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Jorge Vargas Méndez*
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La actuación del Estado siempre ha sido determinante en los estallidos de violencia que ha padecido nuestro país. La actuación que tuvo en relación a la tenencia de la tierra desde mediados del siglo XIX y que reiteró mediante leyes en 1880 y 1881, drugstore sirvió de caldo de cultivo para que la violencia se desatara varias décadas después. En ambos años, generic en contubernio con los grupos de poder económico, el Estado pauperizó a la mayoría de la población indígena-campesina mediante la extinción de tierras ejidales y comunales dejándola sometida, en lo que restaba del mismo siglo y en las primeras décadas del siguiente, a una severa represión que la obligó a postergar la expresión de su descontento hasta que, cual olla de presión, finalmente estalló en enero de 1932.
En poco o nada logró el Estado reparar el daño causado, comprando posteriormente varias haciendas para repartir pequeños trozos de terreno entre millares de familias rurales empobrecidas, muchas de las cuales emigraron a las ciudades donde poco a poco encontraron en la lucha organizada la posibilidad de construir un país diferente. Fue de ese modo que en las sucesivas décadas comenzó a adquirir sentido la guerra civil que algunos estudios ubican entre 1980 y 1992, pero que en realidad comenzó a hacerse evidente con los fraudes electorales de 1972 y 1977 y, sobre todo, con las masacres de comunidades rurales por parte de las fuerzas gubernamentales en esa misma década.
De ese modo es fácil comprender que la actuación del Estado inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Paz, modeló gradualmente la situación de violencia que actualmente padece el país y que se sufre más en unos municipios que en otros. Así, los factores detonantes de la violencia cotidiana que tendenciosamente colocan en alto relieve la mayoría de medios de comunicación, surgieron mucho antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Pero ante la negligencia o tolerancia del Estado que se expresó mediante la falta de respuestas multidisciplinarias y multisectoriales oportunas que se orientaran a combatir el problema desde sus raíces, es decir, desde sus causas estructurales, hizo que las distintas manifestaciones de la violencia se volvieran otra vez cada vez más complejas.
De ahí que resulta curioso escuchar que algunas empresas afirman estar invirtiendo millones de dólares en la niñez y la juventud a través de proyectos orientados a educación, formación y capacitación laboral, fomento de valores, etc. En principio es una acción loable, eso no hay que negarlo, pero ¿por qué no elevaron al 6% del PIB la inversión en educación cuando durante décadas controlaron los tres Poderes del Estado? Simplemente porque siempre actúan en función de sus intereses. Por eso ahora desde esa lógica están haciendo lo mismo que en el pasado, es decir, cuando a través del sistema educativo preparaban la limitada mano de obra calificada que requerían sus empresas, mientras el resto de la población escolar quedaba excluida y obligada a continuar en la pobreza o a largarse del país. ¿Acaso no sería mejor apostarle a la inversión interna para lograr un crecimiento económico que genere empleo para la población en edad de trabajar (PET), incluidas las personas responsables de esas niñas, niños y adolescentes a quienes afirman beneficiar con sus proyectos, y con lo cual al mismo tiempo se le restaría jóvenes a la vagancia y a los grupos de riesgo? ¡Eso sería actuar con perspectiva de país!
Así pues, también resulta un insulto a la inteligencia el supino señalamiento según el cual la situación de violencia actual es responsabilidad exclusiva de uno de los tres Poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, a través de las instituciones pertinentes (PNC, Centros Penales, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Defensa, etc.). ¿Por qué la derecha empresarial (incluida la mediática) y la partidaria no dirigen su mirada inquisidora hacia el Poder Judicial (Fiscalía General de la República, tribunales, Corte Suprema de Justicia, etc.), que desde hace mucho tiempo viene tolerando y con ello fomentando la impunidad? ¿Por qué no se le exige al Poder Legislativo que en su conjunto cumpla con el papel que le corresponde al respecto? Pareciera que ambos grupos, incluyendo a sus tanques pensantes, desconocen que la solución a la problemática mencionada, y muchas otras que afectan a la población, requiere que los tres poderes del Estado cumplan con las responsabilidades específicas que les otorga la Carta Magna.
Por qué no se le exige a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que investigue de oficio muchos casos que alarman a la opinión pública nacional e internacional, como los que reportan The Center for Global Workers Rights y Worker Rights Consortium: “Se está convirtiendo en una práctica común entre los empleadores salvadoreños contratar los servicios de miembros de las maras cuando quieren eliminar la presencia de organización sindical independiente. Un incidente de este tipo concierne amenazas de violencia hechas contra una líder sindical (…) En enero de 2013, la trabajadora y su sindicato informaron a la prensa local y a defensores internacionales que ella había sido amenazada a punta de pistola fuera de la fábrica por un miembro de una pandilla local –quien hizo amenazas que estaban explícitamente relacionadas con sus actividades sindicales– cuando salía del trabajo (Fuente: Alianzas nefastas, p. 25, enero de 2015)”. De igual manera las derechas deberían exigir que los tribunales cumplan con la debida y pronta justicia, que eliminen de una vez por toda la mora judicial. Un representante empresarial afirmaba un día de estos que las redadas policiales no están rindiendo los frutos esperados porque a los “quince días” las personas detenidas están volviendo a las calles. Quiso restarle méritos al trabajo de la PNC, pero no criticó el desempeño de los tribunales y tampoco el de la Fiscalía, dejando con ello en evidencia su crítica tendenciosa. ¿A quiénes buscan engañar?
*Poeta, escritor, integrante del Foro
de Intelectuales de El Salvador.
