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Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación COMCAVIS TRANS. Foto Diario Co Latino/René Estrada.

“La vida de una persona LGBTI no cuenta para el sistema de justicia”: Bianka Rodríguez

Oscar López
@Oscar_DCL

En El Salvador se reportaron crímenes de odio contra la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales). En los últimos años se registraron veinticuatro crímenes por odio, catorce en el 2018 y diez en el 2019, las principales víctimas fueron mujeres trans.

Bianka Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación COMCAVIS TRANS detalló que durante el 2018 se documentaron siete casos de asesinatos de mujeres trans. En el 2019 la cifra aumentó, ya que se contabilizaron ocho asesinatos de mujeres trans.

“Esto indica que hay mayor violencia dirigida hacía las mujeres trans, por su identidad o expresión de género. En el marco de acceso a la justicia estamos viendo que la fiscalía trata de investigar los crímenes por odio bajo las reformas al Código Penal en los artículos 129 y 155”, declaró Rodríguez.

De igual forma, Rodríguez lamentó que en el caso del asesinato de Camila Díaz, que fue asesinada en febrero del 2019, y en el que están involucrados elementos de seguridad pública, específicamente agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el sistema público defiende a los agentes y trata de desvincularlos del homicidio, aunque existen pruebas en las que se documentó que fueron los agentes los que agredieron a Díaz.

“El sistema de justicia no es  vigoroso al atender los casos de homicidio contra mujeres trans, vemos que la fiscalía presentó la acusación de delito de odio en el caso de Anahí Rivas, en el que la jueza dejó en libertad condicional al homicida y le dio medidas sustitutivas como firmar en el juzgado, no salir del país o no ingerir bebidas alcohólicas, esto indica que la vida de una mujer trans o de una persona LGBTI para el sistema de justicia no cuenta”, enfatizó Rodríguez.

La directora ejecutiva de COMCAVIS TRANS agregó que con este tipo de decisiones se concluye que el sistema de justicia salvadoreño considera el asesinato de una persona LGBTI de menor importancia que si se trata de una persona heterosexual.

En cuanto al procesamiento de una escena del crimen y de los datos de las víctimas, Rodríguez explicó que hay dificultades al momento de procesar los datos de las víctimas. “Hemos documentado homicidios de personas LGBTI, tanto de reportes de la fiscalía como de la PNC, sí los segregan por orientación sexual o identidad de género, la dificultad está en que los datos o cuadran, la policía reporta un número de asesinatos mayor que la fiscalía”.

COMCAVIS TRANS espera que los funcionarios se comprometan a implementar protocolos para la atención de personas LGBTI, ya que desde que inició la nueva administración gubernamental no han concretado reuniones con funcionarios de alto nivel que tengan la facultad de suscribir compromisos y ejecutarlos para beneficio de este sector de la población.

“Con la administración pasada nos podíamos sentar con el ministro (de Justicia y Seguridad Pública) a tomar decisiones, a analizar acciones concretas, planes de trabajo para dar monitoreo a la Política de Atención a Personas LGTBI, pero con la nueva administración no hemos tenido la oportunidad, simplemente hemos tenido reuniones con personas que no tienen la facultad de decisión”, externó Rodríguez.

Por lo que esperan que los actuales funcionarios demuestren un mayor compromiso para atender estos temas, ya que en lo que va del 2020 ya se reporta un homicidio de una mujer trans, del que no se han reportado capturas ni avances en la investigación.

Recientemente, se realizó el Examen Periódico Universal, en el que los Estados parte hicieron recomendaciones en materia de derechos humanos al Estado salvadoreño, la adopción de este informe se llevará a cabo el 12 de marzo, con lo cual El Salvador se compromete a cumplir las recomendaciones.

En lo relacionado a derechos de las personas LGBTI, la mayor parte de Estados recomendó que se legisle a favor de las personas trans, sobre todo en lo relacionado a garantizar la identidad de género, acceso a la justicia, mecanismos de protección y de prevención de violencia, no discriminación por orientación sexual, entre otras.

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