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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Daniel Clegg, asesor policial de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos, se reunió con legisladores que integran la comisión especial para estudiar reformas al Código Penal y Procesal Penal sobre delitos sexuales, para brindar aportes al proyecto de Ley del Registro de Información Genética y Otros Datos de Identificación.
Durante la reunión, el representante de la INL adelantó que el laboratorio de ADN que se construye en el país podría iniciar operaciones a mediados de 2021; además, consideró que será el más moderno de América Latina.
Clegg destacó que la visión es crear un centro de excelencia donde la fiscalía, jueces, peritos y Medicina Legal puedan congregarse y aprender sobre los adelantos más recientes en las ciencias forenses.
“Ustedes tienen el mayor lago de datos de huellas dactilares en toda Centroamérica, son más o menos 300,000 registros criminales y medio millón de antecedentes penales, con eso tienen muchas correlaciones; queremos hacer lo mismo con el ADN, hacer coincidir la información de los detenidos para que cuando delincan por segunda vez sean identificados”, dijo el asesor policial de INL.
El asesor policial de la embajada de Estados Unidos externó que todos los procesos que se desarrollan con base en información forense y de balística pueden efectuarse con ADN; pero, para ello, es necesario contar con una ley que lo permita.
Clegg afirmó que, al recolectar los perfiles de ADN, en el momento en que los sospechosos de algún ilícito son detenidos por las autoridades incrementa la posibilidad de detener a esta persona cuando cometa un delito por segunda vez.
“Uno de los aportes que deberían incluir en la ley es que la muestra de ADN debería tomarse en el momento de la detención del delincuente, eso no sería diferente al proceso de toma de huella dactilar”, recomendó Clegg.
En la reunión también participó Pedro Martínez, director del Instituto de Medicina Legal (IML), quien consideró que el proyecto de ley rompería la cadena de custodia al permitir que empresas privadas tomen la muestra de ADN, ya que esta no gozaría de imparcialidad y credibilidad como en el caso de las muestras tomadas por la institución.
“Es importante definir que únicamente debe ser el Instituto de Medicina Legal el que procesa la toma y las muestras de perfiles genéticos”, sostuvo Martínez, quien además recomendó a los legisladores dotar a la Corte Suprema de Justicia de un presupuesto mayor destinado al IML, que sea destinado a la compra de reactivos para cubrir la nueva demanda.
La comisión acordó incorporar los insumos aportados por los representantes de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en ingles) de la embajada de Estados Unidos y del Instituto de Medicina Legal (IML) en el proyecto de ley en estudio.
