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Eugenio J. Ríos
La oligarquía tiene deudas por cobrar, sean pasadas, presentes y hasta futuras. No le gustan muchas cosas, entre ellas no le permitan participar en las decisiones políticas y económicas de los gobiernos, más cuando de alguna manera ciertas medidas “afectan” su estabilidad y formas de obtener dinero.
El primer gobierno del FMLN puso en claro muchas cosas, entre ellas no aceptar presiones ni “consejos” para echar adelante su programa económico y social, dándoles participación a las mayorías de la sociedad y no permitiendo intromisiones en los planes estratégicos.
Los minoritarios grupos de poder económico han estado acostumbrados por años a imponer presidentes de los tres Órganos del gobierno, es decir Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también directores y ejecutivos en instituciones autónomas, de esta manera se garantizaban participar y ganar licitaciones y hacer negocios con las arcas del Estado.
El presidente Mauricio Funes inició su gestión suprimiendo las mal llamadas cuotas voluntarias que los salvadoreños de menos ingresos económicos pagaban en los hospitales y unidades de salud públicas para ser atendidos en la consulta externa, así como para hacerse exámenes clínicos y recibir medicinas.
Sus primeras declaraciones de no aceptar presiones de ningún tipo y de privilegiar en su gobierno a las familias más vulnerables, fueron un dardo al corazón de la oligarquía, de inmediato surgieron los programas sociales en concreto la entrega gratuita de zapatos, uniformes y útiles escolares a estudiantes de escuelas públicas.
Los proveedores ya no eran los tradicionales empresarios, grandes almacenes y fabricantes de calzado a gran escala, el gobierno privilegió a los pequeños y medianos, les otorgó créditos y otras facilidades para fundar sus negocios y cumplir con las entregas solicitadas por el Ministerio de Educación.
Los grandes negocios de la venta de medicinas se terminaron con la aprobación de la Ley de Medicamentos, los salvadoreños en su mayoría no contaban con el dinero suficiente para adquirirlas, un estudio de la Universidad de El Salvador reveló que muchas farmacias tenían ganancias superiores al 5 mil por ciento.
Los laboratorios impulsaron una campaña para revertir la medida y evitar el establecimiento del Instituto Nacional de Medicamentos, que se ha convertido en una institución garante de la estabilidad de los precios y la calidad de las medicinas importadas y las producidas en el país.
El laboratorio Santa Lucía propiedad de Alfredo Cristiani, ganaba la mayoría de las licitaciones para proveer de medicinas al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Salud Pública, muchos de esos medicamentos ya estaban a punto de vencer, como se comprobó al descubrir medicinas enterradas.
El gobierno del presidente Funes, presentó a la Fiscalía General de la República (FGR), más de 150 casos de corrupción cometidos por los cuatro regímenes de Arena, los expedientes señalan a la mayoría de los ministerios, ligados estrechamente con grandes empresarios en el cometimiento de distintos delitos.
La persecución actual contra el presidente Funes y otros ex funcionarios de su gobierno, es una clara venganza de la oligarquía, aliada con otros poderes fácticos, incluso gozando del apoyo de políticos de otros países, función cumplida eficientemente por la Sala de lo Constitucional y la FGR.
La “gran prensa” también es parte de esta agenda en su permanente campaña de desprestigio contra el gobierno, en una primera instancia para crear ingobernabilidad e inestabilidad política, en segundo lugar provocar una crisis financiera y por último intentar recobrar el Ejecutivo en 2019 para continuar con su saqueo de las arcas del Estado.
