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Luis Armando González
Enfrentar el problema de la violencia es un desafío nacional de enorme envergadura. Qué duda cabe que es responsabilidad del Estado, advice en su conjunto, here atender el problema; pero la sociedad no puede quedarse el margen de las decisiones que se tomen, capsule no sólo en el plano preventivo, sino también en esa dimensión siempre polémica que es la coerción. A estas alturas se sabe bastante acerca de las aristas más graves de la violencia; se sabe que, además de no ser un problema nuevo, se ha complejizado a lo largo del tiempo. Y se hará mucho más complejo si no se lo aborda de manera integral y con determinación.
En el presente, se tienen que tomar decisiones en materia de prevención y erradicación de la violencia en las que se juega el futuro del país; de ahí la necesidad de que cada actor social y cada instancia pública asuman la responsabilidad que les corresponde. Lo más contraproducente, en estos momentos, es depositar en otros la responsabilidad exclusiva de encarar el desafío de la violencia, con el argumento de que “a ellos les corresponde resolver el problema, y si no lo hacen mala suerte”.
La violencia es, hoy por hoy, un problema nacional y sin la participación e involucramiento de la sociedad, lo mismo que sin la actuación del Estado como un todo, no será posible darle una solución duradera.
En este orden de ideas, un tema que no se puede obviar cuando se aborda el problema de la violencia son sus costos económicos.
Desde los años ochenta, en lo que se llamó la ofensiva de la economía neoclásica, distintos fenómenos sociales se pusieron en la mira de la economía, que ayudó a examinarlos con una lógica económica que antes había sido descuidada. La violencia no escapó a este enfoque, según el cual hay que entender la actividad criminal como una actividad económica, es decir, como una actividad en la que sus agentes buscan maximizar las ganancias obtenidas por sus actividades criminales, a la vez que buscan minimizar sus costos, entre los que sobresalen las sanciones y castigos efectivos o posibles que podrían recibir si son capturados por la justicia .
La literatura sobre la violencia, en diferentes contextos y países, es firme en sostener que es responsabilidad de los Estados, mediante políticas públicas y de seguridad adecuadas, hacer de la violencia criminal una actividad en la cual los costos del crimen sean mayores que las utilidades generadas para los criminales. Si hay ganancias económicas para quienes delinquen, también hay pérdidas para las víctimas.
Esta línea de análisis exige preguntarse por cuánto le cuesta la violencia a la sociedad. Los rubros son variados: van desde los costos en seguridad privada, alarmas y portones, hasta los costos por robos, hurtos y extorsiones. A lo que se añaden los costos por tratamientos médicos a causa de lesiones o padecimientos nerviosos. Análisis más detallados de los costos económicos de la violencia permiten calcular el impacto que tienen los homicidios y las lesiones en la disminución del aporte laboral (traducido en ingresos económicos que dejan de percibirse) por parte de quienes fallecen o padecen lesiones que les dificultan trabajar parcial o totalmente.
Dicho en términos más amplios, la violencia no sólo es un negocio, sino que grava el desarrollo de los países afectados por ella. Es prácticamente imposible medir los montos que, en concepto ganancias, van a dar a manos de criminales.
Sí hay evidencias de que el crimen organizado se beneficia con millones de dólares que, gracias a la globalización, se ponen a salvo con relativa facilidad en los circuitos financieros internacionales.
En el libro La maña. Un recorrido antropológico por la cultura de las drogas, Edgar Morín Martínez hace un intento por acercarse a los montos económicos que se juegan en el narcotráfico a escala mundial. “Una vez colocados en el sistema financiero –escribe—, los fondos se ponen de nuevo en circulación hasta que su origen se vuelve indetectable” . Y recuerda que Moisés Naím refiere el ejemplo de un “blanqueador que transfirió a Colombia, pasando por Europa, 36 millones de dólares procedentes del tráfico de cocaína en Estados Unidos, utilizando un centenar de cuentas repartidas en 68 bancos de nueve países e indica estimaciones que calculan que el blanqueo de dinero ocupa entre 2 y 5% del PIB mundial, esto es, entre 800 mil millones y dos billones de dólares, aunque otros expertos elevan esta cifra hasta 10% del PIB global” .
Más adelante, sin embargo, Morín Martínez anota que, en el caso del narcotráfico, “el simbolismo se mezcla con la realidad de una actividad que mueve millones de dólares. ¿Cuántos? En realidad no es fácil saberlo con exactitud, pues su naturaleza ilegal sólo permite estimados. Tampoco es sencillo calcular precios o márgenes de utilidad, y de todas estas dificultades prácticas se nutre también el torrente de lo imaginario sobre una actividad que hoy en día ofrece, al que esté dispuesto a correr riesgos, la posibilidad de no poco dinero en efectivo” .
Sí hay mucho dinero en juego en las actividades del narcotráfico. Dinero que circula a través de redes legales e ilegales propiciadas por la globalización de los mercados y legitimadas por la cultura del éxito fácil, la ostentación sin límites de bienes y riqueza, y resguardadas por una impunidad que es global.
