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La vida e integridad de la persona detenida es responsabilidad del Estado: abogado Otto Flores

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

Colaboradora

El abogado penalista Otto Flores, en una entrevista realizada por Radio YSUCA, destacó las actuales condiciones en las cárceles y los problemas que se han dado desde el régimen de excepción. Flores expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas al ingresar al sistema penitenciario, ya que pierden sus empleos y, al salir, carecen de los medios para subsistir.

El abogado resaltó que los familiares tienen que proporcionar paquetes de limpieza y alimentos. A pesar de que el país cuenta con una de las poblaciones carcelaria más grande del mundo, carece de presupuesto para los reos. Flores denunció que los procesos de investigación se han convertido en condenas anticipadas, con lapsos de 3, 4 o incluso 5 años para que un juez declare la inocencia de un individuo.

El abogado estimó que existen hasta 25,000 personas detenidas sin pruebas contundentes de colaboración con pandillas y que se basan únicamente en un rumor o una declaración anónima.

Flores expresó su desacuerdo con la falta de imparcialidad en el sistema judicial, y mencionó que las visiones de los jueces son primitivas, donde la misión parece ser obtener una condena en lugar de garantizar la equidad. Subrayó que una vez las personas sean detenidas, son responsabilidad del Estado, y los jueces deben basarse en la Constitución,  el derecho internacional, los derechos humanos y las leyes del país.

El abogado también abordó la falta de comunicación sobre las muertes de los detenidos que, en algunos casos, los familiares se enteran meses después a través de funerarias que operan dentro de los centros penales.

Flores mencionó que la sobrecarga de población en el sistema penitenciario y la falta de personal en la dirección de centros penales podrían ser factores clave en la falta de información y en el cierre de casos por parte de la fiscalía. Además de que existe una situación crítica en el sistema penitenciario, donde la falta de recursos, imparcialidad judicial y sobrecarga de casos están generando consecuencias para los detenidos y sus familias.

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