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Por Céline Le Prioux/Bruselas/AFP
La Comisión Europea lanza este jueves su ofensiva contra la optimización fiscal de las multinacionales, que cada año impide a los Estados de la UE percibir decenas de miles de millones de euros.
«Para evitar la imposición fiscal, algunas compañías abusan de los fallos en los 28 sistemas nacionales de la Unión Europea (UE). Según un reciente estudio del Parlamento europeo, los ingresos no obtenidos oscilarían entre 50.000 y 70.000 millones de euros cada año», se lamenta el comisario europeo de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, que presenta este jueves el plan en Bruselas.
Según él, esta suma representa el equivalente del presupuesto de Bulgaria. «Es dinero quitado a nuestros hospitales, transportes, o a cualquier otro servicio público vital», afirmó Moscovici en reciente encuentro con la prensa.
Y las pequeñas empresa europeas locales también son víctimas de ello: «Pagan un 30% de impuestos más que las multinacionales, lo que supone una desventaja para su competitividad», añadió.
Para combatir estas prácticas, la Comisión presenta este jueves dos directivas, adoptadas la víspera por los 28 miembros.
Estas directivas se presentan tras un plan divulgado el 5 de octubre pasado por la OCDE, organismo que agrupa a una treintena de países desarrollados.
Bautizado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, término inglés que designa la optimización fiscal), este plan prometía «el final del recreo» para las multinacionales que quieren eludir el fisco.
Fue adoptado el 16 de noviembre pasado por los jefes de Estado y de gobierno del G20 durante su cumbre de Antalya (Turquía).
‘Un primer paso’
La primera de las dos directivas retoma uno de los puntos clave del plan de la OCDE: el intercambio automático de informaciones entre administraciones fiscales de los países de la UE sobre las actividades de las multinacionales. Éstas se verán obligadas a detallar sus resultados y su imposición fiscal, país por país.
«Para mí, es un primer paso. No es el fin del asunto, aplicamos de momento las recomendaciones de la OCDE», subrayó Moscovici, que quiere ir más lejos «al hacer que todo ello sea hecho público para los contribuyentes».
La publicación para los ciudadanos de estas informaciones –exigidas por las ONG– sigue siendo controvertida: la patronal europea teme que Europea sea la única en hacerlo, lo que beneficiaría a sus competidores basados en otros países.
Con la segunda directiva, la Comisión quiere «tasar los beneficios en los países donde son realizados». «Es el principio de la imposición eficaz, la clave de un nuevo sistema fiscal europeo de empresas» explica el comisario europeo.
Actualmente varias multinacionales explotan las divergencias entre legislaciones nacionales y utilizan maniobras contables para sufrir la menor imposición fiscal, incluso transfiriendo sus beneficios hacia paraísos fiscales.
Moscovici espera que las medidas propuestas por la Comisión sean rápidamente adoptadas por el Parlamento europeo y los Estados miembros de la UE.
Según él, Holanda, que asume en este primer semestre la presidencia de la UE, comparte esta visión de avanzar rápido: «Esperamos llegar a un acuerdo, al menos sobre los principios, durante la presidencia holandesa», que termina a fines de junio, asegura.
Este plan forma parte de la lucha contra la opacidad fiscal, lanzada por la Comisión Europea después de que estallara el escándalo LuxLeaks en noviembre de 2014.
Este escándalo ensombreció profundamente la asunción de Jean-Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión.
También evidenció la existencia de un sistema de evasión fiscal a gran escala de multinacionales, así como el controvertido rol desempeñado por algunos Estados, como Luxemburgo, en una época en la que Juncker era a la vez su primer ministro y ministro de Finanzas.
Desde entonces, Juncker prometió una lucha implacable contra la opacidad fiscal.
