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Por Patricio Arana/ Bruselas/AFP
La Unión Europea propuso este miércoles crear un tribunal especial para resolver litigios sobre inversiones en el marco del tratado de libre comercio que negocia con Estados Unidos, try pharm como alternativa a los criticados tribunales arbitrales.
«Proponemos un nuevo sistema que se parezca a una corte de justicia, un nuevo tribunal con jueces calificados», que serán nombrados por ambas partes, indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, al presentar el proyecto en Bruselas.
«Debemos crear los mismos elementos que los que permiten a los ciudadanos tener confianza en sus tribunales nacionales», afirmó.
Este nuevo tribunal, según la propuesta de la Comisión, estará compuesto de una corte de primera instancia y una cámara de apelaciones.
La UE y Estados Unidos negocian desde 2013 un tratado de libre comercio que, de concretarse, crearía la mayor área de libre comercio del mundo. El objetivo es cerrar el acuerdo en 2016.
Uno de los puntos que bloquean la negociación es el de los tribunales arbitrales, conocidos como ISDS (Investor-state dispute settlement).
Los estadounidenses exigen estos procedimientos, que permiten pasar por encima de las jurisdicciones nacionales. Por eso, sus críticos los consideran como un portillo para que las multinacionales puedan ignorar las políticas públicas.
La querella presentada en 2010 por Philipp Morris contra Uruguay, que aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, suele ser citado como un ejemplo por los detractores de este mecanismo.
Alemania se opone a estos tribunales, pero España está a favor e incluye generalmente esas cláusulas en las inversiones de sus multinacionales en terceros países, lo que le permitió por ejemplo a la petrolera Repsol recuperar su inversión tras la expropiación de YPF por Argentina.
Para evitar que las multinacionales ignoren las políticas públicas, «el derecho de los gobiernos a reglamentar estará inscrito y garantizado en las disposiciones de los acuerdos de libre comercio», subrayó Malmstrom.
En el acuerdo también se incluyen garantías que precisan que los gobiernos respetarán «ciertos principios fundamentales sobre el trato a los inversores extranjeros».
Los inversores podrán entablar acciones legales si se estiman víctimas de «discriminación sexual, racial, vinculada a la religión, la nacionalidad, la expropiación sin indemnización o la denegación de justicia», precisó la Comisión en un comunicado.
¿»justicia pública» o a «dos velocidades»?
«Lo que estamos proponiendo es un sistema de justicia pública, no una justicia privada», señaló Malmstrom.
La propuesta detalla que el tribunal de primera instancia podría llegar a tener quince jueces, cinco de la UE, cinco de EEUU y cinco de terceros países, de competencias y calificaciones similares a las que se requieren para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia o del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
«Este es un cambio fundamental con respecto al sistema del ISDS que opera con (…) árbitros escogidos por las partes en litigio», según la Comisión.
La propuesta debe ahora ser discutida con el Parlamento Europeo y los Estados miembro de manera informal, para hallar una posición común antes de continuar la negociación con Washington.
Las primeras reacciones fueron tibias. El lobby europeo de empresas Businesseurope dijo que prefería el sistema ISDS y advirtió a la Comisión que el proyecto podría resultar muy complicado para la mayoría de las compañías.
«Entendemos que la intención es tener un sistema más transparente, pero tenemos que ser cuidadosos de no introducir demasiadas condiciones que limiten las protecciones y dejen un sistema imposible de utilizar en la práctica», señaló en un comunicado.
El grupo de los Verdes de la Eurocámara consideró el proyecto como una «cortina de humo», que sólo cambia el nombre pero no el fondo del sistema.
La ONG ambientalista Greenpeace criticó el plan, por considerar que establece un «sistema judicial de dos velocidades: una justicia de privilegio para las multinacionales para proteger sus intereses privados y una justicia para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas».
Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), en 2014 se iniciaron 42 arbitrajes de los cuales 35 fueron entablados por inversores de países desarrollados, en un 60% de los casos contra países en desarrollo.
La cantidad de casos conocidos por los que se alcanzó un arbitraje asciende según la UNCTAD a 356. Los países más demandados son Argentina (56 casos conocidos), Venezuela (36) y República Checa (29).
