LA VILEZA TRAS LAS DETENCIONES IRREGULARES

Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador

El pasado 13 de octubre, José Saúl Castillo Alberto falleció bajo detención, a apenas 12 días de su liberación por orden judicial y luego de demostrarse que su detención de 2 años bajo el régimen de excepción había sido injustificada pues era inocente.

Era empleado del MOP y nunca tuvo un prontuario policial, por lo que judicialmente su detención supone una irregularidad, demostrándose que fue para cumplir con la infame cuota de detenciones que a las patrullas policiales se les impuso desde el régimen.

Otro hecho que se desprende de su muerte, además de ser un hombre joven y saludable al momento en que se lo detuvo, es que desarrolló rápidamente una acusada desnutrición que lo dejara literalmente en los huesos, cadavérico, incapaz de sostenerse por sí mismo, lo que a su vez degeneró en males endocrinos y renales, que lo llevaran finalmente a la muerte.

Su asesinato dentro del sistema carcelario no es lamentablemente una excepción, sino parte de una política del régimen, que incluye la negación de alimentos o de asistencia médica para los detenidos, como la práctica de tortura y el asesinato por parte de sicópatas en el papel de carceleros, para precisamente cumplir esa tarea.

Los tales aparentemente son conocidos públicamente, pues sus rostros circulan en la red bajo sendos señalamientos por estos crímenes.

Por supuesto corresponderá al sistema judicial determinar si lo son realmente, lo que no sucederá por ahora.

Las perturbaciones que impulsan a los responsables de estos crímenes, están motivadas por patologías que claramente conforman sujetos con trastornos de personalidad, implicando que su elección es además de intencionada, asistida por la seguridad que serán protegidos por el régimen.

Este patrón implica que esto confirma que son parte de una política no admitida pero sí desarrollada por el régimen.

Esto es así porque todo el régimen, incluidos el fiscal general y la procuradora de DDHH, como el comisionado presidencial de DDHH, están alineados con ella, desconociendo que suceden y declarando que son apenas algo regular “y común”.

Otro hecho que se desprende de esto, es el que se reconocen hasta 312 muertes dentro del sistema carcelario, pudiendo ser hasta 800, demostrándose que hasta el 94% nunca tuvo ningún prontuario policial, siendo inocentes, víctimas de las irregularidades del régimen, y asesinados por este.

La justificación del régimen, que pasa por reconocer la liberación de hasta 10,000 de los 80,000 detenidos bajo el régimen de excepción, procura imponernos la narrativa de que son una mera casualidad, una anomalía que no corregirá, porque su único logro deriva de la aparente seguridad lograda.

Toda una falacia, pues ni la violencia social ha desaparecido, ni sus causales atacadas, para en cambio profundizar las desigualdades y la inequidad que el régimen representa y genera.

Por otro lado, las víctimas son desfavorecidas sociales, por lo que el cálculo era que no habría consecuencias, pero en cambio algunas familias demandan justicia.

Esto deberá ser no solo para los ejecutores, también para los instigadores.

Y sabemos dónde están.