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René Martínez Pineda
Desde que las primeras universidades fueron fundadas en la región continental de América Latina (Perú, 1551) el papel de éstas en la sociedad siempre ha sido objeto y sujeto de debates acalorados, dilemas axiológicos viscerales y posturas políticas e ideológicas antagónicas, las que, groso modo, pueden reducirse a dos opciones: mantener, justificar y avivar el sistema político-económico dominante (primero la Colonia, luego el capitalismo en pleno) o instalar uno nuevo vía revoluciones sociales armadas, triunfantes en todo sentido, en las que estudiantes y maestros han mostrado un protagonismo esencial como intelectuales orgánicos. Esos dilemas y debates al interior de la universidad pública han tenido, en lo fundacional, pocos cambios en los últimos siglos, los que pueden sistematizarse en grandes fases: de 1538 a 1812, como referente y sustento ortodoxamente erudito del colonialismo y su monárquica aura católica; de 1918 a 1990 –desde la Reforma de Córdoba- como sustento teórico, ideológico, científico –y hasta geográfico- del compromiso social de la ciencia y la opción preferencial por los pobres, primero, y de la vía armada como forma idónea para la toma del poder, después, sin obviar que -en silencio, en lo interno de esas cronologías y trompetas- nunca ha abandonado su función originaria de formar la mano de obra calificada que el capitalismo ha necesitado y demandado, por las buenas o por las malas. Esos dilemas y debates al interior de la universidad pública –en cualquier fase histórica- han ido acompañados de una gran paradoja fundacional y de emboscadas criminales (montadas por sus enemigos internos, externos, similares y conexos) en las formas más variadas que se puedan imaginar o urdir en el purgatorio de la ignorancia, las que van desde cierres e intervenciones militares con sus respectivos asesinatos, desapariciones, exilios, destrucción y saqueos a la luz del día, hasta injerencias administrativas externas o cierres propiciados por factores sanitarios, generalmente pandémicos, como el de 2020-2021 que los enemigos internos de la universidad –como corderos de la tecnología e idólatras del capital- amenazan con extender dos años más para prepararle el terreno al capitalismo digital, lo cual se convierte en la que llamo “la peor y más nefasta intervención a la universidad pública sin disparar ni un solo tiro, vulnerar la autonomía o meterle mano a la ley orgánica”.
A cincuenta años de la brutal intervención a la UES (19 de julio de 1972) que puso en cuarentena al pensamiento crítico durante un año –intervención que se superó a sí misma, en todo sentido, con la de junio de 1980- tal parece que la larga y feroz cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus –usando otro virus más letal y perverso porque sus efectos nocivos durarán décadas- se hará aún más larga y continuará atacando a los estudiantes universitarios hasta convertirlos en la “generación olvidada y despreciada”, al menos así será en la Facultad de Humanidades –UES- y en las otras facultades que siguen con el recurso de la cuarentena forzosa como táctica para: asesinar a la educación presencial con el arma translúcida de lo virtual; poner en aislamiento carcelario al pensamiento crítico para minimizar la denuncia interna y exiliar el debate teórico-político militante; precarizar al docente al expropiarle la casa para convertirla en aula; cosificar las relaciones sociales reales para que se vea la realidad como una cosa plana y peligrosa que no se transforma con el tiempo, ni podemos transformar a tiempo (divorcio entre la teoría y la praxis); hacer uso del tiempo de la universidad para trabajar en otros lugares privados, con lo que se efectúa un desfalco y una transferencia gratuita desde lo público; y, lo peor, cremar, en solitario velorio sin café con pan dulce, a la socialización presencial que es la base de la ruptura de paradigmas y de la formación de ciudadanos con identidad sociocultural, en tanto que la talidad del ser humano la dan las relaciones sociales porque es presencia sobre presencia, realidad sobre símbolo o imagen, porque la realidad no es plana, no es una cosa y no es el reflejo de un reflejo, debido a que es –usemos una metáfora- el cerebro el que produce las ideas, no las ideas al cerebro. Lo anterior es elemental y es el más grande olvido de la memoria histórica.
Para comprender lo que podría pasar con la universidad pública de seguir con la necedad capitalista de que lo virtual someta a lo presencial (para ejecutar nuevas expropiaciones similares a la acumulación originaria de capital del siglo XIX) sin esgrimir una justificación educativa válida, es esencial recordar las principales emboscadas de las que ha sido objeto en la modernidad, antes de la pandemia, en el seno de la gran paradoja que muchas autoridades universitarias, a lo largo y ancho del tiempo, han tratado de resolver socavando los intereses educativos de estudiantes y maestros: la universidad es más grande que su comunidad sólo cuando piensa y actúa como la parte más pequeña, o sea que es más grande en la medida en que es tan pequeña como los intereses de sus miembros. Siendo generalistas diremos que ha habido tres emboscadas modernas a la universidad pública, las que han provenido de dos fuerzas que, usando cruentos testaferros muchas veces –como lo fueron los ministros de Hacienda, el ejército, los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad del Estado- se pueden resumir –perifraseando a Boaventura de Sousa en sus presencias y ausencias- en dos proyectos locales con sangre mundial: el capitalismo universitario que seduce a los incautos con sus promesas de prestigio académico y movilidad social, y la ultraderecha ideológica y religiosa parapetada en el academicismo reaccionario e inicuo sin compromiso social.
La primera emboscada se ha mantenido inamovible en los últimos cuarenta años con los fusiles del neoliberalismo como lógica dominante del capitalismo en busca de nuevos campos de revalorización y ampliación del capital. En ese momento, la universidad –puesta al servicio de la clase dominante- pasó a concebirse –más que en los cien años previos- como un espacio sin conciencia crítica propicio para la inversión privada en función de la propiedad privada. En el caso salvadoreño, esa emboscada inició con la intervención militar de 1980 de la mano de las siguientes acciones: promover y legalizar la creación de universidades privadas –de muy bajo nivel académico, la mayoría, pero bien alineadas en lo teórico y lo político- y, restándole fondos a la universidad pública, les proporcionó fondos del Estado bajo la figura de subsidios a la investigación (investigación por encargo) o a la realización de proyectos puntuales; hacer de las crisis financieras del Estado, propias de un país en el que los ricos no pagan impuestos de acuerdo a sus ingresos, para financiar de forma cada vez menor –en lo relativo, más que en lo nominal- a la universidad pública y hacerla menos relevante y más desfasada como tanque de pensamiento social e invención tecno-científica.
