tienen idea clara de lo que hacen o escriben. Así, en el caso del fiscal general de la UES, al responder una solicitud de información pública, en la cual que se solicitó el modelo de contrato que se utiliza en la universidad para formalizar la relación con los trabajadores que cumplen la función docente y que están pensionados por vejez; este manifestó que no existe modelo contrato en específico; aunque otros funcionarios de la misma universidad que contestaron el requerimiento, afirmaron y demostraron que existe un acuerdo que establece los modelos de contratos aplicados a dichas contrataciones, los cual fueron propuestos por el referido fiscal. Este tipo de proceder debilita la credibilidad de un asesor, sin embargo, siempre habrá quien siga a ciegas las asesorías.
El Estado adolece de asesores desconectados del quehacer institucional. Las aberración de los asesores lamentablemente son recurrentes. Esto explica los frecuentes procesos contra los funcionarios ante instancias de control jurisdiccional y no jurisdiccional, como en el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Sala de lo Constitucional, la Corte de Cuenta, la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Así, sucede que la tragedia de los asesores del Estado termina en condena para el funcionario, como le ha pasado al presidente Nayib Bukele, en relación con el proyecto del Mercado Cuscatlán, situación parecida enfrentan los funcionarios de la UES. Una salida de la tragedia de los asesores podría ser establecer criterios pertinentes de elegibilidad, un proceso competitivo que garanticen idoneidad, la exigencia para que se sometan a formación continua, e instituir la corresponsabilidad por las actuaciones desatinadas que se ejecuten en aplicación de las asesorías.
