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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
El pasado sábado 28 de septiembre finalizó el IV Diplomado “Laicidad del Estado, género y democracia”, desarrollado por las organizaciones sociales Colectiva Feminista por el Desarrollo Local y el Movimiento por una Cultura Laica, en colaboración con el Centro de Estudios de Genero de le Universidad de El Salvador.
Este diplomado surgió al analizar, que si bien la consolidación democrática en El Salvador ha tenido importantes avances desde la firma de los Acuerdos de Paz, especialmente en la garantía de derechos Políticos y Civiles, en el fortalecimiento de procesos electorales y la alternancia política, sin embargo, hay una débil aplicación del principio de laicidad del Estado, que tiene importantes repercusiones en nuestra sociedad, como son la utilización de las creencias religiosas para el proselitismo político en las campañas electorales o la definición de políticas públicas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en base a criterios y normas morales religiosas, así como la falta de reconocimiento y garantías a los derechos de las mujeres y de la población LGTB o la violación al carácter laico de la educación, entre otras manifestaciones.
Por ello este diplomado tiene como objetivo contribuir a la defensa del carácter laico del Estado, fomentando la libertad de pensamiento y creencias de todas las personas, así como su autonomía ante las iglesias e instituciones religiosas en la definición de leyes y políticas públicas, mediante la formación conceptual para estimular el sentido crítico ante prácticas sociales, políticas e institucionales que puedan violentar el carácter laico del Estado.
Durante 19 semanas y 95 horas de docencia presenciales, 50 personas entre ellas, docentes, líderes sociales, comunicadores, empresarias, medicas y empleados de instituciones públicas, decidieron profundizar su conocimiento sobre el principio de laicidad del Estado, para tener herramientas para un ejercicio de su ciudadanía más consciente en la defensa de sus derechos y también, para quienes son prestadores de servicios o empleados públicos, que garanticen la libertad de pensamiento y creencias de todas las personas, no imponiendo sus creencias particulares en el ejercicio de sus funciones.
