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Eugenio J. Ríos
No es ningún secreto: la oligarquía salvadoreña se ha sentido mal desde la ascensión del FMLN al Ejecutivo en 2009, sus dolores se intensificaron en 2014, cuando un ex comandante guerrillero, el profesor Salvador Sánchez Cerén, accedió a la presidencia, comprendieron que debían actuar con nuevos métodos para desestabilizar al gobierno.
Las nuevas estrategias incluyen una permanente campaña mediática contra toda obra y proyecto impulsado, una ola de rumores sobre divisiones e incapacidad de funcionarios del gobierno, movilizaciones de grupos de fachada, paro de labores en instituciones claves como el Ministerio de Salud, Educación y hospitales públicos.
Al mismo tiempo, testaferros al servicio del partido Arena, dan declaraciones a los medios escritos, a la radio y la televisión siguiendo una agenda ya establecida y de acuerdo con los lineamientos trazados por los minoritarios grupos de poder económico, también salen a la palestra miembros de las cúpulas empresariales.
El objetivo es crear zozobra y desestabilización en el gobierno con el propósito de provocar un “golpe suave” como ya lo hemos visto en Paraguay y Honduras y se intentó en Venezuela, Ecuador y Bolivia. La oligarquía sabe que en El Salvador no les resultará fácil en cuando existe un partido fuerte y cohesionado como el FMLN.
En todos estos planes ha jugado un papel principal la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos, sentencias, resoluciones y medidas cautelares han perjudicado tanto al Ejecutivo como al Legislativo, pues se han tomado atribuciones de interpretar y “sugerir” la aprobación de nuevas leyes.
El gobierno ha sentido los impactos pues se ha pretendido desestabilizarlo financieramente, como esa última resolución donde se declaró inconstitucional la aprobación de títulos valores por $900 millones, aprobados por la Asamblea Legislativa y dirigidos a la seguridad, inversión y programas sociales.
La oligarquía conoce las dificultades que atraviesa el gobierno en materia fiscal, por ello “recomienda” a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional anular la aprobación de los préstamos y toda clase de convenios encaminados a cancelar abonos de la deuda externa y otros compromisos con gobiernos y organismos internacionales.
El gobierno a pesar de todos los inconvenientes, de la enorme oposición de las fuerzas fascistas, ha continuado impulsando su Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, El Salvador productivo, educado y seguro, como se puede comprobar todos los días con el trabajo realizado por todos y cada uno de los ministerios e instituciones autónomas.
La oligarquía se equivoca al pensar que el daño se lo ocasiona al gobierno o al FMLN, las repercusiones van directamente a la población salvadoreña, sobre todo la más vulnerable esa olvidada por los sucesivos gobiernos derechistas, principalmente Arena que suspendió los subsidios y nunca pensó en programas sociales.
Los gobiernos del FMLN jamás han aceptado presiones de los grupos económicamente poderosos, por el contrario han propiciado la participación de las comunidades organizadas, de los distintos sectores, en todos aquellos planes encaminados a contribuir al progreso y desarrollo del país.
El proyecto político e histórico del FMLN en beneficio de la población salvadoreña no sufrirá alteración alguna por más esfuerzos desestabilizadores impulsados por la oligarquía y sus testaferros, los dirigentes y militantes de este partido se han comprometido a llegar a las últimas consecuencias en defensa de los más sagrados intereses del pueblo salvadoreño.
