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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Soy Rosa Mélida Alvarado, pertenezco a la comunidad El Mozote, departamento de La Paz, y estamos en lucha por una vivienda adecuada”, dijo en el marco de la conmemoración del “Día Mundial del Hábitat”, que reunió a 28 organizaciones que conforman la Plataforma Nacional por el Hábitat.
Las organizaciones de la Plataforma Nacional por el Hábitat señalaron que, tras diez años de haber presentado ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, que consideran un derecho humano a la vivienda adecuada, aún no es una realidad para las familias más empobrecidas del país.
Mélida Alvarado, quien integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA), afirmó que una vivienda digna debe -ante todo- estar registrada legalmente en el Centro Nacional de Registros de la República de El Salvador (CNR) para garantizar el acceso a la tierra y vivienda.
“Una vivienda digna, una vivienda adecuada debe contar con los servicios básicos, como agua, luz eléctrica y alcantarillado; porque, actualmente, muchas viviendas no cuentan con estos servicios y están en mal estado”, afirmó.
Una de las peticiones acotadas por la Plataforma Nacional por el Hábitat, es la derogación del Decreto Legislativo 23, del año 2009, referida a la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad y Posesión Regular de Inmuebles, por su impacto negativo entre las comunidades o familias que carecen de seguridad jurídica de los terrenos que habitan, ante la falta de una respuesta de viviendas de interés social. “Este decreto 23 es el que más afecta a las comunidades de la zona costera del territorio nacional, porque estamos expuestos a los desalojos, en casas de alta vulnerabilidad, donde no contamos con agua y eso nos ha afectado durante esta cuarentena por la pandemia del COVID-19”, argumentó.
Sobre el anteproyecto de ley, Teresa Hernández, de FESPAD, señaló que era importante definir en la Asamblea Legislativa un Plan de Vivienda, que beneficie a los sectores en desprotección y que sea incorporado en el Presupuesto General de la Nación del año 2021.
“Es urgente que se apruebe una ley Especial de Vivienda de Interés Social, elaborada con las comunidades demandantes y organizaciones sociales; y no desde un despacho ministerial para buscar una solución integral. Naciones Unidas (ONU), desde 1985, viene haciendo llamados en este tema, cada primer lunes del mes de octubre, con diferentes lemas y ahora el objetivo es que los pueblos y los gobiernos reflexionen sobre cómo está la situación del hábitat y, dentro de este, está la vivienda adecuada, el medioambiente; así como el lugar y las dimensiones de esa vivienda adecuada”, sostuvo.
Óscar Erazo, de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM) señaló que actualmente las empresas constructoras enfocan sus proyectos urbanísticos a viviendas que no pueden acceder por falta de capacidad de pago de las unidades habitacionales.
“El déficit cualitativo en El Salvador alcanza el 87.2 %, para el año 2019, tres de cada diez hogares no contaban con la seguridad jurídica de sus viviendas y de la totalidad de viviendas habitadas, al menos la mita está construida de materiales inadecuados o dañados. Tenemos allí cerca el proyecto El Ángel; el otro proyecto, La Acrópolis, en Nahulingo, Sonsonate, que afectan ríos, acuíferos naturales o sitios ancestrales y no nos dejan nada a las futuras generaciones, es por esto que insistimos en frenar de manera inmediata proyectos que pongan en riesgo los ecosistemas y derechos ambientales de la población. Y no permitir más desalojos de familias y comunidades enteras sin antes brindarles apoyo legal u opciones de vivienda adecuada por parte del Estado”, puntualizó.
