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José Roberto Osorio, no rx M. Sc.
Economista
La coyuntura permite analizar los enfoques con que las propuestas de gobierno han sido formuladas, cure para constatar si las mismas tienen en cuenta los derechos humanos y su importancia para el desarrollo. Desde hace años existe consenso generalizado en que los derechos humanos son imprescindibles para el logro del desarrollo, vínculo que quedó claramente explicitado en el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD: “Los derechos humanos y el desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de cada ser humano”, reconociendo los derechos humanos como parte intrínseca del desarrollo y de este como un medio para hacerlos realidad.
Tal enfoque tiene como objetivo integrar en las prácticas del desarrollo los principios éticos y legales inherentes a los derechos humanos y cortar con anteriores prácticas centradas en la identificación y satisfacción de necesidades básicas de la población, sustituyéndolas por prácticas basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones. Las necesidades no. Hablar de derechos implica identificar quién tiene responsabilidades en relación con su cumplimiento.
Además, para garantizar el pleno respeto de los derechos reconocidos se ha señalado que los Estados deben “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Por otra parte, se comprenden las dificultades de construir planes de gobierno a partir de denuncias, quejas, reclamaciones, deseos, solicitudes y articularlas debidamente en un marco en que se garanticen resultados de calidad. Esta situación podría resolverse al reconocer que el derecho fundamental de las personas es el derecho a la vida. Puede parecer perogrullada, pero si una persona está muerta no puede ejercer el conjunto de derechos que le son inherentes. De tal modo que los Estados deben poner en primer lugar la protección de la vida e integridad de las personas. De hecho, así lo establecen instrumentos internacionales de Derechos Humanos. El Art. 3 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
La Constitución de la República en el Art. 2 pone: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.
Teniendo en cuenta los problemas actuales del país y la complicada situación fiscal, resultaría conveniente que los planes de gobierno se articulen alrededor de la protección del derecho fundamental de las personas para, en primer lugar, detener el chorro de sangre de todos los días que salpica a toda la institucionalidad, incluyendo a las entidades que se dedican a “la promoción del bien” y en general a toda la sociedad. El crimen y sus consecuencias han generado y consolidado una imagen externa del país muy negativa que afecta a todas las actividades de la sociedad. El crimen impacta negativamente en la salud, la educación, la economía y a todas las actividades. Ya la “seguridad” no debe ser el cuarto “eje” o tercera “prioridad” en los planes. De nada sirve ofrecer la creación de empleos cuando las empresas deben cerrar cada día debido a las amenazas y la muerte. Es impostergable formular un plan dirigido a la protección integral de las personas y combatir de manera frontal, inteligente y creativa al crimen y a la violencia.
Si a lo anterior se agrega la aplicación del Principio de Pareto, (regla del 80-20), se puede incluso disminuir el burocratismo en la administración, ya que se concentrarían esfuerzos, recursos, energía e inteligencia en el problema central que afecta a todo y que al resolverse también contribuye a solucionar las demás carencias o limitantes. En vez de atender a los muchos triviales, se debería trabajar en los pocos vitales.
Asimismo, apoyando las iniciativas para hacer un gobierno eficiente y austero, podría considerarse aplicar también el Principio o Revelación de Sturgeon que los especialistas resumen en “el 90% de todo es desechable”.
