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La Sala de lo Constitucional de la CSJ y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) señalan que situaciones del “incremento de violencia” o de seguridad,” no son por si solos suficientes para la justificación de regímenes de excepción.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Redes y organizaciones nacionales e internacionales demandaron de la administración del presidente Nayib Bukele, medidas y políticas estatales responsables, transparentes e integrales, a fin de combatir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones desde un enfoque de derechos humanos y acorde al derecho internacional del cual, es signatario El Salvador.
“Las organizaciones estamos presentes para expresar nuestro rechazo a la violencia de todo tipo y extendemos un abrazo solidario a las familias y comunidades que han recibido recientemente este impacto”, dijo Danilo Flores, del IDHUCA
Flores agregó “nos solidarizamos con las víctimas de la violencia que nuestras organizaciones han venido acompañando a lo largo de muchos años atrás y con los cuales, compartimos la esperanza de un pueblo unido y solidario que resiste en medio de una crisis sanitaria, política, económica y de seguridad”, expresó.
Sobre el contexto de la violencia social y las violaciones a los derechos humanos que históricamente han minado la evolución del país, Flores recordó que era una problemática de larga data que tiende a agudizarse y recrudecer ante la falta de políticas integrales y transparentes de seguridad ciudadana, violencia que al aumentar impacta contra las personas que viven en situación de desigualdad y vulnerabilidad.
“Reconocemos que la violencia en el país, es provocada por distintas causas estructurales y ejercida por múltiples actores, por eso debe ser abordada de manera responsable por parte del Estado. Garantizando la protección de sus habitantes y adoptar políticas públicas fundamentadas en la dignidad humana, la reparación integral de las víctimas y el debido proceso”, expresó Flores.
En cuanto al análisis a las afectaciones legales de los derechos y garantías de país, a raíz de las reformas legales del 30 marzo, por el Estado de Excepción y reformas en materia procesal penal y penal, que afectan las garantías judiciales, Abraham Ábrego, de CRISTOSAL, planteó algunas valoraciones de estos últimos hechos luego de una explosión de violencia ocurridos a partir del día 25 de marzo, que tomó la vida de más de 80 personas.
La primera observación está enfocada en la aprobación del Régimen de Excepción, que fue decretado el 27 de marzo por la Asamblea Legislativa, aprobado “sin dispensa de trámite”, que según explicó al no someterse al pleno para su análisis, discusión y posterior aprobación, el decreto sería” inconstitucional”, ante la falta de debate .
“En este tipo de medidas legislativas, sobre todo, cuando hay suspensión de derechos constitucionales a nivel nacional precisamente se requiere este análisis y debate sobre este tipo de medidas. Y tampoco, hizo el análisis de proporcionalidad -sobre todo- si habían otras medidas ordinarias que eran aplicables a la situación de inseguridad”, explicó.
Ábrego recordó que resoluciones de la Sala de lo Constitucional (Corte Suprema de Justicia) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) han señalado con anterioridad que estas situaciones del “incremento de violencia” o de seguridad,” no son por si solos suficientes para la justificación de regímenes de excepción.
“La segunda observación está en la medida adoptada por el Legislativo, que consiste en un decreto de reformas a varias normas en materia penal y procesal penal, que son reformas que afectan las garantías judiciales mínimas, por esto hacemos un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada a realizar un papel como garantes y protectores de la población más vulnerable, y que su respuesta no sea desproporcionada”, sostuvo.
Vanessa Coria, codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, se solidarizó con las personas defensoras y organizaciones pares del país, a quienes les reconoció su contribución histórica para construir un Estado democrático.
“Es por esto que hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso de continuar apoyando activamente la implementación de políticas públicas desde un enfoque de seguridad ciudadana. Así como planes y rutas de atención que aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención de la violencia, atención de víctimas, persecución del delito, rehabilitación y reinserción social, en el marco al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, declaró Coria
Asimismo, reconoció la labor y la especial contribución que entregan las personas defensoras y en particular las mujeres defensoras de derechos humanos que se encuentran en las comunidades, barrios y territorios empobrecidos y son las primeras en sufrir las mayores consecuencias de una histórica violencia social y estatal.
“Estas mujeres defensoras se organizan en redes, colectivas y en asociaciones en sus barrios, colonias y cantones para hacer frente a la violencia patriarcal, racista y clasista, pero también son ellas y ellos quienes se encuentran ante el mayor riesgo de ser víctimas de agresiones por particulares, incluidos las pandillas, el crimen organizado y agentes estatales. Así como sufrir mayor hostigamiento, persecución y criminalización en las recientes reformas aprobadas aunque ellas hagan propuestas para enfrentar las causas estructurales que originan la criminalidad y violencia desde sus propias realidades”, añadió Coria.
El acompañamiento a víctimas y la presentación de iniciativas para políticas públicas con enfoque de derechos humanos han sido “ignoradas”, por la presidencia, afirmó Anabel Recinos, de la Plataforma pro la Seguridad Ciudadana, al expresar que desde las organizaciones han presentado constantemente propuestas al gobierno sin haber obtenido respuesta desde el año 2019.
“La Plataforma por la Seguridad Ciudadana le ha presentado propuestas de políticas públicas en materia de seguridad que deberían retomarse y no hemos obtenido respuesta, hemos tenido una actitud propositiva y en realidad después de los Acuerdos de Paz (1992) , este es un momento crítico para las oenegés, porque nunca hemos tenido un gobierno tan irrespetuoso y es preocupante”, señaló Recinos.
Leonor Arteaga, integrante de la Fundación para el Debido Proceso, expresó que las organizaciones nacionales e internacionales ofrecen un “camino de paz social” y aportar desde sus experiencias propuestas innovadoras en la reducción de la violencia y respetando los derechos humanos de la población.
“Creemos que hay formas distintas de hacer las cosas y poder dar una respuesta a la población en el marco del Estado de Derecho y nos parece importante que haya una disminución en los homicidios en El Salvador, como han anunciado pero nos parece igualmente importante tomar en cuenta como un indicador de éxitos la reducción en la impunidad, investigaciones efectivas abiertas o relacionadas con operaciones policiales en donde hay un uso excesivo de la fuerza”, opinó.
“Estamos convencidos que la seguridad ciudadana debe ser una política integral del Estado, no toda solución del crimen se logra con acciones de funcionarios policiales se debe involucrar de manera integral a otras entidades del gobierno, empresa privada y por supuesto, a la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general y hay muchos países de América Latina, cuyas acciones más exitosas de reducción de homicidios y violencia son aquellas donde existe control judicial, control ciudadano, capacidad de diálogo y también involucramiento de las comunidades”, reiteró Arteaga.
Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, recordó la “carta abierta” al presidente Nayib Bukele, en la cual, comparte los temores de las organizaciones salvadoreñas e internacionales, sobre los retos en materia de seguridad pública que enfrenta El Salvador y que se han venido denunciando.
“Como muchas organizaciones nacionales e internacionales, lo han dicho, observamos con preocupación que las medidas aplicadas sea la suspensión y eliminación de elementos fundamentales del debido proceso, tanto como el decreto del estado de excepción como las reformas legales aprobadas recientemente y también, la ola de denuncias públicas en el ejercicio de estas medidas implementadas en el contexto actual”, expresó Valencia.
Llama la atención el “discurso presidencial confrontativo” del presidente Nayib Bukele, con la sociedad civil organizada y las personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación independientes, que han expresado de diversas formas sus “preocupaciones y observaciones” por las medidas adoptadas.
“Refrendamos nuestro compromiso con las organizaciones salvadoreñas de seguirlas apoyando, sobre todo, a ellas que son las que caminan a diario junto a las víctimas en la búsqueda de la justicia y el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
“Con las políticas y estrategias aprobadas que ya se ha comprobado que son medidas de violencia no son adecuadas para nosotros la violación a los derechos humanos no puede ser la solución a la violencia, si no que solo profundizan un contexto de abusos y arbitrariedades”, puntualizó Valencia.
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