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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Mi linaje es Lenca y Nonualco”, afirma con contundencia Abel Bernal, al señalar que los saberes ancestrales pueden ser una alternativa para resguardar la biodiversidad del bosque salado o manglar en la Bahía de Jiquilisco, Usulután, como alternativa al modelo económico que favorece los monocultivos, el uso indiscriminado de agroquímicos y la extracción de agua sin ninguna regulación.
“Es un momento crítico que estamos viviendo en el tema del calentamiento de la tierra, porque los mares ya no logran equilibrar la temperatura, cuando antes con la marea era suficiente para tener un clima apropiado para la vida de todos los ecosistemas. Esperamos que nuestra lucha permita encontrar aliados en todos los aspectos y salvar el planeta, no para nosotros, sino para las futuras generaciones”, expresó Bernal, líder indígena de los Pueblos Ulúas, Lencas y Nonualcos.
En el año 2005, la Bahía de Jiquilisco fue declarada por la Convención Relativa a los Humedales “Sitio Ramsar”, que valoran como espacios de “entornos muy productivos del planeta y cunas de diversidad biológica”, que les convierte en una fuente de agua dulce, alimentos y materiales de construcción; por tanto deben ser protegidos para salvar ecosistemas y la humanidad.
No obstante, la Bahía de Jiquilisco continúa expuesta a la actividad agrícola, incendios, acumulación de desechos sólidos, salinización de agua de pozos y monocultivos como la caña de azúcar que descarga agroquímicos en grandes cantidades, según mencionó Yvette Aguilar de la Mesa de Cambio Climático, que junto a Cáritas realizó el Foro Territorial “Cambio Climático, caña de azúcar y sus impactos en las comunidades del Bajo Lempa”.
La situación de precariedad aumenta con la designación de modelos económicos, que exponen a mayor potencialidad la vulnerabilidad de los ecosistemas de estos espacios protegidos internacionalmente, y de la población que reside en sus entornos y sobreviven de los recursos naturales.
“La amenaza adicional a los territorios y ecosistemas se duplica con las Zonas Económicas Especiales, porque la mayoría de los consorcios transnacionales interesados en establecerse en estas zonas son para un tipo de industria o actividad que requiere de legislaciones ambientales y laborales, muy laxas, puesto que la clave de su alta rentabilidad es bajo salario, condiciones laborales precarias y flexibilidad extrema a los horarios de trabajo. Luego en la parte ambiental, también exigen que el agua esta a disponibilidad, generando uso de la tierra o contaminación, por la agroindustria que se establezca, con poca o nula regulación”, señaló.
Aguilar agregó, que existen estudios que comprueban que en distintas partes del mundo, en este tipo de “zonas económicas especiales”, en los ámbitos social y ambiental, los impactos son más negativos que productivos para los pueblos que son impactados, porque muchos de estos marcos jurídicos minimizan el accionar de leyes de medio ambiente.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
“Un cambio climático puede hacer que un país declare una crisis climática, porque se manifiesta en una coyuntura o tiempo determinado, que se vuelve crisis para el país, que incluye hambruna, grandes contingentes de personas que emigran. En donde un Gobierno no tiene los medios, ni materiales para atender una crisis social, que podría llegar hasta la violencia; este es el panorama que estamos comenzando a observar entonces se debe tomar medidas ante esa situación”, argumentó.
El magistrado Samuel Lizama de la Cámara Ambiental habló sobre el mandato y procedimientos de denuncia ante delitos ambientales, y aclaró que los juzgados ambientales fueron creados por la Asamblea Legislativa (decreto 684/2014), que se enmarcaba en la Ley Ambiental de 1998.
“Hay tres juzgados ambientales: San Salvador, San Miguel y Santa Ana, que es uno para cada zona del país, además de la Cámara de Segunda Instancia.
Los tribunales ambientales trabajan con equipos multidisciplinarios y las demandas que la población tenga contra algún alcalde o gobierno local. Mientras, la Cámara Ambiental conoce de dos aspectos: las apelaciones a los jueces y de las demandas que se dirijan en contra del Estado y de los funcionarios públicos; somos competentes para conocerlo y la población debe conocer a fondo estos aspectos”, explicó.
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