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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Michell Orellana, abogada de FESPAD, durante la presentación del informe “Defendiendo Derechos Humanos en El Salvador en Tiempos de COVID-19”, recomendó al Estado salvadoreño un trabajo sistemático para generar la aprobación de una ley y política pública especializada que genere una serie de ejes vinculantes en prevención, respeto y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
El Foro “Retos para la Defensa de Derechos Humanos en El Salvador” contó con la asistencia de personas defensoras de diversas organizaciones sociales que realizan su trabajo en los territorios en temáticas como: salud, medioambiente, LGBT, Mujeres, Memoria Histórica y otras, que integran la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
Sobre las personas defensoras la abogada de FESPAD recalcó que estas ejercen una “tarea necesaria” de control vertical de las instituciones públicas, al generar un proceso que fortalezca un Estado de Derecho.
“Esta investigación que FESPAD realizó en el marco de la Cuarentena Domiciliar Obligatoria, decretada por la pandemia del COVID-19, tiene su enfoque sobre el derecho a defender derechos y las personas defensoras de derechos humanos en este contexto. Básicamente, es un análisis de cómo se vivió desde la perspectiva de personas defensoras de derechos humanos la cuarenta y cuáles fueron los principales retos y amenazas que vivieron en el ejercicio de su labor”, señaló.
Asimismo, el estudio permitió la identificación de quiénes fueron las personas defensoras o el ámbito de defensa mayormente vulnerado y cuáles fueron los principales perpetradores de violaciones de los derechos contra personas defensoras.
“Pudimos también registrar en el estudio como durante la cuarentena se cerraron espacios a periodistas o algunos grupos de comunicación, se evidencias las restricciones la libertad de información y de prensa. Y limitantes a la libertad de expresión, que implica violación a derechos humanos”.
“Pronunciarse ante algunas acciones del gobierno que no eran las adecuadas durante la Cuarentena, traía como consecuencia la tacha o la censura y en ese sentido, es preocupante porque si la población no está informada sobre la transparencia del Estado, no se puede ejercer la contraloría social”, reiteró Orellana.
Otro de los hallazgos se relacionan a las restricciones y medidas implementadas durante la cuarentena -que señalaron- puso en riesgo la salud de las personas que intentaban retornar al país.
Según Orellana, vulneraron su libertad de tránsito, seguridad jurídica y otros derechos fundamentales, como las personas que durante la emergencia, fueron llevadas a centros de contención de forma arbitraria.
“Se debe fortalecer la capacitación y formación de empleados y funcionarios públicos y a la población en general, con el fin de sensibilizar y afirmar desde un grado cognitivo, la importancia y el valor del trabajo que llevan adelante tanto quienes defienden los derechos humanos como sus organizaciones”, señaló.
Asimismo, consideran importante reconocer el valor del trabajo que realizan las personas defensoras, “Esto, con el fin de propiciar que toda autoridad, funcionario o servidor público se abstenga de iniciar acciones encaminadas a difamar, criminalizar o judicializar de manera infundada, a las personas defensoras de derechos humanos”, agregó.
Sobre el perfil de las personas defensoras de derechos humanos, la abogada Claudia Argueta, del Servicio Social Pasionista (SPASS), explicó que se ha logrado construir una definición y es toda persona que procura o defiende un derecho propio o colectivo y exige su cumplimiento.
“Una persona defensora no tiene porque ser organizada en un organismo de derechos humanos formal con personería jurídica, también puede ser desde las bases o líderes comunales que defienden los derechos humanos; en esta categoría pueden entrar los periodistas. ¿Por qué?, porque promueven el derecho a la información y la verdad”, consideró.
En cuanto al contexto de personas defensoras en la actualidad, Argueta señaló que al propiciarse los espacios de diálogo la sociedad civil organizada dan cuenta que ante la falta de un marco jurídico que reconozca la figura de personas defensoras están en una condición de precariedad.
“En este punto, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos ha trabajado mucho para lograr este reconocimiento, con la propuesta de ley en la Asamblea Legislativa, y aunque por el momento no sabemos en cuál comisión legislativa irá porque en la anterior legislatura estaba en la comisión de Justicia y Derechos Humanos para analizar esta propuesta de ley; esto es importante para nosotros, porque al no tener un marco jurídico no están protegidas las personas defensoras en un contexto inseguro y vulnerabilidad a amenazas y discriminaciones”, sostuvo.
La abogada del SSPAS señaló que este tipo de “prejuicios” contra las personas defensoras se debe en su mayoría al desconocimiento de la labor que desempeñan y, por tanto, se generan valoraciones irresponsables.
“Como Mesa por el Derecho a Defender Derechos hemos hecho muchos análisis como defensores de la democracia, de la institucionalidad y de la transparencia. Y hacemos un llamado público a que se respete el Estado de Derechos, la separación de poderes y su independencia como demanda un estado democrático en la actualidad”, puntualizó Argueta.
