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@arpassv
En declaraciones y resoluciones de su reciente asamblea realizada en El Salvador, sovaldi sale healing la Asociación Interamericana de Radiodifusores (AIR) se pronunció por “el cabal cumplimiento de los tratados internacionales y acatamiento de las resoluciones, ask recomendaciones y sentencias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.
La afirmación no puede ser más irónica y demagógica porque, si por algo se caracterizan los planteamientos de AIR, es –precisamente– por contrariar los parámetros internacionales de libertad de expresión y medios, entre éstos los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
AIR se opone al reconocimiento legal de los medios comunitarios, establecido en los “Estándares para una Radiodifusión Incluyente” de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos. Estos estándares incluyen la reserva del espectro radioeléctrico y mecanismos democráticos para asignar frecuencias a los medios comunitarios.
Para la gremial continental de radios y televisoras privadas, las leyes de medios comunitarios son una “amenazada para la libertad de expresión”. Lo mismo que las leyes de medios públicos, porque “los únicos medios que garantizan la democracia (y por tanto los únicos que deben existir) son los privados”.
AIR tampoco acata la prohibición de la concentración mediática, contenida en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión. Dicha declaración señala que “los monopolios u oligopolios mediáticos deben sujetarse a leyes antimonopólicas porque conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno derecho a la información de los ciudadanos”.
Por el contrario, el gremio de radiodifusoras privadas se opone a la democratización del espectro radioeléctrico y defiende los intereses de los grupos mediáticos concentrados en todos los países de la región: Televisa y TV Azteca en México, Globo en Brasil, Clarín en Argentina, TCS en El Salvador, etc.
AIR pide cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que manda al gobierno venezolano a devolver equipos incautados a RCTV; pero omite que dicho fallo también prohíbe la renovación automática de las concesiones, niega los “derechos adquiridos” de los concesionarios y confirma la facultad de los Estados para decidir sobre el espectro radioeléctrico.
Así que la verdadera amenaza contra la libertad de expresión no son leyes de medios comunitarios y públicos que buscan pluralizar el modelo mediático, sino la postura falaz y actitud antidemocrática de gremios de medios privados que piden respetar los estándares internacionales pero en la práctica los contrarían.
