Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Los Estados tienen que destinar recursos importantes, there que también gravan el desarrollo, look al combate del crimen en todas sus manifestaciones. Esto último debe ser destacado, ya que usualmente pasa desapercibido que la lucha contra el crimen requiere de recursos que si son insuficientes limitan la capacidad de las autoridades para cumplir con su responsabilidad en materia de seguridad. Lo mismo que se requieren recursos para la prevención de la violencia no sólo criminal, sino también social. Los ciudadanos y ciudadanas deben ser conscientes de ello, pues para enfrentar el problema de la violencia no basta sólo con buena voluntad, sino que se requiere –-para su prevención y combate efectivo— del financiamiento adecuado. En sociedades erosionadas por la violencia, la anomia y el desarraigo, la paz pública no está a la vuelta de la esquina, es decir, no es algo a conquistar en el corto plazo y sólo con buenas intenciones.
La paz social tiene un costo, el cual debe ser compartido por todos los miembros de la sociedad, en la proporción correspondiente a sus propios recursos y capacidades. No es un asunto ideológico o partidario: en sociedades atravesadas por la violencia social y criminal, cualquier gobierno que quiera ser responsable en materia de seguridad pública debe contar con los recursos necesarios para hacerse cargo del problema y ofrecer soluciones de mediano y largo plazo.
¿Cómo estamos en El Salvador? En nuestro país, el problema de la violencia es complejo y preocupante. No es un problema nuevo, pero en estos momentos ha alcanzado niveles que comprometen la convivencia social y el desarrollo económico. Visto comparativamente, no estamos en una situación tan dramática como la de México, pero ello no quiere decir que estemos bien en materia de convivencia social y de seguridad. Nadie en su sano juicio puede dejar de preocuparse por el índice de homicidios que, desde 1994 hasta 2014, presenta cifras que reflejan lo grave del tema. En el texto que se cita a continuación, se anotan esas cifras, que conviene nunca perder de vista, ya que de lo contrario se puede caer en visiones simplistas de la situación.
“Hacia 1994 y 1995, la realidad nacional –en sus dimensiones más hirientes de violencia homicida— nos mostraba una crisis social en gestación lenta, pero irremediable si no era abordada con determinación y visión de futuro. Los registros de homicidios de esos años reflejan la gravedad de la situación. Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, en 1994 se tuvieron, del total de homicidios, 7, 673 que fueron intencionales; mientras que en 1995, hubo 7,877 homicidios intencionales (el total de homicidios para ambos años fue, respectivamente de 9,135 y 8,485). Los años posteriores, en esa década, tuvieron importantes reducciones, pero eso no es para alegrarse pues las cifras siempre fueron espeluznantes.
Y en la siguiente tampoco hay motivos de alegría. Estos son los datos: 1999, 2,270 personas asesinadas; 2000, 2,341; 2001, 2,374; en 2002, 2,346; 2003, 2,388; en 2004, 2,933. En la segunda mitad de la primera década del 2000, la situación es mucho más preocupante, tal como lo revelan los registros del Instituto de Medicina Legal: para 2005, se tuvieron 3,812 homicidios (con una tasa de 55.5 homicidios por cada 100 mil habitantes); 2006, 3,928 (55.2 por cada 100 mil habitantes); en 2007, 3,497 (60.9 por cada 100 mil habitantes): en 2008, 3,179 (55.3 por cada 100 mil habitantes); y, finalmente, en 2009, 4, 382 (71.9 por cada 100 mil habitantes. Una revisión somera –y poco crítica— de distintas fuentes (que se pueden cotejar en Internet) dan estos datos de homicidios para la presente década: 2010, 4,005; 2011, 4,354; 2012, 2,551; 2013, 1,295; y 2014, 3,912 .1
En lo que va de 2015, el Instituto de Medicina Legal informa de 5,047 personas que han sido asesinadas entre el uno de enero y el 5 de octubre de este año, a razón de 18 crímenes por día2. En la postguerra, los años con más homicidios siguen siendo 1994 y 1995, tal como lo refiere la investigación sobre magnitud y costos de la violencia en El Salvador3. Para remarcar la idea de la gravedad del problema así como de su persistencia en el tiempo, hay que destacar que, de 1999 a 2004, la cantidad de homicidios superó los 2 mil casos (en 2004 casi llegó a 3 mil). De 2005 a 2008, la cifra de homicidios superó los 3 mil (en 2005 fueron 3, 812).
En 2009, 2010 y 2011 se superaron los 4 mil homicidios. A partir de los datos anotados arriba, en 2012 y 2013, hubo reducciones sensibles, mientras que en 2014 nos acercamos a la cifra de los 4 mil homicidios. Y, como se desprende de los datos de Medicina Legal, en 2015 se sobrepasarán los 5 mil homicidios4.
En casi imposible no caer en la cuenta de la tendencia creciente de los homicidios, como regla más que como excepción, desde 1999 hasta 2015. Pareciera que, más bien, las excepciones fueron los años 2012 y 2013, lo cual no revirtió esa lógica creciente que se refleja, aunque no se quiera ver, en los datos. Incluso, si fuera cierta la apreciación del Director del Instituto de Medicina Legal, en el sentido de que en 2002 y 2013 se superaron los 5 mil homicidios, la lógica creciente en los asesinatos se confirma. Y es por ello que el problema debe preocupar seriamente no sólo a las instituciones públicas, sino también al conjunto de la sociedad. Estamos ante un tema nacional de envergadura que, de no ser abordado con claridad y contundencia, será heredado a las generaciones venideras, tal como la presente generación lo heredó de los años noventa.
El impacto deshumanizador de la violencia es lo primero que debe preocupar. Pero no es lo único. Y es que la violencia, además de costos humanos –-que son los más hirientes—, tiene implicaciones económicas. Unas tienen que ver con los diferentes rubros involucrados en el negocio del crimen. Otras, con los costos económicos con los que cargan la sociedad y el Estado. En lo que se refiere al Estado, es inobjetable que sin los recursos financieros suficientes le será imposible no sólo atender como es debido el problema de la violencia, sino asegurar la paz pública en el largo plazo.
Dos son los terrenos en los que debe enfrentarse ese problema: el preventivo y el coercitivo. Ambos requieren, además de estrategias y líneas de acción eficaces, de recursos que hagan viables y sostenibles los esfuerzos institucionales orientados a encarar la violencia en sus distintas manifestaciones. No es fácil determinar cuáles deben ser las fuentes de financiamiento de la seguridad, pero que esas posibles fuentes deben explorarse es indiscutible. Diferentes alternativas deben ser exploradas, partiendo del supuesto -–razonable— de que una sola, además de insuficiente desde un punto de vista financiero, puede terminar por ser injusta para un sector de la sociedad.
Lo anterior obliga, por un lado, a meterle cabeza al asunto, de forma que se elaboren buenas propuestas no sólo desde un punto de vista técnico, sino realistas, pertinentes y con sentido de justicia. En segundo lugar, a un debate franco y honesto por parte de los principales actores socio-políticos de cara a plantear distintas propuestas y alternativas de financiamiento. Y, en tercer lugar, lo anterior también obliga a buscar consensos en torno a las mejores propuestas para que las mismas gocen de la suficiente legitimidad social y política.
Es probable que un debate sobre el financiamiento de la seguridad arroje, como resultado, consensos importantes sobre aquellas opciones que aseguren al Estado salvadoreño –y no sólo al Ejecutivo— los recursos necesarios para atender un problema cuya complejidad es, en estos momentos, mayor que en el pasado. Definitivamente, el problema de la violencia, en sus distintas manifestaciones, es un problema de país. Y, por ello, es un asunto que concierne al Estado, pero que también concierne al conjunto de la sociedad. Nadie puede decir que, si el problema no se resuelve, son otros los que habrán fracasado; en realidad, será un fracaso ante el cual todos, en menor o mayor medida, habremos contribuido por acción o por omisión. Y ante el cual, todos, en menor o mayor medida, pagaremos por las consecuencias.
1. L. A. González, “Las cifras de homicidios (1994-2014)”. Diario Digital Contrapunto, 5 de mayo de 2015.
2. D. Marroquín, “Homicidios de 2015 casi igualan a los de 2012 y 2013”. El Salvador.com
3.M. Cruz, L. A. González, L.E. Romano, E. Sisti, La violencia en El Salvador en los años noventa. Magnitud, costos y factores posibilitadores. Washington, BID, 1998.
4. D. Marroquín, Ibíd.
